Un plan de choque combatirá el atasco de los juzgados de lo Social

El edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, al que vuelven varios juzgados de lo Penal de Sevilla provisionalmente.

Un plan de choque que pretende reducir el extraordinario retraso de más 400 días que tardan actualmente los juzgados de lo Social de provincias como Sevilla y Almería en señalar los juicios por despido. En la actualidad, en estas provincias una persona que es despedida e impugna dicho cese tiene que esperar más de un año para que la Justicia resuelva sobre dicho despido. Para tratar de paliar esta gravísima situación que afecta sobre todo a las provincias de Sevilla, Almería y también a Málaga, el Ministerio de Justicia y la consejería de Justicia han acordado iniciar este plan de choque para los juzgados de lo Social de estas capitales.

El director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia, Carlos Rodríguez Sierra, explicó a este periódico que el plan se ha puesto en marcha porque la situación actual es “insostenible” y no se puede consentir una demora de más de 400 días en la celebración de un juicio por despido en Sevilla y Almería, ni tampoco los 270 que se tarda actualmente en la provincia de Málaga. “La Justicia es un servicio público tan esencial como pueda ser la Sanidad y la Educación”, señala Carlos Rodríguez Sierra, que recuerda que “el mal endémico que ha tenido la Justicia en Andalucía ha sido el problema presupuestario y sin presupuesto nada puede funcionar”.

Y como servicio público, continúa el director general, la Justicia debe dar una “respuesta ágil al ciudadano”, algo que no está sucediendo con los pleitos laborales en estas provincias. “No se puede consentir esta demora de más de dos años para celebrar un juicio con lo traumático que es que una persona se quede sin empleo y encima tenga que esperar tanto tiempo para que se celebre el juicio, siendo además una población que en ese momento está desprotegida y desamparada social y económicamente”.

El plan de choque se está actualmente ultimando y previsiblemente entrará en funcionamiento el próximo mes de marzo y consistirá en dotar de más de jueces, letrados de la Administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales– y sobre todo de funcionarios a los juzgados de lo Social de Sevilla, Málaga y Almería, las tres provincias más afectadas por estos retrasos.

El programa tiene en principio una duración de seis meses, a partir de marzo próximo, y en el caso de la Junta de Andalucía, la administración autonómica tendría un coste de unos 175.000 euros, en lo que se refiere a la dotación de los medios personales y materiales.

Las previsiones que recoge el plan contemplan el refuerzo para Sevilla con cuatro jueces y dos letrados de la Administración de Justicia, mientras que la Junta pondría 14 funcionarios, doce del cuerpo de Tramitación y dos de Auxilio judicial. A Almería llegarían dos magistrados de refuerzo y un letrado de la Administración de Justicia, así como seis funcionarios del cuerpo de Tramitación y uno de auxilio.

Por último, en la provincia de Málaga, donde la situación es “menos dramática” que en las otras dos provincias, el refuerzo consistiría en un magistrado y un letrado, pero no habrá nuevos funcionarios mientras dure el plan, sino que se hará con horas extras que realizarán cuatro funcionarios –tres de ellos del cuerpo de Tramitación y otro de Auxilio–.

El director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, confía en que con estos refuerzos se podrá reducir a la mitad el retraso actual en el señalamiento de los juicios por despido. El director explica que un plan similar que se puso en marcha en la comunidad autónoma de Madrid en esta misma jurisdicción permitió reducir al 50% el retraso, situando la celebración de estos juicios en una media de 200 días. “La cifra actual de 400 días para un despido es sangrante. Afortunadamente tenemos un incremento presupuestario que nos puede permitir acometer esta medida”, añade Carlos Rodríguez Sierra.

Este plan de choque en la jurisdicción Social se suma al que viene desarrollándose desde hace tiempo en los juzgados de Primera Instancia con motivo de la avalancha de demandas de cláusulas suelo. Recientemente se acordó la prórroga por otro año del refuerzo en esta materia, que además contará a partir de febrero con dos magistrados más de refuerzo, junto a los 19 funcionarios con los que cuenta el juzgado específico.

Sevilla tendrá un juzgado contra la violencia machista

Sevilla tendrá previsiblemente el próximo año un juzgado de lo Penal con competencia exclusiva en violencia de género, algo que hasta ahora no había ocurrido. Se trata del juzgado de lo Penal número 16, que entrará en funcionamiento el 31 de marzo de 2020, junto a los otros dos nuevos órganos judiciales que se crearán en Sevilla el año que viene: el juzgado de Primera Instancia número 30, con competencia exclusiva en materia de Familia y el juzgado de lo Social número 12.

La creación de estos tres nuevos juzgados en Sevilla supondrá asimismo la incorporación de 27 nuevos funcionarios de Justicia: nueve del cuerpo de Gestión, 13 de Tramitación y cinco de auxilio judicial. Además, la Consejería de Justicia ha implantado ya las oficinas fiscales en Sevilla y Dos Hermanas, y ha iniciado las oficinas judiciales de Sevilla, Dos Herrmanas, Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar la Mayor y Utrera.

Cuatro juzgados de lo Penal se trasladarán a partir de enero a la sede judicial del Prado de San Sebastián

Hasta cuatro juzgados de lo Penal de Sevilla se trasladarán a partir de enero a la sede judicial del Prado de San Sebastián. Tres de ellos –los penales número 13, 14 y 15– lo harán previsiblemente a finales de enero, mientras que el juzgado Penal número 16 entrará en funcionamiento en el mes de marzo, dado que se trata de un órgano judicial de nueva creación, dentro de la programación de nuevos órganos prevista para el año 2020.

Estos cuatro nuevos juzgados de lo Penal se ubicarán en la segunda planta de la sede judicial del Prado de San Sebastián, donde en principio la Consejería de Justicia tenía previsto llevar los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer, pero al final este traslado se rechazó porque en el Prado no se reunían las condiciones de seguridad, por ejemplo no había separación entre la víctima y el agresor, y tampoco estaba prevista la separación entre los familiares de unos y otros.

Además no contaban con dependencias para separar el juzgado de guardia de violencia, lo que obligaba a mantener prácticamente abierto el edificio de los juzgados del Prado las 24 horas del día. “Ni acometiendo obras y mejorar podría cubrir el 50% de las necesidades que ahora cubre la sede actual de los juzgados de Violencia sobre la Mujer”, explica el director de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, que explicó que también se había previsto hacer las dependencias del juzgado de guardia en las habitaciones del juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pero al final se descartó toda la operación.

Ahora la Consejería de Justicia aprovechará las obras que se hicieron para el traslado de estos juzgados para ubicar cuatro juzgados de lo Penal, una medida que se considera “menos dañina” que trasladar juzgados de otra jurisdicción. En cualquier caso, el director de la Oficina Judicial y Fiscal precisa que esta nueva ubicación para estos cuatro juzgados de lo Penal es una “medida provisional hasta el traslado definitivo a la Ciudad de la Justicia”, asevera Carlos Rodríguez Sierra.