Los contratos de emergencia del SAS eran un "colosal fraude" que provocó el "despilfarro" de los fondos públicos

"Los contratos de emergencia no eran más que un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocidos y opacos". Esta es una de las principales conclusiones a la que llega la denuncia presentada por el PSOE-A y que está investigado el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. Los socialistas aseguran que mediante estas contrataciones urgentes y amparadas en la pandemia del Covid-19 se ha producido un "despilfarro de dinero público por el abuso de la contratación de emergencia".

La denuncia del grupo parlamentario socialista, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que pese a que desde junio de 2021 la Consejería de Hacienda había puesto fin a las contrataciones de emergencia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuó utilizando este procedimiento de adjudicación que elude la libre competencia durante dos años y medio, y en este sentido pone como ejemplo que en mayo de 2023 sólo en Sevilla se realizaron "adendas a dedo, sin negociar precio, sin procedimiento, por importe de más de 30 millones de euros".

Los denunciantes aseguran que estos incrementos "estratosféricos" se ocultaron al Consejo de Gobierno y, en este contrato en concreto, consideran llamativo que la resolución del director gerente del SAS lleva una "firma manuscrita y carece de la preceptiva firma electrónica, por lo que no existe el menor rastro digital ni por tanto acreditación con mínima fijeza y certeza de cuándo se firmó en realidad la misma".

Sin embargo, esa contratación de urgencia de mayo de 2023 en Sevilla fue anulada y no ha sido hasta marzo de 2024 cuando se están llevando a cabo todos los procedimientos de contratación ordinarios, con publicidad, transparencia y ofertas compitiendo, lo que acredita que "lo que para la provincia de Sevilla era urgente a mayo de 2023 (contratando por emergencia adendas a dedo de más de 30 millones de euros), todavía a fecha de hoy no está ni contratado", afirma la denuncia. "Lo que a fecha 17 de mayo de 2023 eran servicios que había que contratar por emergencia, a día de hoy no están ni adjudicados, es decir, se pasó de una necesidad de emergencia a una ausencia de contratación de esos mismos servicios, los cuales llevan sin contratarse desde hace ya más de un año, lo que acredita sobradamente la inexistencia de la causa de la emergencia", añade.

Así, insisten los denunciantes en que "no se puede confundir la existencia real de una causa que aconseje externalizar en la sanidad privada determinados servicios médicos, con que necesariamente haya que tramitar los contratos de emergencia y, menos aún, mediante prórrogas sine die, que es lo que verdaderamente se llevó a efecto".

La denuncia concluye que la Administración de la Junta de Andalucía, "conocedora de que había que externalizar servicios médicos por la sobrecarga de la red pública, desde julio de 2020 (cuando por razón de la pandemia quizás la contratación de emergencia tuviere cierto amparo) hasta mayo de 2023, tuvo tiempo sobrado para prever, planificar y organizar los debidos procedimientos abiertos de contratación. Pero, en lugar de ello, de manera arbitraria, los responsables optaron por una prórroga sine die de la contratación de emergencia", por lo que hacía largo tiempo ya que la causa de la emergencia "desapareció y todo era una colosal ficción".

"La excusa de los 100 días"

Los querellantes hacen hincapié en las diferentes prórrogas de los contratos de emergencia, que incrementaron desde los 70 millones iniciales a 242 millones estos acuerdos, de forma que cada vez que finalizaba un periodo declarado como de emergencia, "automáticamente era prorrogado sin causa ni justificación, amparándose en la misma excusa, la que denominamos la excusa de los cien días, consistente, en síntesis, en que la necesidad de externalizar seguía existiendo y les era imposible tramitar un procedimiento de la ley de contratos, dado que, como mínimo, tardarían 100 días".

Pero la necesidad de externalizar estos mismos e idénticos servicios "existía antes, durante y después del Covid", por lo que a su juicio "no había nada que impidiera tramitar los contratos bajo las estrictas reglas de la competencia y de la concurrencia pues, admitiendo a meros efectos dialécticos que en una primera etapa existiera verdadera causa legal de emergencia, a los responsables del SAS les habría bastado con haber prorrogado por última vez los primeros contratos de emergencia y haber iniciado inmediatamente y a la par los pertinentes procesos de contratación".