La defensa del Pollino asegura que en los crímenes está la "mano de una organización criminal extranjera"
Triple asesinato en Dos Hermanas
Las defensas de la familia del Pollino y de los dos secuestradores se culpan mutuamente de la participación en los hechos
El abogado Jesús Rojo, que defiende a Ricardo García Hernández, el Pollino, principal acusado del triple asesinato del turco Yilmaz Giraz, su mujer Sandra Capitán, y su hija, Lucía Begines, de sólo seis años, ha asegurado este martes en su informe final que siempre ha visto en estos crímenes "la mano de una organización criminal extranjera, turca, rumana, rusa" y ha llegado a afirmar que una de las personas que cometieron el triple asesinato "era turca".
El letrado ha explicado que "entre los gitanos los hijos y las mujeres son intocables" y ha recordado la llamada que el 17 de septiembre de 2017, el día siguiente al triple crimen en Dos Hermanas, recibió una hija de Yilmaz en la que le dijeron en turco "vuldular öldü", que significa le dispararon, está muerto.
Para la defensa del Pollino, "no se ha investigado bien" estos tres asesinatos y así ha opinado que iba bien encaminada la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional cuando en un principio atribuyó la desaparición del turco Yilmaz Giraz, que tenía antecedentes por narcotráfico, a un posible "ajuste de cuentas" relacionado precisamente con el tráfico de drogas. Pero cuando se incorporó a la investigación el Grupo de Homicidios de la Policía, no se continuó esta línea de investigación y se produjo el hallazgo de los tres cádaveres, por lo que esa "falta de investigación ha provocado que hoy no se sepa quién ha matado a esas personas", ha concluido Jesús Rojo.
El letrado ha comenzado su informe condenando los "horribles crímenes" de estas tres personas, que ha calificado de "inhumanos y crueles, máxime cuando hay una niña de seis años a la que antes de matar se ha hecho sufrir", por lo que ha reclamado "la máxima pena para los verdaderos culpables", ha dicho Jesús Rojo, que ha añadido que "no tiene ni idea de lo que pasó" en el domicilio ubicado en el número 168 de la calle Cerro Blanco, donde fueron asesinadas las víctimas y sepultadas en una fosa bajo ocho metros cúbicos de hormigón.
La defensa del Pollino ha restado credibilidad a su declaración inicial ante la juez instructora, donde confesó la autoría del triple asesinato, pero lo hizo para que "dejaran libre a su mujer y a su padre", dado que según el propio Pollino la Policía le presionó para que confesara, pero su abogado entiende que esta declaración "no puede servir de prueba".
En los informes de las defensas se aprecia claramente cómo la familia del Pollino y los dos secuestradores, David Ramón Hurtado, el Tapita, y José Antonio Mora Bataller, Quino, se culpan mutuamente de su participación en los asesinatos.
El juez llama la atención a un abogado, recordándole que es una defensa, no una parte acusadora
El abogado del Pollino ha afirmado que el Tapita "no tenía intención de colaborar con la Justicia, sino habría ido directamente a la Policía" y no a los testigos protegidos 1 y 2, y ha agregado que este acusado, a quien la Fiscalía ha retirado las tres peticiones de prisión permanente revisable, "tenía un plan pero le salió mal, porque la Policía encontró la botella de plástico con su ADN y los casquillos en su interior" en la fosa séptica. En este momento, el juez que preside el jurado, el magistrado Juan Romeo, ha interrumpido al letrado para recordarle que es abogado defensor, no una de las partes acusadoras.
El letrado ha añadido que el hecho de que el Pollino vertiera el hormigón en la fosa donde estaban los cadáveres "no significa que haya matado a estas personas".
Por su parte, la defensa de Elisa Hernández, la mujer del Pollino, y de su suegro, Ricardo García Gutiérrez, el Cabo, ha reconocido que se trata de un delito grave, pero ha aseverado que "deben pagar los autores del delito" y ha aprovechado su informe para atacar la declaración de los secuestradores, llegando a tildar de "sesgado" el testimonio del Tapita y de "mentir" desde el principio, con la idea de "exculparse y dispersar su culpabilidad en la de otras personas", ha afirmado el letrado Félix Pascual.
El defensor ha manifestado igualmente que ni el padre ni la mujer del Pollino "han tenido ninguna participación en los hechos: no han secuestrado, no conocen a estas personas, no han encubierto ni han cooperado", y a su juicio los han involucrado porque "resulta más difícil defender a cuatro personas que a una".
