Un contable de UGT-A confirma el "bote" y achaca a Fresneda el rápel

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles el juicio contra el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y lo ha hecho con la declaración del que fuera contable del sindicato con relación a los mecanismos fraudulentos empleados como el bote y el rápela.

En concreto, este miércoles ha comparecido como testigo el que fuese contable de UGT-A Francisco Mateos, quien ha profundizado en la economía de la organización, en este juicio que sienta en el banquillo al ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Durante la instrucción judicial de este caso, que comenzó a investigarse hace más de una década, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.

Concierto con los proveedores

Según el Juzgado de Instrucción número nueve, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

El ex trabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, declaró el martes que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

El "excedente" económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar "bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones".

Tras dicho testimonio, el excontable de UGT-A Francisco Mateos ha manifestado este miércoles, a preguntas del fiscal, que él conocía la existencia del citado "bote", encuadrándolo en el departamento de Compras del sindicato y precisando que él trabajaba en el de Contabilidad, donde dicha aplicación no era conocida con ese término, según ha aclarado.

Mateos ha negado además que UGT-A mantuviese una "doble contabilidad", especificando que lo que pesaba era la convivencia de "dos realidades" en materia contable, en concreto el cierre anual de cuentas del sindicato a fecha de 31 de diciembre y el cierre de los programas subvencionados en meses como "abril u octubre". En ese sentido, ha defendido la necesidad de realizar operaciones para "conciliar esa diferencia temporal" en el plano contable.

Facturas por servicios no prestados

Además, y a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, este ex contable ha confirmado que el sindicato trabajaba con facturas presentadas por los proveedores por bienes o servicios que "todavía" no habían sido "servidos". Se trataba, según ha dicho a preguntas del representante del Ministerio Público, de facturas sin albarán de entrega asociado, para "justificar" gastos según ha considerado; reconociendo que tal extremo generaba "un saldo a favor" de UGT-A al tratarse de facturas cargadas a programas subvencionados por la Junta de Andalucía. UGT-A, recordémoslo, contaba con un área expresa de Justificación.

Señalando que dichas facturas respondían a la necesidad de "contentar la imputación" de las mismas a programas subvencionados, Francisco Mateos ha alegado que a continuación "iban corriendo las entregas" de los materiales y productos, porque "la facturación iba por un sitio y las entregas por otro".

Francisco Mateos también ha hablado sobre los descuentos o rápel aplicados por los proveedores al sindicato por los volúmenes de compras, toda vez que los investigadores sostienen que dichos descuentos, por contrataciones cargadas a programas subvencionados, no habrían sido comunicados a la Junta de Andalucía como ente pagador de las ayudas.

El ex contable de UGT, en ese sentido, ha explicado que los citados descuentos eran aplicados por "la mayoría" de las empresas proveedoras, cada cual en un porcentaje "según el volumen" de contrataciones y su propio "margen" de maniobra. Además, ha confirmado que los descuentos no eran contabilizados a la hora de justificar ante la Junta de Andalucía el uso de los fondos recibidos.

Según sus palabras, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, consideraba que tales descuentos suponían "una retribución por la buena gestión" de las ayudas.