SEVILLA
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Condenan a un empresario multimillonario afincado en Sevilla que en realidad vivía del fraude y el blanqueo

Delito contra Hacienda

José Francisco R.F. deberá pagar al Estado los casi 10 millones de euros que defraudó al no declarar el IVA de la venta de combustible y que blanqueó en parte comprando vehículos de alta gama o adquiriendo un Burger King

Además del empresario, que en 2009 se presentó como nuevo dueño efímero del Levante UD, su mujer y una hija deberán responder de parte de la indemnización porque se lucraron aunque no sabían que ese dinero era ilegal

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Un guardia civil en la puerta del edificio de la calle Tomás de Ibarra donde el acusado tenía una oficina. / Julio Muñoz (Efe)

Justo ahora que los hidrocarburos se han puesto de moda por la implicación del famoso Víctor Aldama en un escándalo vinculado a ese sector, la Audiencia de Sevilla acaba de condenar a casi dos años de cárcel a un empresario que gracias a la venta de carburantes consiguió una vida “de lujo” para él y su familia. Sin embargo, nada era legal. El hombre, que en 2009 llegó a presentarse como nuevo dueño del Levante UD y que también está siendo juzgado por una estafa relacionada con las Minas de Riotinto, tuvo a bien no declarar el IVA durante tres años y cosechó así unos beneficios que rondaron los diez millones de euros. Esa es la indemnización que deberá pagar al Estado junto con su mujer y una de sus hijas, condenadas sólo como partícipes a título lucrativo porque se beneficiaron de las conductas del acusado pero no sabían que el dinero procedía de la comisión de un delito.

La sentencia, fechada el 18 de noviembre y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es fruto del acuerdo alcanzado ese mismo día por las defensas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. José Francisco R.F., un empresario gallego afincado en Sevilla, aceptó un año y medio de cárcel y multas de 2.769.623 y 4.048.522 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública, así como cinco meses y 29 días de prisión y otra multa de 3 millones por blanqueo de capitales, en ambos casos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La petición inicial de las acusaciones rondaba los quince años de cárcel, así que el acuerdo suena a inmejorable para él.

Hay otros dos condenados: su sociedad Energes S.L., que deberá disolverse y sufragar las multas, y su hijo Carlos R.M., que se conformó con dos meses y medio de cárcel (pena sustituida por una multa de 3.750 euros)por un delito de blanqueo imprudente más una multa de 2 millones.

Lo previsible es que José Francisco R.F. no pise una celda, al menos por estos hechos, pero el castigo económico es otra historia porque deberá indemnizar a Hacienda con 9.740.208 euros (tope en el que quedó definitivamente establecido lo que defraudó) más intereses. Su mujer, Carmen M.M., responderá hasta un límite de 175.697 euros; su hija Rocío R.M., hasta 93.000.

En la sentencia, que es firme, la Sección Tercera relata que José Francisco R.F. “aprovechó sus conocimientos del mercado de hidrocarburos y su especial régimen de tributación” y, “con absoluto desprecio a obligaciones legales de todo orden y la exclusiva finalidad de enriquecerse de cuanto metálico pudiera conseguir y ocultarlo después”, diseñó “un entramado opaco de sociedades mercantiles” a las que hacía titulares de sus bienes.

El acusado vendía combustible a través de Energes “de espaldas a todo control de la Inspección de Tributos” y así “se apropió de las importantes cuotas de IVA que repercutía en las ventas a gasolineras y otros clientes que no declaraba ni ingresaba”. Entre 2010 y 2012 “no declaró ni ingresó el citado IVA”, pero como sus proveedores y clientes minoristas (las gasolineras) sí cumplieron con sus obligaciones tributarias, Hacienda calculó que las cuotas impagadas “podían superar los 4 millones de euros” por ejercicio. Fue entonces cuando la Unidad de Vigilancia Aduanera empezó a investigarlo y comprobó “la naturaleza ficticia de los domicilios sociales” de sus empresas. Después constató que no había trabajadores ni “organización o infraestructura empresarial donde desarrollar su actividad”.

