Un okupa de Sevilla que alquilaba el piso por Airbnb, condenado a ocho meses de cárcel y a salir de la vivienda

La Justicia ha acabado con el cuento del okupa que se metió sin permiso en un bajo en la calle Monsalves, hizo que la Policía detuviera al legítimo dueño del piso y alquiló el inmueble en Airbnb. Francisco Javier L.G. acudió ayer al Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla con el riesgo de entrar en la cárcel y, aconsejado por sus abogados, terminó aceptando una condena de ocho meses de prisión que no tendrá que cumplir si satisface una serie de condiciones, entre ellas la de salir de la casa y devolver las llaves a los hermanos Ricardo, Laura y Patricia Román. Eso será el próximo 28 de octubre.

Este desenlace, lógicamente, fue el resultado de un acuerdo que las partes alcanzaron antes de la vista oral. Como consecuencia de esa conformidad, el acusado reconoció los hechos, que ocurrieron a finales de 2022. Francisco Javier L.G. vivía como alquilado en el Bajo B e iba a ser desahuciado el 13 de diciembre de 2022. Como sabía que el Bajo D, la vivienda de la discordia, había sido heredado por los hijos de sus antiguos dueños pero estos no residían habitualmente allí, en noviembre cambió la cerradura de la puerta de entrada y se instaló en el inmueble.

El 1 de diciembre, Ricardo quiso entrar en la casa pero no pudo porque la llave no funcionaba. Pensando que su hermana se había dejado la suya por dentro, llamó a un cerrajero que abrió la puerta, pero el okupa “le salió al paso” y le dijo que era el inquilino y que había firmado un contrato de arrendamiento. El propietario recurrió a la Policía, pero la autoridad le dijo que no podía hacer nada si ese contrato existía.

El 2 de diciembre, Ricardo volvió al piso y entró después de ver a Francisco Javier saliendo y “portando varias bolsas de plástico y una mochila”, lo que le hizo creer que se marchaba “voluntariamente”. A las cinco de la tarde, sin embargo, el okupa regresó y su reacción fue llamar a la Policía, a la que enseñó un supuesto contrato de alquiler que por supuesto no era real y que él “había confeccionado ad hoc”. A los agentes también les dijo que vivía allí con su hijo de seis años, “cosa incierta”, pero aun así los policías se llevaron detenido al legítimo propietario.

Por suerte para él, el sistema judicial arregló pronto esa surrealista decisión y al día siguiente fue puesto en libertad, una vez que el juzgado comprobó las “anomalías” que presentaba el supuesto contrato, “sin fecha (sólo el año 2022) y con una evidente manipulación sobre la letra del piso”, con una D “remarcada sobre una B”, sin olvidar que como arrendatarios aparecían dos personas “inexistentes”.

La Fiscalía pedía ocho meses de cárcel por un delito de falsedad en documento privado y una multa de 720 euros por un delito de usurpación. Tras la negociación, las defensas aceptaron esa pena de prisión, con la salvedad de que sería suspendida, y el Ministerio Público redujo a 270 euros el castigo económico por la ocupación. Las acusaciones particulares, ejercidas por la letrada Sandra Alonso en nombre de Ricardo y por el letrado Manuel Huertas en nombre de Laura, se adhirieron.

Tras oír las condiciones del acuerdo y las penas estipuladas, Francisco Javier L.G. se mostró conforme con todo y la magistrada pasó a dictar sentencia firme en la misma sala. Además de los ocho meses de reclusión y la multa, el acusado fue condenado a indemnizar a los propietarios con 2.400 euros por “los perjuicios ocasionados en la vivienda” y a abandonar la casa y entregar las llaves en el plazo de diez días naturales. El inmueble deberá estar “expedito y libre de moradores” cuando se celebre ese acto.

Las defensas pidieron entonces la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel. Como era parte del pacto, las acusaciones no se opusieron y la magistrada le concedió ese beneficio con cuatro condiciones: que no cometa ningún delito en tres años, que entregue las llaves, que pague la indemnización en 24 mensualidades de 100 euros y que realice 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Si incumple una sola de ellas, entrará en prisión.

“La Justicia ha reparado el daño que hizo la Policía”

El acuerdo con el hombre que ha estado haciéndole la vida imposible durante dos años y la consecución de una condena que le permitirá recuperar la casa que heredó de sus padres no relajaron sin embargo el rostro de Ricardo Román, el hombre que en este espinoso proceso llegó a ser detenido. Precisamente ese recuerdo lo perseguía a la salida del juzgado. “La Justicia ha reparado el daño que hizo la Policía”, afirmó minutos después de que concluyese el juicio. “Con esta sentencia, la Fiscalía debería actuar de oficio contra los policías que me detuvieron”, reclamó también. Él ya los denunció, pero el caso fue archivado.

“Soy la víctima del delito, pero aun así me despojaron de la posesión de mi vivienda para entregársela al delincuente. Y encima me privaron de libertad”, lamentó Román. “Estoy tranquilo, pero hay una cosa que no puede quedar impune. Si él ha reconocido los hechos, ¿quién le entregó la posesión de la vivienda? La Policía. En vez de evitar la comisión del delito, lo mantuvo”, reiteró el propietario del bajo, que igualmente recordó que el okupa inicialmente alegó que había sido estafado por un supuesto dueño que le ofreció el inmueble en alquiler: “Pero no se está investigando ninguna estafa”, protestó.

“La Justicia siempre me ha respondido desde el primer momento. En la vía civil me dio la razón con el desahucio y ahora ha restaurado el daño que hizo la Policía”, insistió Román, que en todo este tiempo ha vivido un auténtico “calvario” personal y familiar. “Si la Policía no le da las llaves, ni hoy estamos aquí ni vivimos estos dos años en los que he estado en una situación de vulnerabilidad, sin trabajo y con una pensión de 480 euros”, explicó.

Ricardo no ha sido la única víctima. “Desalojaron a una enferma de Parkinson”, espetó en referencia a su hermana Laura, que también asistió a los juzgados. Como hubo conformidad, ninguno tuvo que declarar.