Tres condenados en dos días por tener trabajadores ilegales en una finca de naranjas en La Algaba y una discoteca en Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha enjuiciado esta semana dos casos de explotación de trabajadores. Los supuestos eran bastante distintos, porque uno estaba relacionado con la recogida de naranjas en una finca de La Algaba y otro, con una discoteca del Polígono Calonge, pero el modus operandi de los acusados era el mismo: no dieron de alta a un buen número de empleados. Los dos juicios, ambos en la Sección Tercera, se han resuelto con sendos acuerdos de conformidad, penas realmente mínimas por delitos contra los derechos de los trabajadores y la suspensión de todas, así que nadie entrará en la cárcel a no ser que infrinja la ley en los próximos años o no pague unas multas muy asequibles.

El primer juicio tenía en principio tres procesados, todos nicaragüenses: un empresario, un intermediario y un reclutador. Sólo compareció el segundo. Quizás tuvo algo que ver que los otros dos están en situación administrativa irregular en España. El caso es que el acusado que sí se presentó, Harry G.U., actuó como intermediario en una operación mercantil entre Hodel S.N., administrador único de la empresa Francex Agrifuturo, y una cooperativa sevillana. En virtud de ese contrato, firmado el 30 de diciembre de 2019, la primera sociedad compraba a la segunda la producción de naranjas de la variedad salustiana de una finca ubicada en La Algaba y al mismo tiempo se encargaba de recolectar la fruta y contratar la mano de obra necesaria para esta faena.

El 16 de enero de 2020, agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional se personaron en la finca acompañados de la Inspección de Trabajo. Durante la visita comprobaron que allí había 28 trabajadores y que la mitad exacta, 14, se encontraban “en situación administrativa irregular en territorio nacional”. Como es lógico, “todos ellos carecían de la correspondiente autorización legal para trabajar y de la preceptiva alta en la Seguridad Social”.

Así lo relataba la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, que se convirtió en definitivo una vez que las partes alcanzaron ese acuerdo por el que la acusación rebajaba de modo sustancial su petición de condena, que inicialmente era de dos años de cárcel para este encausado. Para Hodel S.N. era de tres años y para un tercer sospechoso, Norlan J.M., de un año y medio. Este último investigado era quien reclutaba a los jornaleros y, “bajo las órdenes de los otros dos acusados”, ejercía las funciones de manijero: llevaba a los empleados a la finca algabeña, les ordenaba lo que debían hacer y les pagaba las peonadas.

El juicio, celebrado el lunes, duró un respiro. La fiscal modificó sus conclusiones provisionales para rebajar el grado de participación de Harry G.U. en los hechos y establecer que no fue autor sino cooperador necesario. Ese cambio le permitió dejar la pena en tres meses de prisión y una multa de 270 euros. El encausado reconoció los hechos y se mostró conforme con el castigo, como era previsible. A continuación, su defensa solicitó que se suspendiera la ejecución de la pena de cárcel basándose en que no tenía antecedentes. También pidió que se le permitiera abonar la multa en tres pagos mensuales de 90 euros porque sus ingresos, ahora como cuidador de personas enfermas, son reducidos. La fiscal no se opuso y el tribunal le concedió ese beneficio. La única condición para no acabar en una celda es que no cometa ningún delito en dos años.

El caso de la discoteca latina

El segundo juicio se celebró ayer, también en la Sección Tercera aunque ante un tribunal distinto. En este caso había dos acusados: Juan C.O. y Eduardo L.S. Estos empresarios eran los administradores mancomunados de la empresa Edivalju y gestionaban una discoteca en la calle Aviación, en esa zona del Polígono Calonge donde hay bastantes locales de ocio frecuentados por jóvenes latinoamericanos. En el establecimiento ocurría más o menos lo mismo que en la finca de La Algaba, sólo que en una proporción más llamativa: de quince trabajadores, sólo tres tenían los papeles en regla.

“Contrataron irregularmente a doce trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social”, decía la fiscal en su escrito. “El día que se levantó el acta de inspección de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de trabajadores era de quince y sólo se encontraban dados de alta tres, lo que supone que en situación irregular estaba el 80% de la plantilla”, añadía la acusación pública. Ese porcentaje sobrepasaba por tanto “el 50% exigido para empresas con más de diez trabajadores” que marca la ley.

Después de una ardua negociación entre sus abogados y el Ministerio Público, los dos empresarios dieron el visto bueno a ese relato de hechos y a la calificación definitiva de la acusación. Era lógico que lo hicieran porque la rebaja de las penas era más que importante: al principio, la fiscal pedía tres años de cárcel, multas de 5.400 euros y el cierre de la discoteca durante diez meses; y al final dejó la condena en seis meses de prisión y multas de 900 euros, sin clausura del establecimiento.

Al igual que el lunes, la Sección Tercera dictó sentencia firme en la misma sala y después otorgó la gracia de la suspensión a los dos condenados, también por un plazo de dos años. Juan C.O. no tenía antecedentes y el único que figuraba en el historial de Eduardo L.S. databa de 2008, así que no hubo inconveniente para que obtuvieran este beneficio legal. El presidente del tribunal, eso sí, les advirtió que entrarán en prisión si cometen cualquier delito, sea el que sea. “Tengan ustedes mucho cuidado”, les dijo. El otro requisito para librarse de ser presos es que paguen las multas en un plazo máximo de veinte meses.