Crimen esclarecido por la colaboración del Tapita
El abogado Javier Gimeno Puche, que defiende al Tapita, ha comenzado su informe recordando las palabras de la fiscal del caso, María Bocanegra, quien la sesión de ayer dijo que "no mata sólo quien aprieta el gatillo", una expresión que, según el letrado, "no le falta la razón", pero ha entendido que de ahí a implicar a su cliente en el triple asesinato considera que hay un "verdadero abismo", porque en este caso no hay ninguna prueba directa o indicio de que David "haya terminado con la vida de estas tres personas".
Es más, el letrado ha dicho que "si este execrable crimen se ha descubierto es gracias" a David Ramón Hurtado, quien contactó con los dos testigos protegidos y con la Policía, preguntándose si creen que habría confesado "si hubiera sabido o imaginado que habían muerto las tres personas".
El letrado ha insistido en que desde el principio han reconocido "total y absolutamente su participación en la detención ilegal de Yilmaz Giraz, porque parea eso le contrató Ricardo (el Pollino), para que redujera a un señor que venía de Valencia y le debía un dinero".
Ha reiterado que sin su colaboración hubiera sido "imposible esclarecer" el triple asesinato y ha manifestado que "no existe un sólo dato ni un sólo hecho que permitan implicar a David y a José Antonio en los asesinatos" por varios factores: no hay llamadas de Pollino a David, el Pollino da una versión exculpatoria que "no es creíble", y no estuvieron en Dos Hermanas cuando se producen las muertes. "Si no hubiera abierto la boca, probablemente seria un crimen nunca resuelto", ha concluido.
La abogada Mar Hermano, que defiende a José Antonio Mora, ha recordado cómo éste declaró que el Cabo dijo "vaya ruina viene una mujer y una niña", y a continuación el padre del Pollino los llevó de nuevo a Sevilla, todo ello antes de que se produjeran los asesinatos.
Por último, el abogado Diego Silva, que representa a Manuela Muñoz Ortiz, la supuesta intermediaria que puso en contacto al Pollino con el Tapita, ha indicado que su cliente "no cobró un euro por la supuesta intervención", por lo que se ha preguntado "¿qué interés va a tener Manuela en intermediar en un asesinato y sin cobrar nada", añadiendo que cuando declaró ante la Policía, los agentes no le imputaron nada y prestó declaración como testigo. El letrado ha añadido que en cualquier caso, "no está acreditado el acuerdo previo para cometer el asesinato", pero en este juicio se quiere "hacer responsable a todos de todo y como hubo una reunión se tuvo que hablar de matarlos".
"A Joaquina sólo se le podría acusar de tomar café en la puerta de una vivienda"
La abogada Alicia Suárez, que representa a Joaquina Hernández, la madre del Pollino, ha pedido un veredicto de no culpabilidad, porque ésta no estuvo ni en el domicilio de las víctimas en Bellavista ni en la casa ubicada en el número 168 de la calle Cerro Blanco de Dos Hermanas, donde se cometieron los crímenes, el día 16 de septiembre. La letrada ha señalado que los dos secuestradores, el Tapita y Quino, han declarado que "no conocen a Joaquina ni nunca la han visto", y ha recordado que en este juicio hay "no dos bandos, pero sí dos tipos de personas que se echan la culpa unos a otros", por lo que en su opinión si hubieran reconocido a Joaquina en alguno de los dos escenarios de los hechos lo habrían dicho.
"Con Joaquina todo son dudas, sospechas y elucubraciones, pero no hay ninguna certeza", ha defendido Alicia Suárez, que ha señalado que aunque la Fiscalía y las tres acusaciones acusan a Joaquina de ayudar a ocultar el cuerpo y de limpiar la casa donde se cometieron los asesinatos, "no se ha probado nada de esto".
La letrada ha recordado que un testigo protegido, de la cementera, aseguró que en la casa había un niño que le decía a una persona "abuela", pero para la defensa si diera por válida esta identificación, "de lo único que se podría acusar a Joaquina es de tomar café en la puerta de una vivienda".
Alicia Suárez ha añadido que el encubrimiento de sus familiares no sería delito, según el Código Penal, y ha precisado que aunque era la matriarca del clan y había sido condenada por narcotráfico, el hecho de que "haya sido traficante de drogas no la convierte en una asesina". Por último, ha indicado que Joaquina fue implicada ocho meses después de los asesinatos y se encuentra en libertad por esta causa, aunque actualmente está en prisión cumpliendo una condena anterior por narcotráfico.
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