Condenan a un testaferro de los ERE y a treinta personas más por fraude a la Seguridad Social en Sevilla

La Audiencia de Sevilla condenó ayer a más de una treintena de personas por defraudar distintas prestaciones públicas que lograron tras conseguir “altas ficticias” en tres empresas en las que básicamente no hacían nada. Las penas son menores: quince meses de prisión para los dos empresarios y tres meses para la mayoría del resto. Y además nadie entrará en la cárcel. La razón es que hubo un acuerdo entre las defensas y las acusaciones –la Fiscalía, la Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE)– para minimizar los castigos y suspender la ejecución de todas las penas de reclusión. En todo caso, la historia tiene su aquel por la cantidad de acusados (inicialmente 44) y porque entre ellos figura un hombre que llegó a ser encarcelado por los ERE de la Junta de Andalucía: Eduardo L.D.R. En concreto fue testaferro de las empresas pantalla supuestamente empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de las prejubilaciones que financió el Gobierno andaluz.

Los hechos juzgados ayer en la Sección Cuarta atañen a tres empresas. La primera es Chavalier Dimarco, constituida para la compraventa de fincas rústicas y urbanas y la promoción y construcción de obras en esos terrenos, con domicilio social en la calle Tecnología, en Torneo Parque Empresarial. La segunda es Cash JJ, dedicada a asuntos tan diversos como la construcción, el comercio o la restauración. Y la tercera es Bedian 2014, con el mismo objeto social que la anterior pero radicada en Atarfe (Granada), si bien el domicilio de su actividad pasó igualmente a la calle Tecnología a partir de 2014. Estas sociedades tenían en común que su administrador único era Antonio B.P. En 2013, Eduardo L.D.R. le compró todas las participaciones de Bedian.

Según denunciaba la Fiscalía, y así lo reconocieron todos los procesados al mostrar su conformidad durante el juicio, Chavalier Dimarco tuvo actividad “real y efectiva” sólo hasta 2011 y a partir del año siguiente, “debido a diversas dificultades económicas”, Antonio B.P. “optó por vaciarla de contenido” y se sirvió de ella y de Cash JJ como “sociedades instrumentales para la consecución de fines ilícitos”.

“Ambas empresas carecían de actividad real, organización, infraestructura y patrimonio”, apuntaba la Fiscalía y apuntará la Sección Cuarta en su sentencia. Su único propósito era “servir a fines fraudulentos”, en concreto actuar como “sociedades saco” y “albergar un elevado número de trabajadores de alta”. Una parte prestaba servicio en “terceras empresas sin relación directa” con la compañía que los tenía en nómina y otra parte “importante” no realizaba actividad alguna. Estos últimos aprovechaban esas “altas ficticias” para acceder al cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social o del SEPE: desempleo, rentas de inserción, incapacidades temporales y permanentes...

A finales de 2014, la Inspección de Trabajo entró en Chavalier Dimarco y Cash JJ. Fue entonces cuando Antonio B.P. “dio de baja” ambas empresas, creó Bedian y le “trasvasó” los empleados de las otras dos sociedades para “continuar con su actividad” al margen de la ley. En esa última etapa del fraude fue cuando Eduardo L.D.R. entró “a colaborar” con él.

Entre 2012 y 2016, los dos empresarios contrataron a un total de 43 trabajadores, de los que 37 lograron esas ayudas públicas ilegítimas gracias a esa “relación laboral simulada”. El perjuicio para las arcas públicas, según los cálculos del Ministerio Fiscal, llegó a 291.240,08 euros.

La Fiscalía pidió inicialmente seis años de cárcel y multas de 590.000 euros para Antonio B.P. y Eduardo L.D.R. por falsedad continuada en documento oficial en concurso medial con un delito también continuado contra la Seguridad Social. A 37 trabajadores ficticios les imputó los mismos delitos pero sin el carácter de continuados: para 32 reclamó un año de prisión, para cuatro dejó el castigo en siete meses por haber devuelto parte del dinero que recibieron ilegalmente y para una mujer que reintegró todo (738,40 euros) pidió cinco meses. Y por último interesó un año para otras cinco personas a las que imputó sólo falsedad.

La conformidad sellada ayer tras una extenuante mañana de negociaciones derivó en la retirada de la acusación por falsedad, la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados y la condena de 31 de ellos. Los empresarios aceptaron un año y tres meses de prisión y multas de 102.572 euros por un delito continuado contra la Seguridad Social. Antonio B.P., además, deberá indemnizar al SEPE con 179.954 euros, a Mutua Universal con 8.332, al INSS con 43.048 y a Fremap con 27.239. Eduardo L.D.R. responderá del resarcimiento al SEPE con 38.305 euros.

En cuanto a los presuntos trabajadores, todos castigados igualmente por el fraude, dieciocho fueron condenados a tres meses; otros ocho aceptaron un mes y quince días, sustituibles por una multa de 180 euros gracias a la atenuante muy cualificada de reparación del daño; y tres apenas tendrán que pagar una multa de 1.036 euros. Los cinco acusados sólo por falsedad resultaron absueltos, lógicamente.

El acusado que casi chafa la conformidad

Tras una larga mañana de negociaciones y redacción del acuerdo (hubo un receso de una hora y media para que la fiscal lo escribiese), a un acusado le dio por decir ante el tribunal que no lo aceptaba, por mucho que la fiscal y la magistrada presidenta le indicasen que no cumpliría su pena de tres meses de prisión si no cometía ningún delito en dos años. “Vivo en una zona peligrosa, puedo tener algún problema e ir a la cárcel”, explicó. Su letrado tuvo que convencerlo fuera de la sala, pero eso alargó todavía más el acto de un juicio que, pese a ceñirse sólo a la lectura de las 31 condenas, duró más de una hora. La última acusada, que se conformó vía móvil, acabó casi a las tres y media de la tarde.