La defensa de Fernández Sevilla en el caso UGT-A asegura que "no hubo ocultación, sino transparencia"

El juicio a parte de la antigua cúpula de UGT-Andalucía se ha reanudado este miércoles en la Audiencia de Sevilla con los primeros informes de las defensas de los acusados. La primera ha sido la del principal investigado, el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, que directamente ha alegado que en toda la gestión de la organización "no hubo ocultación, sino transparencia", y que su cliente "en ningún caso tuvo participación en la gestión de las subvenciones" de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación para trabajadores y presuntamente defraudadas, por lo que "no es responsable de ninguno de los hechos por los que es acusado". La Fiscalía Anticorrupción, que opina lo contrario, pide siete años de cárcel para él.

"Las acusaciones no han acreditado que existiese un desvío de fondos", ha empezado diciendo Sonia Ojeda, la abogada de Fernández Sevilla, que ha desarrollado su informe en poco más de media hora. "La actuación de UGT siempre ha estado orientada a cumplir los fines de las subvenciones", ha añadido antes de resaltar el "afán de transparencia" y la "conciencia de haber actuado correctamente" por parte tanto de su defendido como de la organización en general.

"Se puede discutir si algunos gastos eran subvencionables o no, pero eso debería quedar en el ámbito administrativo, no en el penal", ha reclamado también esta parte, que ha reivindicado la legalidad de los tres sistemas que la Fiscalía señala como supuestamente defraudatorios. En cuanto al bote, "no puede ser tenido en cuenta" como delito; respecto al rápel (descuentos a proveedores), los servicios se pagaban "a precio de mercado", así que "no hubo ningún sobrecoste"; y en lo que atañe al alquiler de aulas propiedad de UGT a Soralpe, una empresa también integrada en el sindicato, la letrada ha lanzado un "reproche" a las acusaciones por "obviar" la inspección de la Agencia Tributaria, que determinó que también eran "a precio de mercado".

A partir de este punto, la abogada se ha centrado en el papel de Fernández Sevilla y ha recordado que entre 2009 y 2013, coincidiendo con los hechos juzgados, era secretario de Organización y por tanto "en ningún caso tenía participación" en la gestión económica. "Eso ha sido corroborado por todos los testigos y todos los trabajadores del sindicato", ha resaltado. "Las acusaciones no han hecho ningún esfuerzo por probar qué participación tuvo en los hechos", ha denunciado Ojeda, que también ha hecho hincapié en que la decisión de Anticorrupción de incluirlo en la causa "obedeció a que entonces ya era secretario general".

"No es responsable de ninguno de los hechos por los que es acusado. Todo lo que hizo lo hizo en el convencimiento de que era legal", ha apostillado.