Las defensas de Villén y un exalcalde socialista de Lebrija piden su absolución en el segundo juicio del caso Faffe

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha empezado este jueves el segundo juicio del caso Faffe. Los acusados son Fernando Villén, ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ya condenado hace unos meses a seis años de cárcel por su "afición descontrolada" por los prostíbulos, que lo llevó a gastarse un total de 32.556 euros con las tarjetas de la Fundación en distintos burdeles; y Antonio Torres, alcalde de Lebrija por el PSOE entre 1979 y 2003. La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para el primero y dos años y medio para el segundo al considerar que el responsable de la Faffe creó un puesto de trabajo "ad hoc" para el político después de que este perdiese sus últimas elecciones municipales. Según la acusación, Torres "no desempeñaba trabajo alguno" sino que "estaba en casa". Las defensas, obviamente, discrepan de ese relato y en el trámite de cuestiones previas han solicitado la nulidad del procedimiento, con lo que en la práctica han reclamado que ambos sean absueltos.

Esa, la libertad de los dos procesados, sería la única consecuencia posible si el tribunal estimase la eventual nulidad. Resultaría imposible retrotraer las actuaciones a ningún momento previo, que es lo habitual cuando se solicita la nulidad, porque el planteamiento de las defensas es que el proceso está viciado desde su mismo inicio. Es decir, desde que la investigación general de la gestión de la Faffe derivó en esta pieza separada. El argumento de las defensas es que se trató de una "investigación prospectiva" y que existió una "inquisición general" por la que las autoridades entendieron, erróneamente según los letrados, que todo lo que se hacía en la Faffe era ilegal.

Adolfo Cuéllar, el abogado de Villén, ha alegado que su cliente sufre "indefensión" y que "es absolutamente imposible que nadie pueda defenderse" en una causa en la que "cualquier auto que se dicta abre una pieza separada". A su juicio, la Guardia Civil investigó la contratación de Torres sólo porque "aparentemente la Faffe era un cúmulo de irregularidades y despropósitos".

Pablo Ollero, el representante de Torres, se ha preguntado por su parte cuál era la motivación de la acusación contra el exalcalde y ha criticado que el caso reposa sobre todo en los atestados policiales y no en resoluciones judiciales. "Eso es un obstáculo insalvable para las defensas", ha protestado. Según esta parte, tanto su cliente como el resto de interinos que acabaron obteniendo una plaza en la Administración a través de la Faffe "pasaron a ser empleados públicos por ley".

"Los hechos no sólo no son sospechosos, son completamente legales", ha apostillado el letrado, que además ha cuestionado cuál es "la curiosa circunstancia del proceso selectivo" seguido por las autoridades para determinar que su cliente debía ser investigado y enjuiciado cuando la Faffe, durante sus años de vida, llegó a firmar "19.000 contratos temporales".

Anticorrupción, también como es natural, ha rechazado esos argumentos y ha señalado que las razones de la imputación "están claras". "Contratación ilegal y ficticia y cobro de emolumentos sin trabajar", ha enumerado. El fiscal Fernando Soto también ha negado cualquier irregularidad previa. "Una investigación prospectiva es cuando se investiga sin indicios. La Faffe participó en el gran fraude de las ayudas a Delphi, que no es poca cosa. Y sobre todo funcionaba con subvenciones públicas. Si parte de esas subvenciones se destina a pagar al señor Torres, que está en su casa...", ha dicho.

El Ministerio Público también ha destacado que este caso reúne un "perfil propio" que lo hace diferente de otros políticos investigados y que justifica que haya llegado a juicio. "En la contratación del señor Torres hay datos completamente distintos al perfil de los ciudadanos que trabajan en el sector público andaluz. El señor Torres estaba en casa cobrando. Este es un dato lo suficientemente intenso para diferenciarlo de otros casos", ha comentado en referencia al ejemplo de un concejal de Jerez de la Frontera igualmente contratado por la Faffe pero que "por lo menos iba a su puesto de trabajo".

"No es que los políticos deban tener cuidado en el acceso a la función pública, es que deben reunir los requisitos, y ninguno de los principios fue cumplido por el señor Torres", ha añadido el fiscal.