Las defensas denuncian que se ha montado una "causa general" con Invercaria

Las defensas del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y de la ex administradora de Aceitunas Tatis Gracia Rodríguez, han planteado este lunes, al inicio del primer juicio de la macrocausa de Invercaria, que este proceso constituye una "inquisitio generalis" (causa general) porque en la instrucción se han "seleccionado las inversiones fallidas" realizadas por la sociedad andaluza de capital riesgo, mientras que aquellas inversiones que fueron un "éxito se dan por buenas" y no han sido investigadas.

Así lo ha explicado en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla el abogado Javier Vidal, que representa a Pérez-Sauquillo y que ha alegado la vulneración del principio de inocencia por esta causa general y, en este sentido, ha dicho que "no se puede abrir un procedimiento penal simplemente por las operaciones fallidas".

La defensa del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel y 25 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha planteado en la primera sesión del juicio hasta media docena de cuestiones previas, entre ellas la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que, según el letrado, han llegado a juicio "sin saber qué hemos incumplido".

En este sentido, la defensa ha cuestionado que el instructor y las acusaciones han acusado al ex presidente con el argumento de que la ayuda se concedió "sin cumplir" el plan director de Invercaria para la realización de estas inversiones, cuando el propio juez instructor ha dicho que este plan director "tiene un carácter orientativo", de ahí que considere que se ha producido una vulneración "clamorosa y flagrante" del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sobre el plan director también ha alegado la defensa que se han vulnerado el principio de legalidad y tipicidad, al entender que se ha "elevado a la categoría de norma suprema" un "borrador del plan director" que tiene carácter orientativo y todo ello a través de la declaración del denunciante en el caso, el ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, cuya declaración ante el juez ha reclamado la defensa su nulidad porque el instructor antes de esa comparecencia estuvo 11 minutos "explicándole lo que habían declarado los afectados y lo que le puede perjudicar y beneficiar". Según la defensa, esto podría haber provocado incluso que en lugar de testigo podría haber sido llamado como investigado a este juicio.

Por último, la defensa también ha reclamado la acumulación de la 30 de piezas en las que se ha dividido la macrocausa de Invercaria, de las cuales 13 de ellas ya han sido elevadas a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento. La defensa ha añadido que "todas las inversiones" de Invercaria se hacían "en base a un análisis técnico".

El abogado Miguel Ángel Gómez, que representa a la ex administradora de Aceitunas Tatis ha insistido en la existencia de una "causa general" y ha denunciado igualmente que se ha elevado a "categoría de norma" el plan director de la sociedad de capital riesgo, cuando "ni es norma ni de obligado cumplimiento con respecto a terceros".

El cambio al "plan B" con la ayuda de Fiva

Para esta defensa, se ha realizado por las acusaciones un "montaje" respecto a lo que decía ese plan era como una norma constitucional, y así ha señalado que las acusaciones cambiaron cuando en la investigación de la primera pieza de Invercaria, la relacionada con las ayudas a la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), se comprobó que el dinero concedido se había invertido en este proyecto, por lo que ahí es cuando cambian "al plan B" y se pasa a decir que no se ha cumplido el plan director de la empresa.

El letrado ha insistido en este punto en que "nadie se ha llevado ni un duro" porque todo el dinero se ha destinado a las inversiones en las empresas, y ha añadido que la ayuda a Aceitunas Tatis cumplía con todos los requisitos de la Junta y de la Unión Europea.

Esta defensa también ha cuestionado que no se haya llamado al procedimiento a la propia Invercaria, y ha considerado "kafkiana, absurda y contradictoria" la postura de la Agencia Idea -que ejerce la acusación particular- porque la misma IDEA había concedido con anterioridad a la ayuda de Invercaria un aval por 80.000 euros.

El fiscal y las acusaciones se oponen a las cuestiones previas

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen el Partido Popular y la agencia IDEA se ha opuesto a todas las cuestiones previas planteadas por las defensas.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha dicho que "no es cierto" que los acusados no estuvieran informados desde el primer momento de los hechos que se le imputan, sino que "tenían perfecto conocimiento" de las acusaciones.

El representante de la acusación pública ha afirmado que es "absolutamente falso" que se haya montado una causa general y que se estén analizando las "inversiones fallidas sin ningún criterio". El fiscal ha recordado que la investigación se inició a raíz de una denuncia que Cristóbal Cantos presentó en el juzgado de guardia en mayo de 2012 donde asegura que se le estaba obligando a elaborar documentos a posteriori para inversiones realizadas con anterioridad y que, por tanto, no existían, y el análisis que hace la Fiscalía consiste en que si se le está obligando es precisamente porque "antes no existían esos documentos".

Y como continuación de la investigación, ha añadido el fiscal, se acredita que existían inversiones concedidas sin previa documentación, pero "no se abre una investigación de manera caprichosa, sino por una denuncia con motivo concreto".

Sobre las alegaciones de que se había elevado a la categoría suprema un borrador de plan director, el fiscal Fernando Soto ha contestado con ironía que la Fiscalía "lo que eleva a categoría suprema es el artículo 103 de la Constitución, que prohíbe la discrecionalidad de los poderes públicos", y ha añadido que el plan director es un acuerdo del consejo de administración de Invercaria que se adopta en la "segunda sesión" de dicho consejo.

De la misma forma, el fiscal ha subrayado que "no es de recibo" que una empresa de capital riesgo privada tenga normas más garantidas que una empresa pública. La Fiscalía ha defendido igualmente que ha acusado en relación con las ayudas de Invercaria "no cuando falta un trámite, sino cuando falta un análisis" de la inversión y en la pieza de Aceitunas Tatis "no consta ese análisis, no hay nada con anterioridad al préstamo", ha aseverado el fiscal, que ha considera que la ayuda se ha concedido "faltando a las más elementales normas de diligencia. Sea o no sea el plan director lo fundamental, lo cierto es que faltó ese análisis".

El fiscal ha rechazado igualmente la nulidad de la declaración como testigo de Cristóbal Cantos y la acumulación de todas las piezas en un mismo juicio porque siguiendo esta tesis "todavía estaríamos en la fase de instrucción", y cuando la instrucción se inicia ya había una "jurisprudencia consolidad sobre la división en piezas", además de que cada inversión realizada tiene "sus motivaciones" por lo que deben ser enjuiciadas de forma individual y amenas sería "impensable" poder celebrar todas las piezas en un mismo juicio dada la complejidad de celebrar ese macroproceso.

Por último, el fiscal ha llamado por el hecho de que las defensas hayan pedido que Invercaria esté como acusación particular, advirtiendo que le "sorprende" que los acusados miren por los derechos y garantías del patrimonio público y velen por la pureza del procedimiento.

El abogado del PP, Wenceslao Moreno, ha añadido con respecto al plan director que al inicio de la causa el fiscal ya sostuvo en su primer escrito que el expediente estaba "huérfano de toda documentación" y el juez apuntó que se había dado la inversión de forma "arbitraria, ante la ausencia de documentación".

Por su parte, el abogado de Idea, Gregorio Pérez, ha coincidido con el fiscal en lo paradójico de que una defensa quiera que haya "una acusación más" en el proceso, en alusión a la petición de que se persone Invercaria y ha hecho hincapié en que la salvaguarda de los intereses públicos está garantizada con la presencia de la agencia IDEA en la acusación.

El juicio continuará el próximo 30 de septiembre, con la declaración de los dos acusados, y durante este tiempo el tribunal dictará un auto resolviendo todas las cuestiones previas planteadas por las defensas.