Condenada una funcionaria por tramitar tarjetas de transporte falsas

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana a una pena de 3 años y 5 meses de prisión, así como a 4 años y 3 meses de inhabilitación, por cobrar a cambio de tramitar tarjetas de transporte para vehículos que no cumplían los requisitos legales. La sentencia la considera autora de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Según los hechos probados, la funcionaria, que era jefa de negociado encargada de tramitar expedientes de concesión de autorizaciones de transporte para vehículos ligeros, pactó con un gestor de Valencia repartirse los beneficios obtenidos por la tramitación fraudulenta de estos títulos. El gestor había sido contactado por una asesoría de Melilla cuyos clientes necesitaban regularizar con urgencia su actividad de transporte de mercancías a Marruecos, pero sus vehículos no cumplían los requisitos por antigüedad.

La funcionaria tramitó más de 70 tarjetas falsas entre junio y julio de 2018, cobrando 500 euros por cada una, lo que le reportó unas ganancias ilícitas de 36.500 euros en total. La Audiencia le impone la devolución de 17.550 euros que aún debe para hacer frente al decomiso, y suspende la pena de prisión a condición de no delinquir en 3 años.

El entramado fraudulento de las tarjetas de transporte falsas

La investigación judicial ha revelado el modus operandi del entramado fraudulento urdido por la funcionaria condenada y el gestor de Valencia para la obtención ilegal de las codiciadas tarjetas de transporte. Aprovechando la necesidad urgente de regularización de numerosos transportistas de Melilla, pactaron tramitar los títulos falseando los requisitos a cambio de elevadas sumas de dinero.

Para ello, contaban con la colaboración necesaria de la jefa de negociado, quien utilizaba su posición para agilizar y aprobar las solicitudes fraudulentas, saltándose los controles y verificaciones preceptivas. De este modo, lograban expedir las tarjetas en un tiempo récord de pocos días, cuando el procedimiento legal requiere semanas o meses.

El gestor hacía de intermediario con la asesoría de Melilla, cobrando 4.000 euros por cada tarjeta falsa, de los cuales 500 iban a parar a la funcionaria corrupta y 3.500 se los embolsaba él. La sentencia no ha considerado probado que la gestoría melillense ni sus trabajadores conocieran la ilegalidad de la trama.

Las consecuencias penales y administrativas del caso

Además de las penas de prisión e inhabilitación impuestas a la funcionaria, el caso tendrá importantes consecuencias administrativas. La sentencia implica la pérdida definitiva de su condición de empleada pública y la imposibilidad de acceder a ningún cargo o empleo en las administraciones durante el tiempo de la condena.

Asimismo, las tarjetas de transporte obtenidas fraudulentamente serán anuladas y retiradas por la Consejería de Transportes valenciana, lo que dejará a decenas de transportistas de Melilla sin la autorización necesaria para trabajar, a menos que puedan regularizar su situación por la vía legal.

El caso ha destapado graves irregularidades y déficits de control en el Servicio Territorial de Transportes, por lo que no se descartan expedientes disciplinarios o incluso otras imputaciones penales si se acredita la implicación o connivencia de más funcionarios en estas prácticas corruptas.

Preguntas frecuentes sobre el caso de las tarjetas de transporte falsas

• ¿Qué requisitos incumplían los vehículos para los que se tramitaron las tarjetas falsas? Principalmente el de antigüedad máxima permitida, ya que se trataba de vehículos demasiado viejos según la normativa de transportes.
• ¿Cuánto dinero se embolsó en total la trama corrupta? Solo la funcionaria condenada obtuvo 36.500 euros, a razón de 500 por cada una de las más de 70 tarjetas fraudulentas tramitadas. El gestor ingresó una cantidad muy superior.
• ¿Cómo se descubrieron los hechos delictivos? La sentencia no lo detalla, pero este tipo de tramas suelen ser destapadas por denuncias internas, investigaciones de inspección o actuaciones policiales.