Los correos de la Faffe: el nepotismo, las sobrinas y los "enchufes del delegado"

En septiembre de 2023, el ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, y la ex directora económico-financiera, Anna Valls, fueron condenados por el uso de tarjetas del ente público en prostíbulos entre 2004 y 2010. Al primero le cayeron seis años y a la segunda, nueve meses menos. Aquel primer juicio fue el más mediático, pero el caso Faffe va mucho más allá y de hecho se sigue investigando. Uno de los últimos hitos de ese proceso es un extenso atestado en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a partir del análisis de miles de correos electrónicos internos de la Fundación, plasma las supuestas contrataciones a medida de familiares de directivos y de personas afines al PSOE. La literalidad de los mensajes es tan clara que en uno aparece la palabra “enchufes”, tal cual, y en otros se pergeña la contratación de dos sobrinas de altos cargos. “No tiene experiencia pero es despierta”, dice la tía de una.

El informe, de 278 páginas y 81 anexos, lleva meses en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. No es de extrañar la longitud del documento, ya que los investigadores constataron la existencia de 235.125 comunicaciones internas, “de las cuales 24.576 permanecían en estado de ‘no leído’”. El objetivo era analizar la información “inmersa” en las cuentas de correo electrónico facilitadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo que subrogó a los trabajadores de la Faffe cuando esta desapareció en 2011, “a fin de poder determinar si entre las conversaciones mantenidas por el personal de la Faffe, vía electrónica, se encontrarían evidencias de las presuntas irregularidades cometidas”.

Antes de diseccionar los correos que estima “relevantes para la investigación”, la Guardia Civil destaca la “inexistencia de información en las cuentas de los principales responsables de la Faffe”. “De los once directores, sólo se ha encontrado información en las cuentas de correo de dos, correspondientes a la Dirección Económica Financiera y a la Dirección de Innovación y Proyectos”, explica. El resto de directores “tenían sus cuentas de correo vacías” y la deducción es que “habrían sido vaciadas antes de la entrega a esta Unidad de la información requerida”.

Metida ya de lleno en los correos relativos a la contratación de personal, la UCO advierte indicios de que hubo “una serie de operativas supuestamente irregulares” que “prescindieron de los principios de publicidad, concurrencia, mérito, igualdad y capacidad”. Uno de esos procedimientos “se habría basado en que una empresa externa a la Fundación daría de alta al trabajador en cuestión en la Seguridad Social para, posteriormente, elaborar un contrato con la Faffe bajo algún concepto que permitiera encuadrarlo en alguna subvención”. “Una vez hecho esto, bajo el amparo legal del citado contrato, la Fundación transferiría el importe necesario a la sociedad para pagar la nómina del trabajador más un porcentaje, que habría rondado el 15%, como beneficio para la empresa”, describe.

La Guardia Civil también refiere que determinadas personas fueron contratadas “sólo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco e incluso afinidad política con responsables de la Administración andaluza”. “Este tipo de contrataciones por motivos personales en algún caso se habría instado incluso por cargos de la Administración fuera de la Fundación”, recalca.

El ejemplo más transparente de esta mecánica es una conversación del 2 de enero de 2008 en la que Antonio Jiménez Cuenca, director de Recursos Humanos, habla de una “oferta” pendiente con María Antonia Rufo, adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas. “¿De qué oferta hablamos?”, pregunta ella. “De dos de Rivas que tienen que entrar y no tienen perfil. Habla con Carmen Lara y que ponga la oferta en difusión. Ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado”, le responde él.

“Carmen Lara, gerente provincial en Sevilla, pregunta a Antonio Jiménez Cuenca si ya ha hablado con Isabel Quílez, quien pudiera ser la secretaria general del SAE, sobre una oferta de la que le había comentado algo Fernando Villén”, explica el atestado. “En cuanto a la mención de ‘rivas’, si tenemos en cuenta la expresión anterior ‘enchufes de su delegado’, podría referirse a Antonio Rivas, delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla”, apunta.

