Dos ex altos cargos piden el archivo de los avales de IDEA para evitar una "fishing expedition"

Dos ex altos cargos de la Junta han pedido a la juez María Núñez Bolaños que archive la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA para evitar que la investigación se convierta en una "fishing expedition", una investigación "inquisitorial y prospectiva" que está prohibida por la ley.

Las defensas del ex consejero de Innovación Martín Soler y del ex director general de IDEA Jacinto Cañete han presentado sendos escritos en los que reclaman a la instructora el sobreseimiento y archivo de la causa, porque consideran que después de cinco años de investigación -la investigación se inició el 22 de enero de 2014- se han practicado "innumerables diligencias probatorias" que han descartado todos los indicios de irregularidades que motivaron el inicio de la causa.

Así, consideran que ha quedado acreditado "de manera rotunda" que las iniciales sospechas de irregularidades administrativas en torno a la concesión de los avales en virtud de la orden de 5 de noviembre de 2008 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa no son tales, puesto que "todos y cada uno de los expedientes administrativos tramitados para la concesión de las ayudas en forma de avales están amparados por una aplicación recta y, en todo caso, razonable del derecho", advierte el abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de IDEA Jacinto Cañete.

El letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Martín Soler, insiste en que esas sospechas de irregularidades después de cinco años de instrucción se han revelado "injustificadas y perfectamente intrascendentes".

En ambos casos, las defensas argumentan que hasta cuatro informes periciales acreditan estos extremos y en este sentido destacan el dictamen elaborado a instancias de la interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos, que no aprecia "la menor irregularidad grosera o patentemente apartada de la norma", sino que concluye en la "recta aplicación de la orden" y tras analizar todos los expedientes de concesión de avales concluye que "se estima razonable la presunción de cumplimiento de los dos requisitos relacionados con la situación económica en las empresas".

Las defensas explican asimismo que en la ratificación judicial de este informe, la perito sostuvo sus conclusiones y fue "categórica en la negación de que pudiéramos encontrarnos ante interpretaciones groseras o injustificadas de la norma que regía los avales". A preguntas de uno de los letrados de la defensa, relató que todos los expedientes se tramitaban desde las gerencias provinciales, que "siempre" tenían en todo caso el informe favorable de las comisiones técnicas de valoración, que tanto el director general como el consejo rector "jamás aprobaron ni un solo aval sin los informes técnicos y que evidentemente los avales que no contaban con los requisitos no se conceden".

"Meras sospechas sin mayor fundamento"

Todos los indicios iniciales "real y objetivamente nunca revistieron la más mínima significación penal, sino que constituían meras y conjeturales sospechas sin mayor fundamento", añade Martínez del Hoyo.

Para las defensas, todo los indicios de criminalidad que "de manera improcedente (dicho sea desde el debido respeto pero en términos de defensa) fundamentaron la incoación de la presente instrucción penal, se han visto por completo fulminados ante la práctica de los dictámenes periciales que dan sentido, explicación y acomodo legal a todos y cada uno de los expedientes de tramitación de avales y a todas las decisiones adoptadas por los responsables de su concesión, lo que deberá llevar a la claudicación de la presente instrucción".