La demonización de la agencia Idea

De perla del fomento de la actividad empresarial a convertirse en un verdadero obstáculo para el reparto de los fondos públicos. Este es el recorrido que ha realizado la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la última década, en la que esta empresa pública ha pasado de ser uno de los instrumentos financieros de mayor prestigio y más eficaces en la gestión de las ayudas públicas, principalmente las que se recibían a través de los fondos europeos, a ver cómo su nombre se asociaba continuamente y sin descanso a los escándalos de corrupción que han azotado a los últimos gobiernos del PSOE antes de la llegada del Gobierno del cambio, liderado por el popular Juanma Moreno.

El caso de los ERE, cuya tortuosa instrucción comenzó en el año 2011, fue el inicio del hundimiento de la imagen de la agencia IDEA, a pesar de que la entidad tenía un papel meramente instrumental: actuaba como simple caja pagadora de unas ayudas que concedía y gestionaba la Consejería de Empleo.

Casi de forma paralela a los ERE, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a cuestionar las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria, una sociedad pública andaluza de capital riesgo que pertenecía a la agencia IDEA, lo que motivó la formación en el año 2012 de otra macrocausa en la que se han investigado las ayudas concedidas a una treintena de empresas.

El Ministerio Público fue cercando, en los años siguientes, a la agencia pública, lo que dio pie a la apertura de nuevas macroinstrucciones: la de los avales y préstamos concedidos por la agencia, y también las transferencias de financiación de esta agencia, recientemente archivada. Macrocausas todas ellas relacionadas con las actividades realizadas o participadas por IDEA.

La postura del Ministerio Público se ha visto reforzada por la campaña de acusación y oposición destructiva que durante años ha desarrollado el Partido Popular, que se ha personado en todas y cada una de las macrocausas abiertas, criminalizando la actuación de la agencia y de muchos de sus directivos que han acabado declarando como investigados y/o acusados en las distintas piezas que se han abierto para su enjuiciamiento.

Y después de todos esos años de acusaciones, cuando el PP llegó al Gobierno andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018, ha mantenido esa estrategia acusatoria en los tribunales, a pesar de que en muchas ocasiones, como ha ocurrido en el caso de los ERE o en Invercaria, su postura no ha coincidido con la que ha mantenido la acusación particular que ejerce la propia Junta de Andalucía, que ha pedido el archivo de algunas piezas mientras el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz ve delitos y pide cárcel.

Pero quizás esta discrepancia no es lo más grave, lo peor es la situación de permanente bloqueo de la agencia por el “miedo” de los funcionarios y técnicos.

El propio Gobierno andaluz no escapa a ese miedo, porque después de tantos años denunciando las supuestas irregularidades delictivas -en realidad muchas no pasaban de ser irregularidades en el ámbito administrativo- no ha sido capaz de participar en el rescate de la multinacional sevillana Abengoa, que precisaba una ayuda de 20 millones para el cierre de su refinanciación y evitar el concurso de acreedores.

El Ejecutivo que preside Moreno no se ha atrevido a que, dentro de diez, 15 o 20 años, un fiscal Anticorrupción viniese a revisar la operación de Abengoa y considerara, como ha ocurrido en otros casos, que los consejeros e incluso el presidente podrían ser responsables de ese tándem de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que con tanta frecuencia se atribuyen a los antiguos altos cargos de la Junta en los diferentes procesos enjuiciados o que están por juzgar.

Pero el miedo de los funcionarios a la posible imputación es real y sin duda marca su actuación, según han precisado a este periódico varios abogados defensores de ex altos cargos que intervienen habitualmente en estos procesos. Para estas entidades públicas, intervenir como instrumentos de políticas de fomento empresarial en condiciones de mercado resulta incompatible con la visión del derecho penal presidida por la admisión de responsabilidad objetiva, de tal forma que uno de los letrados ha llegado a afirmar que se ha creado “un monstruo que se ha salido de la caja y nadie puede contener”.

Un interventor de la Junta, Juan Luque, ya describió en una declaración ante un juez la situación de “parálisis” en la que se encuentra la Junta ante la “cascada de imputaciones” que han salpicado a los interventores, a los letrados de la Junta -los hay en la causa abierta por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar- y a los técnicos. Según este funcionario, en la Junta se trabaja “en alerta y en prevención”, por lo que se ha pasado de una etapa en la que regía el principio de “confianza” entre los distintos responsables de la Administración a una situación de desconfianza. Los funcionarios ahora se lo piensan mucho antes de dar un paso, para no acabar con una citación judicial. No quieren firmar todo aquello que pueda suponer una disposición de fondos públicos si no viene precedida de un aval de los servicios jurídicos.

¿Y cómo se traduce esta situación en la labor de entidades como la agencia Idea? Según han explicado algunas fuentes, todas estas circunstancias han acabado por frenar el papel dinamizador que la agencia venía desempeñando. En las operaciones, la agencia exige ahora unos intereses que las empresas consideran abusivos, muy apartados precisamente de esas políticas de fomento empresarial, y con unas exigencias de garantías desproporcionadas, llegando incluso a la paradoja de que la agencia pública se ha vuelto incluso más exigente que la banca privada, según precisa uno de los afectados.

En otros casos, la parálisis de Idea perjudica incluso a las subvenciones que ya están concedidas desde hace varios años, como por ejemplo para la apertura de un hotel, cuyos propietarios están esperando desde entonces el importe de la ayuda que no llega, a pesar de que la misma está otorgada desde hace años. Pero la agencia no libera los fondos, sin que se dé una explicación razonable del retraso más allá de la situación descrita.

Y para complicar aún más la situación, el Gobierno de Juanma Moreno ha emprendido un proceso de integración de la agencia IDEA en la futura Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía, denominada “TRADE”, que unificará a cuatro entidades ya existentes: IDEA, la agencia andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y Andalucía Emprende. Entidades que actualmente están adscritas a diferentes consejerías y cuyo proceso de integración acaba de comenzar, sin que se hayan establecido plazos y generando todo ello una mayor incertidumbre.

La demonización a la que durante estos años se ha sometido a la agencia Idea ha acabado por transformar lo que era un instrumento imprescindible de ayuda a las empresas en un elemento perturbador para las mismas.

El archivo de las transferencias

Recientemente, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha archivado recientemente una de las investigaciones relacionadas con la agencia Idea, en concreto, la que se indagaban las posibles responsabilidades penales derivadas del uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación hacia IDEA por parte de la Consejería de Empleo y otras consejerías de la Junta de Andalucía.

En el auto de sobreseimiento, el magistrado considera que no concurren indicios racionales de criminalidad “solventes y suficientes” que permitan deducir la efectiva perpetración de los delitos de prevaricación administrativa y malversación investigados.

En la resolución de archivo, dictada el pasado 19 de mayo, el instructor considera que “de lo actuado, no es posible deducir que a través de la irregular utilización del mecanismo de transferencias de financiación a la Agencia IDEA” por parte de distintas consejerías “se haya reproducido un mecanismo ilícito de disposición sistemática y arbitraria de fondos públicos, similar al deducido y constatado” en el denominado procedimiento específico de los ERE en el que fueron condenados los ex presidentes Chaves y Griñan y otros 19 ex altos cargos.