“En esta cadena de correos, de una manera más clarificadora si cabe, volvería a aflorar la práctica habitual de llevar a cabo contrataciones de personal atendiendo a sus relaciones personales con responsables de la Faffe y/o cargos públicos y, posteriormente, ‘construir’ un procedimiento a través de la confección de ofertas supuestamente difundidas o sondeos de currículos integrados en la base de la Faffe para detentar la legalidad exigible a estas contrataciones”, interpreta la Guardia Civil.

El informe también se detiene en otra conversación del 16 de marzo de 2011 que implica al PSOE por partida triple. “Jiménez Cuenca realiza indicaciones a Rufo “acerca de determinadas personas, todas ellas familiares de personalidades con vinculaciones políticas, para su posible contratación”, transcribe el atestado. El correo en cuestión dice que “hay que incluir en el listado” al hijo de Aurora Atoche (PSOE Sevilla, ex diputada autonómica) y la sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer (presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales), además de “confirmar” a la nuera de la cuñada de Felipe González. Todos acabaron trabajando en el SAE o la Consejería de Empleo, según la investigación.

El correo, lejos de acabar ahí, se cerraba con este mandato de Jiménez a Rufo: “Destruye el correo después de que lo hayas utilizado”. Para la Policía Judicial, este último mensaje es “indiciario” de esa “posible opacidad en el método de contratación”.

Los presuntos enchufes no sólo tenían una raíz política. Según la Guardia Civil, también eran contratados familiares de trabajadores de la Faffe sin respetar el procedimiento legal. Natividad Gálvez, directora de Organización y Sistemas, escribió el 21 de febrero de 2008 a Anna Valls: “Te envío currículum de A.G., que es mi sobrina, para que, tal y como hablamos por teléfono, estudies su pertinencia en el proceso de selección para el puesto de scanner de documentación económica o cualquier otro que creas encaje. Como verás, no tiene experiencia laboral apenas pero te puedo asegurar que es despierta y desenvuelta y con muchas ganas de aprender. Si te sirve, te lo agradeceríamos”. Y luego manda otro similar a Rufo: “Te hago llegar el currículum de mi sobrina. Trátalo con cariño, por favor. A ella lo que le gustan son los recursos humanos, de hecho va a hacer un máster, pero lo que quiere es coger experiencia laboral, aunque sea jornada reducida, prácticas o beca”.

Por lo visto, se salió con la suya. “Se pudo saber que A.G. habría tenido un contrato con Proyempleo desde el 21 de agosto de 2008 hasta el 26 de septiembre de 2010, año en el que pasa a forma parte de la plantilla de la Faffe, donde permanece hasta el 2 de mayo de 2011, fecha en la que se extingue la Fundación”, apunta el atestado. “No es descabellado inferir que el contrato de A. se habría producido tras la petición de su familiar”, añade la Guardia Civil, que sospecha que los servicios que debía prestar la sobrina, “a la vista de estos hechos”, fueron “inexistentes”.

No fue la única sobrina que entró en la Faffe. Alonso Solís, jefe de servicio en la Dirección General de Formación, mandó el 13 de mayo de 2009 un correo a Manuel Villén, director de Administraciones Públicas. “Hola, Manolo. Te adjunto el currículum de mi sobrina, como hemos hablado”, le puso. Su interlocutor se lo reenvió a Marta Toronjo, directora de Desarrollo Territorial: “Marta, a ver qué podemos hacer”, escribió. Y se ve que sí pudieron hacer algo. “Se pudo saber que Isabel R.M. figura como técnico de categoría F, dentro de la plantilla de la Faffe desde 2009 hasta el 2 de mayo de 2011. No se ha podido determinar si pasó a formar parte del SAE tras la subrogación”, aclara la UCO, para la cual esta conversación es otro indicio de “prácticas irregulares en la contratación de personal, cercanas al nepotismo, por parte de los responsables de la Faffe”.

La última conversación analizada, del 10 de febrero de 2009, también es ilustrativa para la Guardia Civil. En ella, Jiménez Cuenca le dice a Rufo: “A ver si somos capaces de ver luz. La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos. El resto irán a la calle”. “Llama poderosamente la atención que se llegue a plantear la idea de ‘inventar’ un proyecto con el único fin de hacer fijo a determinado personal, sin entrar a valorar la necesidad e idoneidad del supuesto proyecto”, que obviamente “estaría financiado con fondos públicos”, lamenta la UCO.