Condenan a la empresaria que llevó dos de las principales residencias de la Universidad de Sevilla y la Olavide

Una empresaria que en su día gestionó dos de las principales residencias de estudiantes de Sevilla, una de la Hispalense y otra de la Olavide, aceptó ayer una condena de un año de cárcel y una multa de 135.000 euros por dejar de pagar algo más de 330.000 euros a la Seguridad Social durante varios años. La acusada salió bastante bien parada del juicio, celebrado ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, por dos motivos: el primero, que la Fiscalía pedía inicialmente cinco años de prisión y una multa muy próxima al millón de euros; y el segundo, que su hija entró en la sala como encausada, con una solicitud de once meses de reclusión pesando sobre ella, y salió como absuelta.

Este desenlace, como es habitual, obedeció al acuerdo alcanzado antes de la vista oral entre el abogado de Emilia N.P., la Fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social, que estaba personada en el caso. En virtud de esa conformidad, las acusaciones aceptaron dejar los dos delitos por los que señalaban a la principal encausada (contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución o alzamiento de bienes) en uno solo y estimar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas (transcurrieron más de ocho años entre la comisión de los hechos y el juicio), con la consecuente rebaja de la pena; suspender la ejecución de ese castigo, de modo que la señora no entrará en ningún centro penitenciario si no comete ningún delito en cuatro años y paga la indemnización;y disminuir la multa a 135.455,36 euros. Así lo acordó el tribunal, que dictó sentencia firme en la misma sala después de que la encausada reconociese los hechos y se conformase con el castigo. 

Además, a esa indemnización que la investigada y su empresa deberán abonar al Estado (333.014,34 euros) habrá que restarle lo que la Seguridad Social ya le ha retenido vía embargos en los últimos años, como un crédito de casi 200.000 euros que le concedió la Universidad de Sevilla y sus pensiones de viudedad y jubilación. Emilia N.P., de hecho, tiene 82 años.

La sociedad de la que la acusada era socia y administradora única nació en 2005 y tenía como objeto social la explotación de guarderías y residencias de estudiantes, servicios de comidas preparadas, celebraciones para grupos y compraventa, permuta y arrendamiento de terrenos. En 2015, sin embargo, se dio de baja en la Seguridad Social “por carecer de trabajadores”, según explicaba la fiscal en su escrito.

“En un momento dado dejó de abonar de forma continuada las cuotas obreras y patronales de los trabajadores a su cargo”, relata la acusación pública, que calcula que en los tres ejercicios correspondientes al periodo 2013-2015 provocó una deuda de 301.908,53 euros más intereses (426.569,37 euros en total).

Emilia N.P. fue en su día una importante empresaria en el sector de residencias de estudiantes. Como muestra bien valen dos botones. En 2010, por ejemplo, se hizo cargo del Colegio Mayor Santa María del Buen Aire, ubicado en el histórico Palacio de los Guzmanes, en Castilleja de Guzmán, y famoso por sus jardines, obra del gran arquitecto e ingeniero francés Jean-Claude Forestier y Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2004. Era una de las dos residencias propias de la Universidad de Sevilla y desde 1964 había sido gestionada por la Institución Teresiana. Cuando Emilia N.P. la heredó, el centro dejó de ser sólo para mujeres y se hizo mixto. Sin embargo, cerró en el otoño de 2014 después de que en febrero de ese año la comunidad colegial, en un escrito dirigido a la Universidad, denunciase el “trato inadecuado y denigrante” que sufrían los alojados, la “nefasta gestión de la inserción del colectivo de estudiantes de máster extranjeros” o la “extraña gestión económica”, traducida en que algunos estudiantes recibieron en 2013 una carta de Hacienda en la que se les instaba a pagar casi 45.000 euros en concepto de créditos embargados a la mercantil de la acusada.

El segundo botón, este en relación a la Universidad Pablo de Olavide, es el Colegio Mayor Rectora Rosario Valpuesta (antigua residencia universitaria Palmera Real), que también fue gestionado por Emilia N.P. y que en 2011 se convirtió en el primer centro de estas características adscrito a la UPO. Cuando la sociedad de la investigada se disolvió, lógicamente también dejó de manejar esta residencia.