¿Cuándo ingresarán Griñán y los otros ocho ex altos cargos en prisión?

El informe de la Fiscalía Anticorrupción oponiéndose a la suspensión de la ejecución de las penas de prisión acerca más a la cárcel al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos condenados por la malversación de los 680 millones de euros de las ayudas de los ERE. En principio, no hay unos plazos establecidos durante la fase de ejecución de sentencia para acordar el ingreso en prisión, si bien la costumbre de los distintos tribunales y juzgados ha hecho que se adopten ciertas pautas de procedimiento.

A pesar del informe de la Fiscalía Anticorrupción y a la espera del pronunciamiento de la acusación particular que ejerce el PP -que probablemente se pronunciará en el mismo sentido que el Ministerio Público-, la decisión última sobre si se paraliza o no el ingreso en prisión corresponde a los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla encargados de la ejecución de la sentencia, que pueden adoptar la decisión que consideren oportuna, dado que estos informes pueden influir en la decisión y ser valorados pero no son vinculantes para los jueces, que tienen la última palabra.

La decisión de la Audiencia no será, por tanto, inmediata, sino que tardará todavía unos días, puesto que además de recibir el informe del PP, todavía quedan algunas peticiones planteadas por algunas de las defensas de las que hay que dar traslado igualmente a la Fiscalía y a la acusación popular.

En el caso de que finalmente la Audiencia decida no suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelven los indultos parciales que todos los condenados han planteado al Ministerio de Justicia, lo normal es que el tribunal dicte una resolución, bien en forma de auto o de providencia, en la que se conceda un plazo -por lo general de diez días- para el "ingreso voluntario" en prisión por parte de los ex altos cargos condenados.

De esta forma y teniendo en cuanta los trámites que quedan pendientes, ese plazo para el ingreso voluntario podría plantearse a mediados de este mes de noviembre, y contra esa decisión cabría incluso la posibilidad de plantear algún recurso, con lo que el posible ingreso en prisión, en caso de que así lo acuerde el tribunal, podría retrasarse hasta finales de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción ha apelado a la gravedad de las penas impuestas al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de prisión -que superan los seis años salvo en uno de los acusados- por el caso de los ERE para oponerse a la petición de suspensión de la ejecución de la sentencia que han planteado la defensa de los condenados. El Ministerio Público recuerda que la sentencia es ya "firme", el carácter "excepcional" de la suspensión de la ejecución de la condena, pero sobre todo recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a este caso como "una forma más de corrupción política cuando analiza la tipicidad" del delito de malversación.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a seis años de cárcel por un delito de malversación, a José Antonio Griñán, en relación con el pago de 680 millones de las ayudas de los ERE. Los otros ocho ex altos cargos que también han solicitado el indulto son los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que Antonio Fernández fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión; José Antonio Viera a siete años y un día de prisión; Carmen Martínez Aguayo a seis años y dos días de prisión; Francisco Vallejo a siete años y un día de prisión; Agustín Barberá a siete años y un día de prisión; Jesús María Rodríguez Román a seis años y dos días de prisión; el ex director general de Trabajo Juan Márquez a tres años de prisión y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar a seis años, seis meses y un día de prisión.