Condenados por almacenar toneladas de residuos contaminantes en Sevilla y llevarlos a Nigeria sin ninguna seguridad

Cinco ciudadanos nigerianos y uno ghanés, todos con residencia legal en España, aceptaron este martes ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla una pena de quince meses y un día de cárcel y dos multas por un importe total de 1.350 euros por almacenar en dos naves de Alcalá de Guadaíra toneladas y toneladas de material contaminante que después, engañando a la Agencia Tributaria, llevaban por barco hasta Nigeria desde el puerto de Algeciras. La ingente cantidad de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) que se les intervino era trasladada sin ser sometida antes al preceptivo proceso de descontaminación. Los acusados reconocieron ante el tribunal todos los hechos descritos en el escrito de acusación de la Fiscalía después de que sus abogados alcanzasen un acuerdo con la Fiscalía y la acusación ejercida por Galp Energía.

Según constaba en ese documento, y así aparecerá recogido en la sentencia, los seis hombres se pusieron de acuerdo “al menos” desde enero de 2021 y alquilaron dos naves en el polígono El Sombrerón, en Alcalá de Guadaíra, para “hacer acopio” de compresores de frigoríficos, pequeños electrodomésticos, bombonas y vehículos fuera de uso que conseguían a diario en puntos limpios y chatarrerías de la localidad. Tras almacenar “grandes cantidades” de RAEE, después los exportaban a Nigeria en barco a través del puerto de Algeciras, pero sin tratarlos antes para descontaminarlos. Además, los trasladaban “apilados y sin ningún tipo de medida de seguridad”, con lo que por el camino vertían “aceites contaminantes” sin control alguno.

Entre mayo y junio de 2021, los agentes interceptaron cuatro contenedores justo antes de que embarcasen rumbo a Nigeria. En ellos hallaron un total de 29,2 toneladas de compresores contaminantes, 6,9 toneladas de resto de RAEE (pantallas planas, pequeños electrodomésticos...), 2.958 bombonas (valoradas en 99.501,97 euros) y doce vehículos fuera de uso. A la autoridad aduanera, lejos de contarle lo que de verdad exportaban, le decían que el material consistía en enseres personales, ropa, calzado, juguetes, menaje del hogar, mobiliario y herramientas.

Los acusados fueron detenidos en junio de 2021. Aquella redada tuvo una importante repercusión porque fue una de las primeras operaciones de la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), un grupo entonces recién creado perteneciente a la Policía Autonómica andaluza, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria. La relevancia fue tal que incluso se organizó una rueda de prensa para informar de los resultados de la acción policial a cargo del entonces viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a quien acompañaron el comisario jefe de la Policía Autonómica, Antonio Manuel Burgos, y el jefe provincial del SVA en Sevilla, Francisco Javier Fernández.

Los policías de la UROM habían registrado las dos naves del polígono de Alcalá unos días antes, el 9 de junio. Los investigados permitieron el registro “voluntariamente”, dicho sea de paso. Allí tenían cinco toneladas de compresores contaminantes, 1.600 kilos de pantallas planas, una tonelada de pequeños electrodomésticos “no peligrosos”, 1.600 kilos de aparatos de aire acondicionado, 669 bombonas y once frigoríficos y lavadoras.

Los acusados, obviamente, “carecían de autorización como gestores de residuos RAEE” y con su traslado y almacenamiento incumplieron el reglamento europeo específico de esa materia, el Convenio de Basilea y los tres Reales Decretos que regulan los residuos RAEE, la gestión de aceites industriales usados y los vehículos al final de su vida útil.

Cuando esos materiales llegaban a África, eran despiezados para extraer de ellos los metales de más valor que contenían, por ejemplo el cobre. Este proceso, conocido como “canibalización”, imposibilitaba la reutilización del producto y propiciaba la rotura de componentes, lo que a su vez provoca la emisión de vertidos y gases altamente contaminantes. Este tipo de residuos son calificados como “muy peligrosos” por la Unión Europea.

La propia Fiscalía dejaba constancia en su calificación de que los RAEE “contienen sustancias peligrosas como cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforos y gases que agotan la capa de ozono o afectan al calentamiento global”. “Pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, como es el caso, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente para su descontaminación”, añadía el Ministerio Público.

No irán a prisión si cumplen tres condiciones

Sylvestre P.J., Babatunde V.O., Abass M., Namdi I., Sylvestre E. y Okolie F.U. fueron condenados por la Sección Tercera por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y por un delito leve continuado de receptación. Por el primero se les impuso quince meses y un día de prisión, una multa de doce meses a razón de tres euros diarios y un año, seis meses y un día de inhabilitación para cualquier trabajo relacionado con la gestión de residuos y el medioambiente; y por el segundo, otra multa de tres meses con una cuota de tres euros al día.

Sin embargo, a petición de las defensas y con el beneplácito de la Fiscalía y Galp Energía, el tribunal también decretó la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel, así que los investigados no entrarán en ningún centro penitenciario si satisfacen determinadas condiciones. Los cuatro que no tienen antecedentes penales se librarán si no cometen ningún delito en dos años y pagan las multas. Los dos que sí cuentan con antecedentes esquivarán la reclusión si no delinquen en tres años, abonan el castigo económico y realizan trabajos en beneficio de la comunidad durante cinco meses. Como es lógico, todos aceptaron.