Querella por ocho delitos contra el ex patrón mayor de la cofradía de Sanlúcar de Barrameda

El puerto pesquero de Sanlúcar de Barrameda, con más de un centenar de buques, es el segundo de Andalucía en facturación. Ahora vive una guerra interna, con cruce de denuncias, en la que la Cofradía de Pescadores ha presentado una querella por ocho presuntos delitos contra el anterior patrón mayor (2016-2019), José Antonio Díaz León, al que reprocha haber contratado a dos hijos suyos, dos yernos, un cuñado y otro familiar.

Aseguran que tomó sus decisiones sin contar con los órganos que debían fiscalizar su labor, que percibió un sueldo líquido de 34.000 euros en 2018 y de 30.000 euros en 2019 y que, cuando causaba baja en la organización, recibía su salario en forma de talones al portador encubiertos bajo el concepto de pagos a proveedores.

El abogado de Díaz León, en declaraciones a este periódico, niega las irregularidades, afirma que los hijos fueron contratados por el anterior patrón mayor y atribuye la querella a un intento de “amedrentarle” para que no se presente a las elecciones del 4 de julio.

En la querella, a la que tuvo acceso este periódico, el ex patrón mayor es acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación (al tener la Cofradía de Pescadores la consideración de corporación pública), falsedad documental, delito societario, administración desleal, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La denuncia es consecuencia de una auditoría realizada a instancias de la actual Junta Gestora. Afirma que el denunciado “ha asumido en su persona competencias que no le correspondían, dejando vacías de contenido las facultades de otros órganos de la cofradía”, e “impidiendo las labores de fiscalización” por parte del Cabildo y la Junta General. Sostiene que en todos los ejercicios se produjeron desviaciones presupuestarias que superaron los techos de gasto y no se informó de las modificaciones superiores al 20 % a la delegación de Agricultura y Pesca, tal como está previsto en los Estatutos.

El número de personas y horas contratadas supuso desviaciones de aproximadamente el 74% respecto a la asignación presupuestaria inicialmente establecida, según los querellantes.

La querella se refiere a las contrataciones “ordenadas única y directamente por el patrón mayor" y al hecho de que todos los contratados guarden una relación de parentesco con él: dos hijos, un familiar segundo, dos yernos y un cuñado. Los denunciantes lo consideran una “clara desviación de sus funciones“.

El denunciado: “una campaña orquestada para amedrentarle"

El abogado de Díaz León, Miguel González Saborido, declara que esta querella es respuesta a la que ellos mismos han presentado por las “difamaciones” que los actuales dirigentes difundieron por Sanlúcar. Los dos hijos de Diaz León fueron contratados por el anterior patrón mayor y él se limitó a mantener los contratos anteriores, asegura el letrado. Cree que se trata de una campaña para evitar que se presente a las elecciones, que a su juicio ganará porque es la persona que "ha levantado esta cofradía".

Añade que han pedido a la Junta de Andalucía una comprobación de sus ingresos y asegura que todas sus decisiones estuvieron respaldadas por el secretario y se tomaron “según los Estatutos”.

Una de las peticiones de la querella es que el juez impida a Díaz León presentarse para “garantizar la transparencia del proceso y sobre todo la posibilidad de que, ante un resultado positivo para aquél, se incida en la investigación con la destrucción de pruebaso afecte a los distintos testigos que se presenten”.

Entre otras presuntas irregularidades, la querella indica que la cuenta de Transporte, que en 2017 no tenía aparejada una partida de gastos en los presupuestos, representó mas de 14.000 euros.

La cuenta de Otros Servicios tuvo una desviación de más del 30%, sin que hubiera constancia en ningún acta de Junta General; los Aprovisionamientos mostraron una desviación superior al 65%, representando un gasto de más de 135.000 euros, y la partida de Reparación y Conservación, con una desviación del 142%, significó un gasto de más de 14.000 euros pese al techo de 6.000 euros.

Una de las “más patentes de desviaciones de poder”, según la querella, se produjo en la concesión de microcréditos a los miembros de la cofradía, que “ha sido base para abusos en beneficio de unos”. Afirman los querellantes que, utilizando el “subterfugio” de que ningún préstamo superaba los 6.000 euros, durante un mismo ejercicio se concedió a un mismo armador mas de un préstamo y uno de los buques llegó a acumular una financiación de 19.769 euros.