La juez toma declaración al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha citado este lunes a declarar como investigado al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, después de que la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ordenara por segunda vez la reapertura de la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

La juez acordó ampliar la presente investigación, siguiendo las órdenes de la Audiencia de Sevilla, a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegal, además del delito de prevaricación que se investigaba inicialmente.

En un auto, la juez ya apuntó que preguntará al ex secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía Vicente Fernández por la reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de Emerita para intentar fusionar ambos proyectos y en la que el responsable de Magtel Mario López Magdaleno afirmó que tenía "la llave del concurso" y para demostrárselo anunció una llamada que se produciría cinco minutos después desde la Consejería, registrándose efectivamente esa llamada por parte de Vicente Fernández, quien se había ofrecido incluso para declarar en el juzgado sobre los extremos que fueran de interés.

La instructora, además de la declaración del ex presidente de la SEPI y de los responsables de Magtel, decidió asimismo citar con la condición de investigados a la "totalidad" de los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación, a fin de que "puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores, y prestar nueva declaración quienes no lo hicieron con anterioridad". Se trata de un total de 13 funcionarios y técnicos que formaron parte de ambos órganos y que han sido citados a declarar en diversos días desde noviembre pasado.

Por último, la magistrada solicitó a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre los "cargos que ostentaban los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar, y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información referida", extendiendo esta información al que fuera secretario de la consejería de Economía e Innovación, Vicente Fernández Guerrero.

Se trata de averiguar, siguiendo a la Audiencia, si hay un posible delito de cohecho, por los posibles "ascensos" de las personas relacionadas con el concurso "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".

"El parecer de la Audiencia"

La juez Patricia Fernández, que archivó la causa en dos ocasiones tras practicar multitud de diligencias y declaraciones, aseguró en un auto que estas nuevas pruebas se producen para "esclarecer los extremos" consignados en el auto de la Sala y que "en el parecer de la Audiencia Provincial de Sevilla no han resultado suficientemente aclarados por el informe de la Intervención General del Estado".

Así, la instructora decía sobre el delito de prevaricación que los investigados "deberán ser interrogados acerca de la identidad de los licitadores que concurrían al concurso, en orden a esclarecer si era Minorbis -filial del grupo Magtel- o Minorbis-Grupo México, pudiendo haberse admitido la aceptación por parte de quien en principio no había participado en el concurso, por lo que a la fase inicial se refiere". Y deberán "aclararse" los requisitos imprescindibles para que las licitadoras accedieran a la segunda fase y por qué la mesa de contratación no tomó una decisión, "expulsando o apartando a Grupo México del concurso".

Sobre la segunda fase del concurso, habrá "de revisarse la cuestión relativa a la acreditación de la suficiencia de medios económicos, financiero y técnicos",después de que la Audiencia apreciara "serias dudas en cuanto al compromiso técnico y financiero de prestación de medios", y "esclarecerse" asimismo por qué no se puso reparos al hecho de que Minorbis -constituida el 19 de marzo de 2014, apenas un mes antes de presentar su solicitud, "evidentemente carecía de la experiencia y solvencia técnica necesarias".

La instructora, siguiendo las instrucciones de la Audiencia, también apunta sobre la tercera fase que deberá interrogarse sobre la aceptación de la adjudicación por parte de una tercera sociedad, Minera Los Frailes, creada el 21 de enero de 2015 y adquirida el 5 de mayo de ese mismo año por AMC Mining Iberia, filial del Grupo México.

En cuanto al delito de tráfico de influencias y de fraude y exacciones ilegales, la instructora señaló que se deberá discernir si Grupo México se sirvió presuntamente de las "ventajas que pudiera ofrecerle Minorbis", consistentes en "valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel, los hermanos López Magdaleno", de acuerdo con el análisis de determinados correos electrónicos que se intercambiaron y que "evidenciaría la existencia de excelentes relaciones personales", además de las "coincidencias" en el extranjero aun cuando fuera para un proyecto ajeno al de la explotación de Aznalcóllar.

"Poderosos indicios", según Alaya

La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya reabrió por segunda vez la causa por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar porque entendió que hay "poderosos indicios" de un delito de prevaricación, entre otros, por la adjudicación a Minorbis-Grupo México del concurso público para la reapertura de la explotación minera.

El auto de la juez Alaya, dictado el 26 de septiembre, "ordenaba" a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que tomara declaración en calidad de investigados a los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, y al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández -que dimitió el mismo día en que se conoció su imputación-, al tiempo que requería a la Junta de Andalucía para que informe sobre los "ascensos" que se hayan realizado a los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso.

Sobre este último extremo, la Audiencia ponía de manifiesto que podría haber además indicios de un posible delito de cohecho en relación con la promoción de los funcionarios que integraron la mesa y la comisión porque esos ascensos "podrían considerarse recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".

El auto criticaba con vehemencia el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluyó que la Junta de Andalucía no favoreció a Minorbis en el concurso, en detrimento de la empresa perdedora, Emerita Resources.