Nueve de los trece narcotraficantes condenados por el supermercado de la droga de Burguillos no irán a la cárcel

Nueve de los trece narcotraficantes condenados hace un mes por la Audiencia de Sevilla, la inmensa mayoría componentes de tres clanes de Burguillos que habían montado un supermercado de la droga en la calle Serrezuela, no entrarán en la cárcel pese a ser castigados con entre tres años de prisión y un año y medio. Como parte del acuerdo alcanzado por las partes antes del juicio, celebrado el 25 de noviembre en la Sección Cuarta, la Fiscalía se mostró favorable a suspender la ejecución de las penas de reclusión de todos los que no ostentaban una posición preeminente en cada uno de esos grupos criminales y así lo refleja la sentencia. Los únicos que no se libran de la cárcel son los tres líderes, que además dan nombre a los distintos clanes (Antonio G.S. alias Peto, Juan M.H. alias Gitano y Manuel R.A. alias Picadura), y César P.G., uno de sus principales proveedores de cocaína.

Nueve de los trece narcotraficantes condenados hace un mes por la Audiencia de Sevilla, la inmensa mayoría componentes de tres clanes de Burguillos que habían montado un supermercado de la droga en la calle Serrezuela, no entrarán en la cárcel pese a ser castigados con entre tres años de prisión y un año y medio. Como parte del acuerdo alcanzado por las partes antes del juicio, celebrado el 25 de noviembre en la Sección Cuarta, la Fiscalía se mostró favorable a suspender la ejecución de las penas de reclusión de todos los que no ostentaban una posición preeminente en cada uno de esos grupos criminales y así lo refleja la sentencia. Los únicos que no se libran de la cárcel son los tres líderes, que además dan nombre a los distintos clanes (Antonio G.S. alias Peto, Juan M.H. alias Gitano y Manuel R.A. alias Picadura), y César P.G., uno de sus principales proveedores de cocaína.

Los hechos, reconocidos por quienes fueron juzgados, empezaron a finales de 2018 cuando el Equipo ROCA de la Guardia Civil en La Rinconada empezó a rondar a los clanes a partir de una operación previa, denominada Ablatus Armis, relacionada con un incremento de robos en la Sierra Norte. Durante la investigación de esa pieza separada vinculada al tráfico de drogas, las autoridades interceptaron a “múltiples individuos” en posesión de sustancias estupefacientes (59 actas de aprehensión constan), comprobaron que había informes de la Policía Local con “innumerables quejas y denuncias vecinales” sobre lo que ocurría en Burguillos, pincharon teléfonos y siguieron a los sospechosos. En noviembre de 2019, la Guardia Civil registró diecinueve domicilios y su conclusión tras esta minuciosa operación fue que en la localidad había “tres grupos o clanes dedicados a la elaboración, distribución y venta” de droga: el clan del Peto, el clan de los Madera y el clan del Picadura.

“Todos los acusados se coordinaban para las funciones de vigilancia, abastecimiento, venta y distribución. Y de forma itinerante solían valerse de toxicómanos para realizar pequeños trabajos (aviso de presencia policial, pequeños portes de droga, esconder o dar salida a efectos sustraídos...) a cambio de micras de droga”, detalla la sentencia al igual que ya lo hacía el fiscal en su escrito de acusación, con el que los encausados mostraron su conformidad ante el tribunal. Los trece traficantes, además, “no realizan actividad profesional alguna y carecen de ingresos” al margen de la venta de droga.

Ocho de los nueve condenados a los que la Audiencia beneficia con la suspensión de la pena son componentes de alguno de los clanes. Todos aceptaron en el juicio una pena de año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública, pero ninguno pisará la prisión si cumplen unas determinadas condiciones. El requisito común para todos es que estén a disposición del tribunal y comuniquen cualquier cambio de domicilio y/o teléfono.

Por parte del clan del Peto, los protagonistas son Beatriz V.B. alias Bea y Jordy G.S. alias Jordi. La primera es la pareja del cabecilla del grupo y no entrará en la cárcel si no comete ningún delito en cuatro años y paga una multa de 880 euros (220 días con una cuota diaria de 4 euros). Las condiciones para el segundo son que no delinca en el mismo periodo de cuatro años y que realice 110 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

En el clan de los Madera hay cuatro beneficiarios de la medida: Eloísa J.G. alias Elo, también esposa del líder; Jesús M.H. alias Bola, hermano del cabecilla; Eloy D.P. alias Richard; y Lucio S.E., alias Lucio. El único requisito para los tres primeros es el mismo: no cometer ningún delito, sea cual sea, durante tres años. Para Lucio, en cambio, hay más exigencias: no delinquir en cuatro años y abonar una multa de 880 euros.

Dentro del clan del Picadura hay dos traficantes con la pena suspendida, en ambos casos durante cuatro años: Rafael B.M. alias Fali y Miguel P.G. alias Miguelín. Lo primero que deberán hacer es no cometer ningún hecho ilícito en ese lapso. Además, Fali deberá pagar la susodicha multa estándar de 880 euros y Miguelín tendrá que realizar 110 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

La última condenada de la lista es Elisabeth M.O., una vecina de Pino Montano que surtía al clan de los Madera de de cocaína “de gran pureza”. Esta mujer, que fue cogida in fraganti en su barrio en noviembre de 2019 con un kilo de droga en el coche, se conformó con dos años de cárcel pero no ingresará siempre que no cometa ningún delito durante cuatro años y satisfaga una multa algo mayor que las anteriores, de 1.160 euros (290 días con una cuota diaria de 4 euros).

Así pues, los únicos que se quedan tal cual fueron condenados son la pareja de Elisabeth, César P.G., que aceptó tres años y un mes de cárcel más 25.000 euros de multa, y los líderes de los clanes, que se conformaron con un año y nueve meses.

De la "alarma social" a la rebaja de las penas

Burguillos fue el epicentro del narcotráfico en el Aljarafe durante el tiempo que el narcosúper estuvo operativo. El trasiego de toxicómanos llegó a ser tan intenso, y las denuncias vecinales tan continuas, que las autoridades reconocieron que existía “alarma social” en la localidad. El procedimiento judicial, como suele ocurrir, atemperó las posibles consecuencias de aquel clamor y las penas que podrían haber sido no lo fueron tras el acuerdo alcanzado por las partes el día del juicio. Inicialmente, la Fiscalía pedía ocho años de cárcel para los dos traficantes de Pino Montano y seis para los miembros de los clanes, pero al conseguir que los acusados admitieran los hechos les concedió las atenuantes de confesión, drogadicción y dilaciones indebidas y rebajó la calificación del delito en varios grados.