La juez imputa al delegado de Movilidad Juan Carlos Cabrera en el caso de la mafia del taxi

La juez que investiga la macrocausa por la mafia del taxi ha imputado en la causa al delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, según una providencia dictada con fecha del pasado 31 de enero y a la que ha tenido acceso este periódico.

En la providencia, la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, explica que "visto el resultado de las diligencias practicadas se acuerda citar a declarar en condición de investigado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, para el próximo día 18 de febrero a las 11:00 horas".

El teniente de alcalde Juan Carlos Cabrera ha explicado a este periódico que ignora qué cargos se le imputan, pues la citación, de la que ha tenido conocimiento expreso a primera hora de la tarde, no expresa el motivo concreto. "Acudiré a la llamada de la Justicia, como no puede ser de otra manera, haré todas las declaraciones que hagan falta y ofreceré todas las explicaciones que se me pidan".

Todo apunta a que Cabrera será asistido por uno de los letrados del Ayuntamiento, aunque podría optar por acudir con un abogado particular en su representación.

En la misma providencia, la juez instructora acuerda asimismo librar oficio a la brigada policial actuante a fin de que emita "informe a la mayor brevedad sobre la cámara de grabación que consta instalada en la entrada de la zona de llegadas del aeropuerto de Sevilla y de la pantalla que refleja dichas grabaciones en la sede de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST), haciendo constar el campo de grabación de la misma, horario de funcionamiento y control o en su caso custodia de las imágenes captadas, a los efectos de adoptar las medidas oportunas en atención de lo previsto en la ley de protección de datos".

Fuentes del caso han explicado a este periódico que la cámara sobre la que pide ahora información la magistrada fue instalada por la propia entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y las imágenes se ofrecen en una pantalla de la zona denominada del Palenque, con la finalidad de que los taxistas puedan ver la afluencia de público y no colapsen el túnel de salida, dado que a veces entre la llegada de un vuelo y la salida de los pasajeros se producen retrasos mientras acuden a la zona de recogida del equipaje.

En la macrocausa del taxi, la juez Reyes Flores investiga tanto el supuesto monopolio de Solidaridad del Taxi para el control del servicio del taxi en el aeropuerto, como la quema de nueve vehículos de Cabify en el aeropuerto y el boicot a un mitin de la ex presidenta de la Junta Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache. En relación con esta investigación, hay más de una treintena de taxistas investigados, a los que ahora se suma el delegado de Movilidad del Ayuntamiento.

Recientemente, la juez atribuyó a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi delitos de asociación ilícita, coacciones y daños, en una de las piezas en las que se investiga el monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla, así como las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla. Para la juez, la asociación forma parte supuestamente de una “organización delictiva” para mantener el control del servicio en el aeródromo sevillano, lo que a su juicio ha ocasionado un “grave perjuicio”tanto al sector del transporte como a la “ciudad en general”.

La juez imputó a Solidaridad del Taxi en los términos de “constituir una organización delictiva que sirva de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto de vehículos con conductor como incluso los servicios municipales”.

Decía la instructora que la mencionada asociación ha “fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.

También considera que la asociación, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines “contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general”. Casi medio centenar de taxistas imputados

En la macrocausa que investiga la juez de Instrucción número 8 de Sevilla hay ya casi medio centenar de taxistas imputados. Inicialmente la juez tomó declaración a 32 taxistas imputados por los ataques a los vehículos de alquiler con conductor a finales de 2016, si bien los incidentes se extendieron posteriormente por toda la ciudad y culminaron durante la Feria de Abril, con la quema en Castilblanco de nueve coches de refuerzo enviados por la empresa Cabify, si bien esta investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil ha acabado acumulándose a las mismas diligencias.

Por la quema de los vehículos de Cabify hay un único taxista imputado. Y a todos ellos se suman los 12 taxistas investigados por un delito electoral, por haber reventado el 22 de noviembre de 2018 un mitin de la candidata del PSOE a la Junta Susana Díaz. Estos doce últimos taxistas fueron interrogados por un delito contemplado en el artículo 147 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que contempla penas de entre tres y doce meses de prisión o multa de seis a 24 meses.