Esa “carencia de datos fiscales y administrativos” se extendía a José Francisco R.F. y sus familiares “a pesar de ostentar un elevado nivel de vida”. La sentencia refleja que eran “usuarios de vehículos y embarcaciones de lujo” cuya propiedad aparecía a nombre de “sociedades sin actividad o exclusivamente creadas y diseñadas para dificultar la localización o destino de las ganancias obtenidas con las cuotas del IVA apropiadas”.

En esa intrincada maraña, el hijo del empresario “colaboró estrechamente” con él. “Sin recursos económicos propios, pero sin que conste que tuviera conocimiento real del origen ilícito del dinero”, este acusado ostentaba el 33% de Energes a través de Corporación Bhawler Spain, otra sociedad “carente de actividad” que usaban “para figurar como administradora única de otras”, como Liedno Shipping Agents, que a su vez les servía de “pantalla para los gastos y adquisiciones que realizaban con las cantidades no abonadas del IVA por Energes”. Lo dicho: un lío.

En septiembre de 2012 fueron registradas las casas del padre en Sevilla Este y del hijo en Espartinas, además de oficinas en los Caños de Carmona y la calle Tomás de Ibarra. Los investigadores hallaron miles de facturas y de ellas concluyeron que Energes causó un perjuicio a Hacienda de 3.960.496 euros en 2010, 5.783.603 en 2011 y 2.895.249 en 2012. José Francisco R.F. se apropió de todo. La suma de los dos primeros años (9.744.099 euros) casi coincide con la indemnización que deberá abonar ahora al erario público. 

Según la Audiencia, los 9,7 millones que defraudó “constituían la casi totalidad de los ingresos de José Francisco R.F., sus sociedades y su familia”. De hecho, “al no realizar otra actividad productiva”, el empresario sólo declaró 36.576 euros entre 2003 y 2008 y de 2009 a 2012 directamente “no declaró ingreso alguno”. “No aparecía como titular de inmuebles, vehículos u otras propiedades”, dice la Sala. Todo figuraba “a nombre de terceras personas o sociedades en las que tenía poderes o ejercía la administración”, incluidas tres fincas en Valverde del Camino (Huelva). La sentencia habla de 22 empresas en total.

Blanqueó con coches de alta gama, recreo náutico o un Burger King

José Francisco R.F. introdujo el IVA no declarado en “el circuito financiero legal” (es decir, que lo blanqueó) de múltiples formas. Por ejemplo, creó empresas de restauración (llevaron un Burger King en Ciudad Real, un restaurante y una cervecería) y otras centradas en “embarcaciones de época” y turismo náutico, pero además compró múltiples vehículos de alta gama, una Harley-Davidson y embarcaciones. 

La Audiencia también cuenta que sus sociedades Liedno, Inland Trading 2006 y Bhawler fueron usadas “como pantalla para financiar sus gastos y actividades o titular su patrimonio” y así blanquear millones de euros. Entre 2009 y 2012, por ejemplo, traspasó 3.099.000 euros desde Energes a Liedno y con ese dinero compró un Porsche Panamera por 105.604 euros, un Lancia Voyager por 35.000, un Audi por 21.800 o una goleta por 56.876. 

También traspasó 50.000 euros para gestionar una gasolinera en Mercacórdoba por medio de otra empresa falsa, Empowering, a través de la cual usó más cuotas de IVA para transferirle 1.247.630,61 euros entre enero y septiembre de 2012 “bajo la cobertura de compras de combustible que no se declaraban”. Con este dinero adquirió un fondo de inversión por 100.000 euros, compró un Mercedes por 50.371.70 euros, se encargó de los atraques de una embarcación y dos veleros en Puerto Sherry o dio 150.000 euros a su mujer para pagar el capital pendiente de la hipoteca de su casa en Sevilla.

La esposa, que en el juicio se sentó lejos de él, también aparece en otro hecho llamativo: en 2008 y 2009 sólo declaró rentas por un total de 19.294,59 euros, pero de ahí a 2012 de repente hubo “incrementos patrimoniales no justificados” en sus cuentas, con ingresos por encima de los 400.000 euros, sin que constara que ella tuviera algún trabajo “ni tampoco que conociera de forma clara el origen ilícito de los fondos que recibía”.

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