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Condenan a penas mínimas a 17 contrabandistas que traficaban con tabaco ilegal entre Gibraltar y Sevilla

Organización criminal

Las defensas acuerdan con la Fiscalía y el Estado importantes rebajas por unos hechos que datan de hace una década: el cabecilla, José J.H., es castigado con dos años de cárcel cuando inicialmente se exponía a trece

Operación contra el contrabando de tabaco con 24 detenidos y más de 12 toneladas de picadura intervenidas

Imagen de archivo de la mercancía intervenida en una operación contra el contrabando de tabaco en Sevilla. / José Ángel García

Diecisiete miembros de una banda de contrabandistas, varios de ellos familiares entre sí, han sido condenados por la Audiencia de Sevilla a penas mínimas de entre veintidós y catorce meses de cárcel por traficar con tabaco ilegal que entraba en España por Gibraltar y que ellos distribuían desde varias localidades de Sevilla y Ronda (Málaga). Como suele ocurrir en estos casos, este desenlace fue el resultado de un acuerdo entre las defensas de los investigados (una veintena en total), la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Las acusaciones aceptaron retirar la denuncia contra cuatro procesados y rebajar el castigo que inicialmente solicitaban para el resto, que alcanzaba los trece años para el cabecilla de la organización. El tribunal anticipó el fallo en la misma sala y declaró firme la sentencia.

En la resolución, dictada el 9 de septiembre y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Séptima de la Audiencia relata que el Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil supo de la existencia de “un grupo organizado dedicado a la ilegal introducción en España de tabaco procedente de Gibraltar para su distribución en Alcalá de Guadaíra, Utrera, Los Palacios y Ronda”.

El líder de la banda era José J.H., que se encargaba de “hacerse con el tabaco” y “usaba al resto de integrantes del grupo” para distribuirlo. En esa tarea contaba con “la inestimable colaboración de su pareja”, Vanesa G.V., quien “lo suplía en numerosas ocasiones”, sobre todo en “el control y almacenamiento inicial del tabaco cuando se encontraba aún en La Línea de la Concepción”.

Antes de que la mercancía viajase desde Cádiz a los puntos de distribución, los contrabandistas la guardaban en dos inmuebles de La Línea “custodiados” por María Josefa H.C. El traslado por carretera, por su parte, correspondía a Daniel L.P.. En función del volumen del pedido utilizaba un Citroën Berlingo, conocido en el argot de la banda como “el chico”, o un camión Mercedes al que llamaban “el grande”.

En el otro extremo de la ruta, el tabaco era recepcionado por más componentes de la red. En Los Palacios, por ejemplo, esa función correspondía a los hermanos Manuel y José Antonio B.L., que lo hacían en una cochera y en una finca. En Alcalá de Guadaíra, los responsables de recibir el tabaco y elaborar manualmente los cigarrillos eran Agustín R.C. y María Almudena C.S.

La infraestructura de la banda incluía una “segunda rama” cuya misión era “la distribución al por menor del tabaco”. Al frente se encontraban los hermanos Yeray David y Arazán G.C., ambos hijos de Almudena C.S., que contactaban con José J.H. para hacer llegar el tabaco a Alcalá de Guadaíra. Con ellos colaboraba Yamila O.M., la novia de Yeray David, quien “no sólo conocía la actividad de su pareja sino que incluso tomaba decisiones que hacía llegar al resto de los integrantes de esta rama alcalareña”.

Otro componente “muy cercano” a los hermanos G.C., Mario H.L., eligió en esa misma localidad los dos establecimientos desde los que daban salida al tabaco: el bar de su padre, José H.D., a su vez regentado por los hermanos Juan Carlos y Ángel R.L.; y otro local que llevaba Carmen C.V. Era allí donde la banda “procedía a dar cumplimiento al último paso en su actividad criminal”: la venta al público.

Fuera de Sevilla, el grupo disponía de otro punto de almacenaje y venta en Ronda (Málaga). En este caso, la mercancía se almacenaba en un garaje y se vendía en un local propiedad de José Ángel O.M.

