Condenan a un rumano que explotó a siete moldavos en Sevilla y Valladolid sin pagarles salario alguno

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla condenó ayer a dos años de cárcel y una multa de 1.080 euros a un hombre de nacionalidad rumana que explotó laboralmente a siete ciudadanos moldavos que habían viajado en autobús desde su país a España con la falsa promesa de que tendrían un contrato que por supuesto era ficticio. La pena definitiva fue el fruto de un acuerdo previo entre la Fiscalía y la defensa de Costel M., alias Chiqui, que inicialmente se exponía a una petición de 45 años y medio por siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en concurso medial con un delito contra los derechos de los trabajadores. El pacto pasó por eliminar los delitos de trata, cada uno de ellos penalizado con seis años y medio de reclusión, y limitar la acusación al delito contra los trabajadores.

El encausado, además, tiene muchas posibilidades de no pisar siquiera el centro penitenciario. Después de que el tribunal dictase sentencia firme en la misma sala, su abogado pidió la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel y la fiscal no se opuso. La única condición es que el procesado abone íntegramente la indemnización acordada: 1.000 euros para cada víctima. De momento ya ha consignado 4.000 de los 7.000 euros que deberá pagar en total y ante la magistrada presidenta se comprometió a que su hermano comparezca a principios de abril para garantizar el resto de la responsabilidad civil.

Costel M., que reconoció los hechos y aceptó la condena, no es el único implicado. También debería haber sido juzgado su compatriota Ianos B., pero este hombre se encuentra en paradero desconocido desde que el caso estaba siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Entre ambos se concertaron con otros dos hombres que operaban desde el este de Europa para captar a ciudadanos de Moldavia y traerlos a España para trabajar en tareas agrícolas en unas condiciones que en absoluto se correspondían con lo que les prometían. En concreto les hablaban de jornadas de ocho horas, sueldos de entre cuatro y cinco euros por hora y alojamiento en dormitorios para cuatro personas. Así atrajeron a seis hombres y una mujer que padecían una situación económica precaria.

Estas personas llegaron a Pilas entre enero y febrero de 2019. Desde allí viajaron a Valladolid para faenar en la vendimia y después regresaron a Sevilla. Ahora bien, pese a trabajar de lunes a domingo, no recibían jornal alguno al final de cada día. Costel M., que admitió ser el “manijero” de la cuadrilla, sólo les dio 50 euros al principio para que pudieran subsistir y después les entregó otros 25. “En ningún momento tuvo intención de entregarles el salario convenido”, indica el escrito de acusación, reconocido como verídico por el encausado.

El juicio tenía una dificultad añadida: la localización de las siete víctimas. Todas han vuelto ya a Moldavia y era muy improbable que hubiesen declarado ante el tribunal y corroborado los hechos de la denuncia. Esa misma complicación se extenderá por supuesto al cobro de las indemnizaciones, pero esa será ya misión para la embajada.