El colapso de la Audiencia obliga a fijar para 2024 el juicio por el escándalo de las facturas falsas de UGT-A

Ya hay fecha para uno de los juicios más esperados de las macrocausas, que siguen colapsando las salas penales de la Audiencia de Sevilla, que tienen pendientes de celebrar 165 potenciales juicios derivados de estos macroprocesos. En este caso, la Sección Tercera de la Audiencia ha fijado para enero de 2024 el inicio del juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que fue elevado para su enjuiciamiento en mayo del año pasado.

La Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, ha señalado el arranque de las sesiones a la ex cúpula de UGT-A para el 14 de diciembre de 2023, día que se ha reservado para la presentación de las denominadas cuestiones previas, mientras que la vista oral propiamente dicha comenzará tras las navidades. En concreto, la primera sesión se ha señalado para el 15 de enero de 2024 y está previsto que se prolongue hasta el 19 de junio de 2024, según detalla una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, en la que se contemplan un total de 62 sesiones de juicio a lo largo de esos seis meses. El cronograma del juicio, con el orden de las declaraciones y la prácticas de las pruebas propuestas por las partes se anunciará en los próximos meses.

De esta forma, una causa que comenzó en el año 2013 en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla y que se vio retrasada debido a la realización de los complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, no llegará a juicio hasta 11 años después del comienzo de las pesquisas judiciales.

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla remitió en mayo del año pasado a la Audiencia de Sevilla la causa abierta al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas acusadas de delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el día 3 de diciembre de 2019, el instructor acordara por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En un último auto, el juez concluyó que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.

Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa Fernando Soto.

Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.

El fraude del rápel y el bote

El Ministerio Público centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas al sindicato y recoge como mecanismos de defraudación la creación de la central de compras y la utilización de los denominados "rápel" y "bote".

Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana Casado, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.

En cuanto al rápel, el fiscal precisa que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba con los proveedores del sindicato ese rápel, un descuento ante la ingente actividad comercial. Estos descuentos, se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente.