Declaran los empresarios de Magtel en el juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla continúa mañana lunes el juicio por la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis. En la sesión de hoy comparecen como acusados los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente respectivamente del grupo cordobés Magtel, propietario de Minorbis.

El proceso judicial investiga delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en el concurso convocado por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, marcado por la catástrofe medioambiental de 1998 cuando era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). Los hermanos López Magdaleno figuran en los puestos cuarto y quinto de una tanda de cinco acusados que declaran este lunes.

En sesiones anteriores han prestado declaración como acusados varios funcionarios de la Junta de Andalucía que formaban parte de la comisión técnica del concurso, como Aurora G.M., Alberto F.B. y Luis C.G. Todos ellos han negado haber sufrido presiones o recibido indicaciones para favorecer a alguna de las ofertas, y aseguran que el proceso se rigió exclusivamente por los criterios previamente establecidos y publicados, buscando la mayor objetividad posible en la evaluación de las propuestas.

En 2014, la Junta de Andalucía convocó un concurso público internacional para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, clausurada desde el desastre medioambiental de 1998 causado por la rotura de la balsa de residuos tóxicos. Al proceso concurrieron dos ofertas: la de la agrupación México-Minorbis, con participación de Magtel, y la de Emerita-Forbes Manhattan.

Tras estudiar ambas propuestas, la mesa de contratación adjudicó los derechos mineros al grupo México-Minorbis. Esta decisión fue recurrida por Emerita-Forbes Manhattan, que presentó una denuncia judicial acusando a la Junta de Andalucía de irregularidades y delitos en el proceso. Alegaban que su oferta económica era superior a la de la adjudicataria.

En las primeras sesiones del juicio, las defensas de los 16 acusados solicitaron la nulidad del procedimiento por supuesta vulneración de derechos fundamentales y extralimitación de competencias de la Sección Séptima de la Audiencia al resolver los recursos de apelación durante la instrucción. Alegaban que dicha sección, en la que figura la juez Mercedes Alaya, anuló en dos ocasiones el sobreseimiento acordado por la magistrada instructora Patricia Fernández Franco.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado que existiese una extralimitación de funciones, respaldándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sí ha estimado excluir el delito de administración desleal y pospone al momento de la sentencia las cuestiones sobre legislación aplicable a la presunta malversación.

Magtel, grupo empresarial cordobés

Magtel es un grupo empresarial con sede en Córdoba, fundado en 1990 y dedicado a sectores como las telecomunicaciones, energías renovables, construcción y servicios auxiliares. Está presidido por Mario López Magdaleno, mientras que su hermano Isidro ostenta la vicepresidencia. La compañía ha protagonizado un importante crecimiento en las últimas décadas, diversificando sus actividades y expandiéndose a nivel internacional.

En el año 2014, Magtel se involucró en el proyecto para reabrir la mina de Aznalcóllar a través de Minorbis, sociedad participada por el grupo cordobés que se presentó al concurso público en agrupación con la compañía mexicana Minera Frisco. Finalmente, esta oferta conjunta fue la ganadora del proceso de adjudicación.

El 25 de abril de 1998, la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por la empresa sueco-canadiense Boliden-Apirsa, sufrió la rotura de la balsa de residuos tóxicos, provocando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España. Se vertieron al río Guadiamar y su entorno unos 6 hectómetros cúbicos de lodos tóxicos con altas concentraciones de metales pesados.

La catástrofe causó la contaminación de unas 4.600 hectáreas a lo largo de 60 kilómetros de cauce fluvial, afectando gravemente al Parque Nacional de Doñana. Tras el accidente, la mina fue clausurada y Boliden-Apirsa acabó indemnizando a la Junta de Andalucía, propietaria de los terrenos. Desde entonces, la reapertura de la explotación ha estado rodeada de polémica por el temor a nuevos desastres ecológicos.

Además de los hermanos López Magdaleno, entre los 16 acusados que se sientan en el banquillo figuran el expresidente de la SEPI Vicente Cecilio Fernández Guerrero, por su etapa como secretario general de Innovación de la Junta; la exdirectora general de Minas María José Asensio Coto; y otros altos cargos y funcionarios del gobierno andaluz que intervinieron en el proceso de adjudicación del complejo minero.

El juicio continuará en las próximas semanas con la declaración del resto de acusados y la presentación de pruebas y argumentos por parte de la Fiscalía y las acusaciones particulares. La sentencia deberá determinar si hubo delitos e irregularidades en el concurso, como sostiene la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan, o si el proceso se desarrolló conforme a la legalidad, como defienden la Junta de Andalucía y las empresas adjudicatarias.