Una peligrosa persecución para detener al cabecilla

El operativo de vigilancia de la Guardia Civil culminó el 1 de diciembre de 2014 con la intervención del camión Mercedes, que figuraba a nombre de Vanesa G.V. y estaba siendo conducido por Daniel L.P., justo cuando iba a descargar el tabaco en la finca de Los Palacios. La persona que iba a recibirlo era José Antonio B.L. Dentro del camión, escondidos en “compartimentos ocultos especialmente preparados para el transporte del tabaco, sin resultar visibles a primera vista”, y dentro del coche había 4.450 cajetillas de tabaco con un valor calculado de 18.891 euros. Esa intervención dio paso a los registros en el resto de propiedades de los investigados.

Durante ese día y los siguientes, los investigadores registraron garajes, trasteros, cajas de seguridad, inmuebles y locales de La Línea de Concepción, Los Palacios, Sevilla capital, Alcalá de Guadaíra. Lo que no pudieron hacer entonces fue detener al cabecilla, José J.H. Eso ocurrió varios meses más tarde, el 9 de marzo de 2015 por la tarde, y desde luego no fue sencillo porque el acusado, "para eludir la acción" de la autoridad que le estaba dando el alto en una carretera de Cádiz, aceleró "bruscamente" su coche y "lo dirigió hacia uno de los agentes con la intención de menoscabar el principio de autoridad y su integridad física". Las víctimas "tuvieron que apartarse de su trayectoria para no ser embestidos", explica la sentencia.

A continuación, "tras una conducción en la que no respetó las más elementales normas de circulación y puso en peligro la integridad de otros usuarios y del resto de conductores", José J.H. se refugió en el domicilio de su madre, en una urbanización de La Línea. Allí ya fue arrestado por fin. La Guardia Civil no sólo lo encontró a él. En su coche halló 3.619 cajetillas sin precinto, con un valor de 15.067 euros; en la vivienda de la madre aprehendió 329 cajetillas; y en un coche propiedad de su novia, otras 1.999.

Casi 19.000 cajetillas

En total, según el recuento que hace la propia sentencia, los agentes intervinieron 18.735 cajetillas, 27.640 gramos de picadura de tabaco y algo más de once kilos de cigarrillos elaborados manualmente. El valor de toda la mercancía en el mercado fue tasado en 86.909,66 euros. "Los acusados disponían de este tabaco para su venta aI público sin poder acreditar su lícita importación y el pago de los correspondientes gravámenes arancelarios y tributarios", afirma la Sección Séptima. En números, lo que la banda dejó de ingresar a Hacienda en concepto de deuda tributaria y aduanera ascendió a 69.466,30 euros.

La sentencia también admite que la causa ha sufrido “demoras y aplazamientos no imputables a los acusados”, de ahí que estos se beneficien de la atenuante de dilaciones indebidas; y recuerda que José J.H. ya fue condenado por atentado en 2014, de ahí que se gane la agravante de reincidencia sólo en ese delito.

Los diecisiete condenados son José J.H. y su pareja, Vanesa C.V., Almudena C.S. y sus hijos Yeray David y Arazán G.C., María Josefa H.C., Daniel L.P., los hermanos Manuel y José Antonio B.L., Agustín R.C., Yamila O.M, Mario H.L y su padre, José H.D., los hermanos Juan Carlos y Ángel R.L., Carmen C.V. y José Ángel O.M. La Audiencia les impone un año de cárcel más 22.000 euros de multa por un delito de contrabando y dos meses por un delito de pertenencia a grupo criminal, aunque esta segunda pena es sustituida por una multa de 720 euros. Además, los inhabilita durante siete años para cualquier actividad relacionada con el tabaco, pero por otro lado los absuelve del delito contra la salud pública que inicialmente les había sido imputado.

José J.H. también es condenado a diez meses de cárcel por un delito de atentado a agente de la autoridad, con lo que el castigo total para él es de un año y diez meses (más la multa por el delito de organización criminal). Antes de la conformidad, la Fiscalía pedía trece años: cuatro y medio por pertenencia a una organización criminal, tres y medio por contrabando, otros tres y medio por atentado a la autoridad y uno y medio por el delito contra la salud pública.

Los diecisiete contrabandistas condenados, además, deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Agencia Tributaria con 69.466,30 euros más intereses.

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