La Fiscalía mantiene la petición de diez años de cárcel para cinco ex altos cargos por los "contratos fantasma" de Umax

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado este miércoles una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores del “círculo de amigos y familiares” de Javier Guerrero a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento de contratación”.

La fiscal Susana Hernando ha elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones provisionales, en la que ha reclamado también que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades “indebidamente percibidas desde el año 2003 al año 2010”, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la dirección general de Trabajo desde 2007 a 2010. El Ministerio Público atribuye a los seis acusados -también acusa al dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.500 euros- delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Los otros dos ex altos cargos procesados son los ex secretarios generales técnicos Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

Por su parte, la acusación particular de la Junta de Andalucía, que no acusa a Daniel Alberto Rivera ni a los secretarios generales técnicos Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina, ha pedido una condena de 11 años de prisión para Javier Guerrero, de siete años para su sucesor Juan Márquez y de diez años para el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que atribuye delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, aunque le ha retirado otro delito de fraude de subvenciones. En cuanto a las indemnizaciones, la Junta ha pedido que Guerrero y Ulpiano abonen solidariamente 467.106 euros; otros 434.393 euros entre Márquez y Ulpiano; y Ulpiano además otros 390.257 euros, con responsabilidad subsidiaria de Umax Informática y Consultoría.

La Fiscalía sostiene que todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación de la entidad Umax, a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la dirección general de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían los requisitos para ello".

Además, los pagos derivados de este tipo de contratación se realizaron “bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados”.

En su escrito, recoge el fiscal que se ha podido comprobar que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta de Andalucía, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va del año 2003 hasta el 2010”, y l tipo de funciones debió desempeñarse en régimen similar asimilable de los funcionarios en cuanto a horario de trabajo, presencia en el puesto, dependencia jerárquica y supervisión superior.

Además, se había pactado que la retribución se obtenía del resultado del coste de los suelos de los trabajadores "más un porcentaje que nunca era inferior al 20%". El fiscal recoge que en el año 2007 el coste salarial de los trabajadores adscritos a los servicios contratados ascendió a 338.040,02 euros; en 2008 fue de 322.203,42 euros; 221.936,65 en 2009 y 141.408,06 en 2010; con lo que el importe total asciende a 1.550.114,67 euros.

El Ministerio Público destaca que la adjudicación del contrato se había producido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, previo acuerdo entre todos los acusados” y añade que “no existe ningún contrato que tenga como objeto la puesta a disposición del personal de la entidad Umax para el ejercicio de las actividades que en cada momento fueran requeridas por la antigua Consejería de Empleo”.

Impugnan las facturas aportadas por Rofa

Las defensas de los seis acusados también han elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que han solicitado la libre absolución de los ex altos cargos imputados y del dueño de Umax.

El abogado Rafael Ramírez García del Junco, que defiende al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, ha impugnado la aceptación y valoración como prueba documental de las dos facturas de Umax aportadas por la que fuera asesora de Empleo María José Rofa, que declaró como testigo en este juicio. El letrado ha impugnado también unos correos electrónicos de 2010 y esas facturas, que datan de 2007, al considerar que vulnera el artículo 24 de la Constitución porque estas nuevas pruebas no han sido propuestas en forma legal, ya que no han sido planteadas por las partes ni como cuestión previa al inicio del juicio, y además no han podido recabar testimonios o pruebas para contradecirlas, por lo que ha concluido que le causa indefensión

Varias de las defensas de los otros acusados se han adherido a la petición realizada por el abogado de Javier Guerrero.

Trabajaron "como uno más"

En la sesión de hoy también han declarado nueve testigos propuestos por la defensa de Ulpiano Cuadrado, quienes han asegurado que no tuvieron trato de favor en la Dirección General de Trabajo o en las delegaciones provinciales de Trabajo donde desempeñaron sus funciones "como uno más" de los funcionarios adscritos a esos departamentos, y algunos de ellos han relatado como después de su paso por Umax fueron contratados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de ahí pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde siguen trabajando en la actualidad. Algunos fueron contratados después de enviar su currículum por correo electrónico o por correspondencia.

"Jamás tuve trato de favor por parte de Umax o de la delegación", aseguró una de las testigos que trabajó en la delegación de Empleo de Jaén entre 2006 y 2009. "Trabajé todos los días que me correspondían y en el horario que me correspondía", ha agregado.

Otra ex trabajadora, que no fue contratada por Umax sino por otra empresa externa, coincidió en que eran "como uno más" y aunque ha dicho que conocía a Javier Guerrero porque ambos eran del mismo pueblo de El Pedroso (Sevilla), el director de Trabajo "no la recomendó ni influyó" en que la contratasen, ha dicho.

Una de las testigos ha afirmado que Guerrero era "amigo suyo de toda la vida" y también ha afirmado que "desconoce" que éste hubiera podido influir en su contratación. Esta trabajadora, que percibió unos 1.200 euros mensuales, fue una de las que pasó a la Faffe "tras una entrevista personal" y después acabó trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo.

Otra testigo, que fue trabajadora de Umax entre 2006 y 2007 en la delegación de Empleo de Granda, ha señalado que "era muy habitual que contrataran a personal externo en la Administración. Éramos personal contratado y más de un jefe nos recordaba que no éramos parte de la Administración", ha declarado.

Por último, uno de los testigos, que trabajó en la delegación de Málaga, ha relatado que la empresa le dejó a deber un par de nóminas, por lo que tuvieron que reclamar al Fogasa, que se hizo cargo del pago, y otro contratado ha explicado al tribunal que "trabajaba bastante".