El colegio de ingenieros técnicos en Informática se querella contra el perito del caso Marta por intrusismo y revelación de secretos
caso Marta del Castillo
Asegura que el Ceo de Lazarus "no posee titulación oficial ni pertenece a colegio profesional alguno"
El colegio alertó al juez de que estaba difundiendo el informe del clonado del teléfono de Miguel Carcaño

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha aprobado querellarse contra el perito que elaboró el informe de uno de los teléfonos de Miguel Carcaño y en el que se detectaron seis nuevos posicionamientos y se recuperaron varias imágenes y mensajes de texto del terminal. El colegio ha informado de que la querella se dirige contra Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, por posibles delitos de intrusismo profesional con publicidad, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio.
Los hechos objeto de querella, según ha informado el colegio, se habrían producido durante la intervención de Manuel Huerta como perito informático en la pieza separada que permanece abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla para la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, tras constatar que el "querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno", algo que ya fue comunicado al juzgado en un burofax enviado el 23 de marzo de 2023, dice el colegio, que añade que "se sospecha incluso que carecería por completo de estudios superiores, y contaría tan sólo con estudios de Bachillerato".
Los ingenieros técnicos señalan asimismo que el perito "difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías", en alusión a una serie de mensajes entre Miguel Carcaño y su entonces novia, por lo que entienden que se vulnera el código deontológico de la asociación a la que pertenece el querellado, esto es, la Asociación Profesional Colegial de Peritos del Reino de España (Aspejure).
"Todo ello habría sido realizado para obtener espúreamente una inusitada relevancia mediática, toda vez que el objeto de la pericia nada tenía que ver con la intervención y examen de mensajes o fotografías, sino del geoposicionamiento del teléfono móvil la noche del asesinato de Marta del Castillo. Con ello el querellado ha afectado a una pluralidad de personas en un caso de palmario interés general, como es poder dar por fin sepultura a Marta del Castillo", afirman los querellantes.
Una técnica sin "sustento científico"
Además, los ingenieros técnicos consideran que "existen muy poderosos indicios" de que el perito "habría mentido al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla publicitando conocer una técnica novedosísima para poder geoposicionar el teléfono móvil de Miguel Carcaño la noche de autos en el conocido crimen de Marta del Castillo. La realidad es que dicha novedosísima técnica sería inexistente, careciendo por completo del mínimo sustento científico que la habilite para ser usada como técnica forense mínimamente fiable", por cuanto no consta publicada ni refrendada por la comunidad técnica y científica.
Los resultados, prosiguen, son conocidos, y eran previsibles: "No se dio con ninguna posición novedosa en la noche de autos que permitiera dar con el cuerpo de Marta del Castillo. Tras la elaboración de su informe pericial, el querellado ha provocado nuevas actuaciones policiales infructuosas, de patente coste económico, así como la generación de falsas expectativas a la familia de Marta del Castillo, conducentes a nuevas e infructuosas acciones judiciales, con coste económico para la familia, siendo el coste emocional incuantificable: Habrían sido engañados", señalan.
Con todas estas acciones, concluyen, el querellado "únicamente pretendía dar imagen pública de ser un perito informático de renombre, sirviéndose de un proceso judicial mediático, con el fin de luego pasear por platós de televisión, conseguir notoriedad y, en definitiva, lucrarse de forma espúrea otorgando entrevista y dando charlas técnicas en instituciones y universidades. Para ello habría engañado al magistrado instructor del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla para que se le designara como perito en el caso y poder cumplir así sus objetivos".
El colegio considera además que el experto habría "alargado innecesariamente la elaboración de su dictamen pericial durante años, con el único ánimo de acumular titulares en medios de comunicación. Resulta de gran relevancia la inusitada notoriedad que esta persona se dio en medios, presentándose como perito informático". Asimismo, el querellado "habría participado en diversos documentales relativos al Caso Marta del Castillo, en calidad de perito informático, dando una imagen social de ser un profesional plenamente cualificado y experimentado. Ello le ha llevado incluso a impartir jornadas y formación en el ámbito del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o en diversas universidades, pese a no constar que haya estudiado nunca en ninguna".
Por último, explican que el legislador andaluz restringió esta actividad profesional, supeditándola a la posesión de concretos títulos universitarios y a adscripción obligatoria a colegio profesional, precisamente para "evitar abusos informáticos y poner coto a la lacra del intrusismo profesional en actividades que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos y al interés general, como en el caso de la ingeniería técnica informática".
Los profesionales que integran el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía han mostrado su "solidaridad con la familia de Marta del Castillo, haciéndonos cargo de su dolor y desesperación por encontrar, de una vez por todas, el cadáver de su hija".
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