Arranca el juicio contra el asesino confeso de 'Rosarito'

La Audiencia de Sevilla inicia mañana el juicio con jurado popular contra Antonio María Gómez González, el asesino confeso de su pareja María del Rosario Luna Barrera, Rosarito, que fue asfixiada el 16 de abril de 2017 en Alcolea del Río y su cadáver arrojado en una maleta a un arroyo seco.

La vista se inicia con la selección del jurado, la exposición de las alegaciones previas y la declaración del acusado, mientras que en los días siguientes se practicarán el resto de las pruebas, como el testimonio de los testigos y los informes periciales.

El juzgado de Lora del Río acordó en noviembre pasado la apertura de juicio oral por este crimen machista, que será enjuiciado ahora ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla, y le impuso al asesino confeso una fianza de 290.000 euros.

La Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares, entre ellas la que ejerce la Junta de Andalucía, reclaman una condena de hasta 25 años de cárcel para Antonio María Gómez González, por el asesinato de su mujer, María del Rosario Luna Barrera. El Ministerio Fiscal, que solicita una condena de 20 años de cárcel y una indemnización de 60.000 euros para la hija de la víctima y 20.000 euros para los padres, señala que la pareja estaba unida desde el año 2000 y que la convivencia había sido “aparentemente buena” hasta que en los últimos meses María del Rosario, que tenía 39 años, decidió dar por terminada la relación por haber conocido a otra persona a través de Facebook.

Los celos del acusado

El acusado no aceptaba la nueva vida de su pareja, por lo que conforme pasaban los días “iba sintiendo mayores celos y no se resignaba a dar por terminada la relación y separarse en consecuencia de su hija”. Así, dice el fiscal que sobre las 16:30 horas del 16 de abril de 2017, tras “planear previamente acabar con la vida” de María del Rosario, telefoneó a una vecina de Alcolea para dejarle sobre las seis de la tarde a su hija con ella.

Sobre las 18:20 regresó al domicilio familiar, donde viendo que la mujer se disponía abandonar la casa, se dirigió a ella por detrás y “con clara intención de quitarle la vida, haciendo uso de un cordón de zapato, la agarró por el cuello, apretándolo con fuerza” y a continuación le colocó un segundo cordón de la misma forma.

Una vez que se aseguró que la víctima no podría oponer resistencia, “al hallarse tumbada en el suelo, le colocó una bolsa de basura en la cabeza, que sujetó y cerró con un tercer cordón”.

Después introdujo el cuerpo en una maleta y se dirigió en su vehículo, un Seat Córdoba, hacia una explotación agrícola conocida como finca La Bautista, donde la arrojó a un arroyo seco en una zona conocida como “Calera el Mochilón”, donde ocultó la maleta con una gran cantidad de ramas secas para evitar que fuese descubierta.

Sobre las 21:00 horas, tras haber limpiado los restos de sangre en la vivienda, regresó a recoger a su hija, “haciendo ver, a continuación y en días posteriores, a todos los vecinos y familiares que su mujer lo había abandonado y se había fugado con su nueva pareja”.

El 23 de abril, una hermana de la fallecida denunció la desaparición de la mujer, tras haber acudido a la comunión de su sobrina, la hija de la pareja.

Como consecuencia de la investigación policial y judicial, y tras haberse registrado el domicilio, el acusado intentó quitarse la vida, autolesionándose, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital Virgen Macarena, donde finalmente, “tras ser consciente de que era el único sospechoso de la muerte de María del Rosario, cuenta cómo sucedieron los hechos y dónde se encontraba el cadáver”, asegura el fiscal.

El acusado alega que actuó en un momento de arrebato

En su escrito de defensa, el asesino confeso Antonio María Gómez González ha alegado “enajenación mental”, así como que actuó en un momento de arrebato y que confesó el crimen. La defensa del acusado sostiene que los hechos no son constitutivos de un delito de asesinato, sino de homicidio, y reclama una condena de siete años y seis meses de cárcel, frente a los 20 años que solicita la Fiscalía de Sevilla y los 25 años que piden las acusaciones particulares.

Durante la fase de Instrucción, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla descartó que se hiciera una prueba de ADN a una testigo para determinar si su perfil genético coincide con el de una muestra de mujer no identificada que fue hallada en la mencionada maleta, lo que según opinaba la acusación particular que ejercen los familiares de la fallecida indicaría la presunta participación de esta mujer en los hechos investigados.