Condenan a dos empresarios de Sevilla por defraudar a la Seguridad Social no pagando los seguros de los empleados de un restaurante

La Audiencia de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel, multas superiores a los 300.000 euros y la obligación de indemnizar a la Seguridad Social con 254.000 euros a dos empresarios de Sevilla que no pagaron al Estado los seguros sociales de los trabajadores que contrataban para un restaurante que gestionaban en el barrio del Porvenir. El desenlace, fruto de un acuerdo entre sus abogados, la Fiscalía y la Administración, puede tildarse de positivo para los dos acusados por dos motivos. Uno, que antes de ese pacto se exponían a penas de cuatro años de prisión y multas de 1,4 millones por el fraude. Y otro, que ninguno entrará en un centro penitenciario siempre que no cometan ningún delito en cinco años y resarzan a la Seguridad Social en ese mismo plazo.

Los hechos, juzgados el martes por la Sección Cuarta, ocurrieron entre 2015 y 2019. Juan Antonio V.M. y Antonio Manuel M.M. eran los administradores únicos de Capafrey Sevilla, Prendis Solutions y Paresanmo. El “centro de negocio” de las tres era un negocio de hostelería en la calle Felipe II. “Con la finalidad de realizar la explotación” de ese establecimiento “sin pagar los seguros sociales de los trabajadores”, los encausados los contrataban “bien simultáneamente en más de una empresa bien mediante la baja de un trabajador en una y el alta sucesiva en otra”. Estos hechos, recogidos así en el escrito de acusación de la Fiscalía, fueron reconocidos por los procesados en el juicio. Era parte del acuerdo, lógicamente.

Gracias a esa operativa, los empresarios “fueron generando deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social” por importes que se correspondían con tres conceptos: deuda vigente de responsabilidad, deuda vigente no responsabilidad y crédito incobrable. La acusación inicial cifraba el total del fraude en unos 230.000 euros, pero las negociaciones previas al juicio y la actualización de los certificados de deuda por parte de las defensas hicieron que la cantidad se redujese a 155.404,66 euros: 81.403,42 euros a través de Capafrey entre 2014 y 2017; 44.803,16 euros por Prendis entre 2017 y 2019; y 29.198,08 euros por Paresanmo en el ejercicio 2017-18. “Ninguna de estas cantidades fueron abonadas”, lo que supuso que la Inspección Provincial de Trabajo abriese los oportunos expedientes.

En el juicio, la fiscal suprimió la participación de una cuarta empresa en los hechos y rebajó el fraude de las otras tres. Después pasó a pedir dos años de cárcel por un delito contra la Seguridad Social y una multa de 310.809,32 euros para cada acusado, con dos meses de prisión en caso de impago. También propuso que estén cuatro años sin la posibilidad de obtener ayudas públicas ni el derecho a gozar de beneficios fiscales. Y por último reclamó que indemnicen a la Tesorería con 254.094,71 euros. El letrado de la Administración y las defensas se adhirieron y los acusados, tras reconocer los hechos, se mostraron conformes. El tribunal dictó sentencia firme en la misma sala.

Después llegó la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel. La fiscal no se opuso, siempre que cumplan con el calendario de pago de la indemnización (en 60 meses), así que la Sección Cuarta les concedió ese beneficio. La presidenta del tribunal también les advirtió de que no podrán delinquir en ese mismo lapso de cinco años. “Cualquier delito supondrá un quebranto de las condiciones”, les avisó.