El cuarto juicio de los ERE también se dirige sólo contra los beneficiarios

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla iniciará mañana el cuarto juicio de la macrocausa de los ERE, en el que, al igual que ocurrió la semana pasada con la pieza por las ayudas a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, el proceso se dirige exclusivamente sólo contra los beneficiarios de las ayudas como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero no contra las autoridades que otorgaron dichas ayudas.

Precisamente en el juicio de las ayudas a la industria del corcho, una de las defensas planteó como cuestión previa la situación generada por el enjuiciamiento por separado de los beneficiarios de las ayudas y de los ex altos cargos que en su día las concedieron, al haber sido juzgados en la pieza política de la macrocausa, pero el tribunal rechazó dicha cuestión aunque reconoció que éste es uno de los “efectos perniciosos” de las macrocausas.

La pieza que va a ser enjuiciada se corresponde con las ayudas que por importe de 420.708,47 euros recibió la empresa Novomag Manufacturas Metálicas, de La Línea de la Concepción (Cádiz), y en el juicio se sientan en el banquillo de los acusados los cinco trabajadores que constituyeron esta empresa en el año 2003.

No se juzga en esta pieza al ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, ya fallecido, porque la Audiencia decidió excluirlo del proceso tras haber sido juzgado en la causa del “procedimiento específico”, que está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.

Según la Fiscalía Anticorrupción, las ayudas a Novomag se concedieron “sin sujeción a procedimiento alguno, sin acreditar los requisitos que les habilitarían para ser beneficiarios de los mismos y aplicándolas al abono de deudas de otra sociedad en beneficio de los acusados”.

El escrito de acusación del Ministerio Público considera que los cinco acusados constituyeron la empresa para “poder recibir fondos públicos de la Junta con los que saldar las deudas que mantenía con los acreedores, entre los que se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social, la sociedad Industrias Domésticas Inoxidables del Sur (Idisur), evitando las posibles acciones de reclamación de cantidad contra los administradores y socios, así como subrogándose en los activos de Idisur para intentar retomar la actividad productiva”.

Los cincos acusados fueron trabajadores y ejercieron cargos de administración en Idisur, y en cuanto a Novomag, dice el fiscal, que no desarrolló actividad productiva alguna entre 2003 y 2011. No fue hasta el mes de septiembre de 2011 cuando la sociedad se dio de alta en la Seguridad Social para la actividad de fabricación de carpintería metálica.

A pesar de ello, el ex director de Trabajo Javier Guerrero suscribió en junio de 2003 un convenio de colaboración con la agencia Idea para el pago de una ayuda de 420.708,47 euros con cargo a la partida presupuestaria de las transferencias de financiación del programa 31L.

En ese convenio se recogía que la empresa iba a realizar inversiones en nueva maquinaria y equipamiento por importe de 1.738.000 euros y que contaba con una plantilla de 28 socios-trabajadores y siete empleados fijos. Los pagos de la ayuda se realizaron en enero de 2004, julio de 2004 y enero de 2008.

Si embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que en la tramitación y concesión de la ayuda se ha “prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para el otorgamiento de subvenciones, no constando solicitud formal de la ayuda”, además de que no es posible conocer el baremo o criterio que se ha seguido para fijar la cuantía de la misma, “no existiendo ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto la procedencia de esta ayuda ni tampoco resolución motivada de concesión ni de los requisitos a los que se debe de ajustar su aplicación a los beneficiarios”. Y concluye que pese a que concurrían todas estas deficiencias, la ayuda fue abonada a Novomag “al no haberse sometido su tramitación a fiscalización alguna por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía”.

Los acusados, prosigue el Ministerio Público, eran conocedores de esas deficiencias y en principio realizado “imposiciones a plazo” con estas cantidades hasta que finalmente destinaron los fondos públicos, junto a otros ingresos ajenos a cualquier actividad productiva, para el pago de deudas con la Seguridad Social de la empresa Idisur y también para el abono de honorarios a un bufete de abogados, a los que pagaron 44.313,2 euros entre 2005 y 2007, recoge la acusación pública en el escrito de conclusiones que firman los fiscales María José Sánchez y Manuel Fernández Guerra.

La Fiscalía reclama una condena de tres años de cárcel para cada uno de los acusados, y también otros ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación. Y reclama que los acusados y Novomag indemnicen a la Junta de Andalucía con 420.708,47 euros, la cantidad abonada en la ayuda.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía considera igualmente que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero solicita una condena inferior a la de la acusación pública, dado que pide que sean condenados a 18 meses de prisión menos un día cada uno de los cinco acusados, lo que posibilitaría en caso de condena la suspensión del ingreso en prisión.