La denuncia del PSOE cifra en más de 24 millones los "daños" al erario público de los contratos de emergencia del SAS

Más de 24 millones de euros. Esta es la cifra del posible "daño" al erario público que la denuncia del PSOE atribuye por haber mantenido durante dos años y medio las contrataciones de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando ya se daba por finalizada la pandemia del Covid 19 y estos contratos debían de volver a tramitarse con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La denuncia del grupo parlamentario socialista, a la que ha tenido acceso este periódico y que ya investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, se refiere al expediente de contratación 110/2021, por el que el SAS autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia por un importe inicial de 70 millones de euros pero que, no obstante, fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros.

Estas contrataciones, prosigue el denunciante, utilizaron de manera "espuria" el procedimiento de emergencia sin que existiera justificación, adjudicando "sin el menor control ni procedimiento millonarios contratos públicos a dedo, y laminando la libre competencia entre las empresas prestadoras de los servicios, con claro daño al interés general y a las arcas públicas, al pagar un mayor precio por unos servicios médicos que, de haber existido la exigible competencia en la licitación, se habrían contratado a unos precios evidentemente inferiores a los de partida".

Así, recuerdan que desde junio de 2021 -de acuerdo con la instrucción 1/2021, de 18 de junio, de la dirección general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta- se había declarado el fin de la contratación de emergencia con motivo de la pandemia del Covid-19, por lo que "es imposible sostener que no haya sido posible arbitrar un procedimiento de contratación de los muchos que contiene la Ley de Contratos del Sector Público y que hubiere evitado adjudicar más de 242 millones de euros de contratos públicos a dedo y sin procedimiento durante dos años y medio, cuando la Administración sanitaria tuvo tiempo más que suficiente para, al menos, haber fomentado la concurrencia, la competencia y la fijación de los precios de los servicios públicos conforme a las reglas del mercado".

Y es que no fue hasta marzo de 2023, después de que se publicaran informaciones que apuntaban a que el SAS seguía contratando de emergencia a pesar de que esa instrucción de 2021 había puesto fin a la "era Covid", cuando el Gobierno andaluz, a través de su entonces portavoz -Ramón Fernández Pacheco-, anunció el 14 de marzo, en su comparecencia pública tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno de los martes, el "cese y terminación de los acuerdos de emergencia".

Contratación "sin negociar precios" y un 10% más caro de media

La denuncia -que posteriormente el PSOE-A transformó en una querella- recoge que los hechos denunciados "no son irregularidades de carácter leve, no son simples contravenciones menores del orden administrativo ni una errónea elección de un procedimiento de contratación inadecuado", sino que son "decisiones presuntamente conscientes de inaplicar la LCSP para contratar a dedo y sin el menor criterio de selección". Estas decisiones "presuntamente arbitrarias", prosigue, causaron un grave perjuicio a las arcas públicas porque, en primer lugar, se restringió y excluyó a concurrencia de las empresas del sector, "dañando gravemente a las empresas no seleccionadas a dedo, a las cuales no se les dio la menor oportunidad de optar a unas contrataciones de servicios públicos a que habrían tenido la ocasión de optar".

Y, en segundo lugar, el SAS contrató "sin negociar precios", por lo que la Administración fijó "el mismo precio para todas las empresas y para todos los contratos, cuando se demuestra que, de concurrir libremente en competencia, las empresas ofrecen significativas bajas a los precios de partida".

Es aquí donde la querella cifra los daños para el erario público en más de 24 millones de euros, una cifra que los socialistas extraen de la siguiente conclusión, que documentan a través de una serie de contratos públicos anteriores en los que se aplicó el procedimiento ordinario de contratación y no el de emergencia: "Cuando se aplica la ley de Contratos del Sector Público y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como mínimo, del 10%". De ahí que señale que ese 10% del "total indebido de contratación mediante emergencia", de esos más de 242 millones de euros, arroja una "presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz de más de 24 millones de euros", asevera la denuncia, que aporta algunos ejemplos del precio al que el SAS contrata cuando ha aplicado "rectamente la Ley de Contratos del Sector Público y comparándolo con los precios de contratación de emergencia".