Un concejal investigado por las ayudas a Serrano en Extremadura niega que fuese un testaferro

El concejal de Economía y Hacienda por Ciudadanos en Galaroza (Huelva) Fernando Román Sánchez Sosa ha negado que fuese un testaferro del ex líder de Vox Francisco Serrano y sus ex socios, en el marco de una nueva investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) relacionada con la petición de tres subvenciones a la Junta de Extremadura por un importe total de seis millones de euros para la construcción de tres fábricas de pellets, en las que se habría empleado un millón de otra ayuda concedida para levantar una fábrica en Niebla.

En el atestado, la UDEF asegura que el concejal fue nombrado administrador único de una de las sociedades que pidió la ayuda, Pellets Herrera, pero que era un "hombre de paja", un testaferro de Serrano y sus ex socios, llegando a afirmar los investigadores que estos extremos fueron reconocidos por el propio edil de Cs en su declaración. Sin embargo, fuentes de la defensa del concejal han confirmado a este periódico que el concejal en su comparecencia ante los agentes nunca admitió que fuese un testaferro, sino que lo que se pretendía era de desarrollar un proyecto empresarial, como cualquier empresario o profesional.

De la misma forma y, en contra de lo que recoge el atestado, el concejal tampoco declaró que abandonó el proyecto porque no había recibido la "compensación económica" que le habían prometido, algo que tampoco reconoció el concejal en su declaración. Por todo ello, el concejal no descarta emprender acciones legales contra los funcionarios responsables de la elaboración del atestado en la que se recogen esas afirmaciones que, insisten, nunca fueron realizadas por el edil de la formación naranja.

De hecho, en la declaración del edil de Galaroza, a la que ha tenido acceso este periódico, Fernando Román Sánchez relata que trabaja como asesor fiscal en un despacho cuyo responsable le propuso participar en el proyecto para la construcción de una planta de pellets en un municipio extremeño. Su colaboración consistía en la constitución de una sociedad -Pellets Herrera- para "canalizar ese proyecto empresarial", del que fue nombrado administrador único.

La sociedad se constituyó en diciembre de 2018, y tan sólo unas semanas después viajó a Mérida donde suscribió un convenio en la sede de la Junta de Extremadura, un convenio a tres partes -también estaban los alcaldes de los municipios donde iban a construirse las tres fábricas- y en enero de 2019 se solicitó la subvención a la Junta de Extremadura, una solicitud que él firmó como administrador de la sociedad.

Ese documento le fue presentado por el responsable de la gestoría, que lo había elaborado junto a los promotores del proyecto, afirmó el concejal, que añadió que en febrero de 2019 se concedió un poder especial por Pellets Herrera al dueño de la gestoría para que él pudiera encargarse de la presentación ante las administraciones de cualquier otro documento relacionado con el proyecto.

Fernando Román comunicó al responsable de la gestoría a finales del verano de 2019 su deseo de "desligarse del proyecto, dado que éste no avanzaba, por lo que se acordó la transmisión de sus participaciones en el capital social" al responsable de la gestoría. En su declaración, el concejal sostuvo que "nunca obtuvo ningún beneficio o contraprestación económica de ningún tipo por sus servicios, ni como administrador de la sociedad ni por ningún otro concepto", tanto por parte de Proyectos e Inversiones Serralba -la sociedad de Francisco Serrano y sus socios- como por parte del responsable de la gestoría, aunque la propia escritura de constitución indicaba que el cargo sería retribuido. De hecho, "nunca" se celebró ninguna junta general donde pudiera haberse acordado el importe que debía haberle sido retribuido, concluyó.

El atestado policial remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla concluye que la constitución de las dos sociedades administradas por testaferros tenían como finalidad que los propietarios de Proyectos e inversiones Serralba obtuviesen fondos públicos europeos y de la Junta de Extremadura para, supuestamente, construir tres plantas de pellet en la comunidad extremeña. Estas operaciones se hicieron a través de las sociedades Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía, que suscribieron en diciembre de 2018 convenios de colaboración con los alcaldes de los municipios extremeños en los que supuestamente iban a levantarse las fábricas de pellets: Herrera del duque, Caminomorisco y Moraleja.