La declaración judicial del exvicesecretario del PSOE-A investigado por los cursos de formación se aplaza a finales de febrero

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, había fijado para este martes una intensa jornada de comparecencias en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" de Rafael Velasco, que en su día fue vicesecretario del PSOE de Andalucía. Sin embargo, las comparecencias del principal investigado, de algunos familiares y del exconsejero Antonio Fernández, esta última prevista para mañana miércoles, se han aplazado para finales de febrero, en concreto para los días 25 y 26.

En un auto dictado el pasado 23 de diciembre, el juez citó para este 28 de enero las 10.00 horas a Velasco en calidad de investigado. Después habría sido el turno de su mujer, dos cuñadas y su hermano. La esposa era la administradora única de la empresa Aulacen 5 y una de sus cuñadas ofició de evaluadora en los cursos de formación subvencionados, mientras que la otra y el hermano trabajaron como docentes.

Entre los investigados también figura el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Será el primero en declarar el 26 de febrero. Después lo harán los ex directores generales de Formación María José Lara, Manuel Brenes y Manuel Jesús García, y el responsable del Servicio de Gestión y Programación, todos igualmente como investigados.

El último de ellos, según la investigación, "sin ostentar cargo que le habilitara para ello habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo".

A este investigado, Alonso S.F., los investigadores también le atribuyen la emisión de un "certificado" sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005 "que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad, el 12 de diciembre de 2005, y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005".

La causa trata sobre los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a Aulacen 5". Esta sociedad, según el juez, "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular" en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE. Hubo una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50, otra de 82.593 y una última de 41.296,50.

"Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", explica el juez, que impla aprobación y tramitación de las ayudas a los que directores generales de Formación para el Empleo y al exconsejero Antonio Fernández como presidente del SAE.