El chófer de la cocaína, de nuevo en prisión

Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, está de nuevo en prisión. El chófer de la cocaína, que ya estuvo en prisión provisional unos meses tras su detención en la macrocausa de los ERE, volvió a ingresar en prisión el 6 de noviembre de 2018 para cumplir una condena de 18 meses impuesta por el juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, por no haber declarado a Hacienda una de las subvenciones que precisamente le había concedido Javier Guerrero.

El juicio se celebró en septiembre de 2016 y en el mismo Juan Francisco Trujillo aceptó una condena de 18 meses de prisión, el pago de una multa de 660.000 euros y el desembolso de otros 164.000 euros en concepto de responsabilidad civil por un delito contra la Hacienda Pública.

Trujillo se declaró insolvente para no hacer frente a los pagos y el juzgado, a la hora de ejecutar la condena, ha ordenado su ingreso en prisión por no haber hecho frente a la responsabilidad civil, aumentando la pena impuesta en función del impago de estas cantidades, que se sustituyen por días de privación de libertad. De esta forma, el que fuera chófer de Guerrero, que en su día aseguró que entre él y Guerrero se gastaron el dinero de estas ayudas en fiestas, regalos y cocaína, tendrá que permanecer en prisión hasta el 1 de julio de 2020, según han confirmado fuentes judiciales.

A esta condena, se suma una segunda dictada en diciembre de 2017 por el juzgado de lo Penal número 1 de Jaén, que ha condenado a Juan Francisco Trujillo a un año de prisión por otro delito contra la Hacienda Pública. En este caso, el juzgado considera que el chófer no abonó 150.860 euros en impuestos relacionados con la percepción de otra de las subvenciones que, por importe de 450.000 euros, le había concedido su jefe, aunque la pena impuesta la mínima porque se le ha aplicado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas porque la causa estuvo tres años paralizada, entre 2013 y 2016, después de que la entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se inhibiera de juzgar este delito a favor de los juzgados de de Andújar.

Esta segunda condena del juzgado de lo Penal número 1 de Jaén está en fase de ejecución y, al igual que en el caso anterior, Trujillo no ha abonado la multa impuesta, circunstancia por la que además del año de prisión tendrá que cumplir otros 300 días en concepto de responsabilidad personal subsidiaria por dicho impago.

De esta forma, una vez que en julio de 2020 el chófer de la coca cumpla la primera de las condenas, tendrá que comenzar a cumplir estos casi dos años más de cárcel, según han explicado las mismas fuentes.

La última ocasión que compareció ante un tribunal el chófer de Guerrero fue el pasado 22 de mayo de 2018, cuando declaró como testigo en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE -donde han sido juzgados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, en el que Trujillo afirmó que Guerrero le había comentado que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control".

En su declaración en la fase de instrucción de la macrocausa de los ERE, Trujillo confesó que con el dinero de los fondos públicos llegó a comprar hasta 25.000 euros al mes en cocaína, sustancia que consumían él y su jefe "a cualquier hora". El antiguo conductor del ex alto cargo explicó que fue el propio Guerrero quien le presentó a una persona que sabía donde podía conseguir la cocaína y añadió que el ex director de Trabajo le comentó que esa sustancia "le mantenía despierto".

En aquella comparencia, la juez Mercedes Alaya le imputaba inicialmente un total de 11 delitos pero cuando terminó de declarar el número de delitos que se le atribuían se duplicó.

Ayudas por importe de 1,4 millones

Además de estas dos condenas, Juan Francisco Trujillo tiene todavía pendiente el juicio por las ayudas que recibió de los ERE, en el que se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 14 años. En concreto, el Minsiterio Público reclama sendas condenas de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con las ayudas que por importe de 1.475.028,01 euros le concedió el primero y parte de las cuales fueron empleadas en la compra de regalos y cocaína.

Además de Guerrero y Trujillo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer.

En el escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público reclama asimismo que Guerrero y Trujillo indemnicen a la Junta con 900.000 euros; mientras que Guerrero, Truijillo e Isidoro Ruz deberán abonar otros 450.000 euros de otra ayuda. Por último, los acusados Guerrero, Trujillo y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín deberán abonar otros 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer.

El fiscal ha pedido además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable “a título lucrativo” de parte de las ayudas que recibió su marido.

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción relata que el ex director de trabajo y su chófer “idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fonos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades –Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades “para financiar falsos proyectos de inversión”.

Después, puestos de común acuerdo y “con ánimo de ilícito enriquecimiento” con un tercer investigado –Isidoro Ruz- decidieron que éste presentara como promotor ante la Dirección General de Trabajo “un proyecto, sin fecha, para el emplazamiento de una granja avícola en el cual como financiación de la inversión se disponía de una subvención de 450.000 euros”.

En la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a estas tres sociedades, precisa la Fiscalía, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido, concediéndose por el encausado Guerrero Benítez sin competencia para ello, sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, sin que se acreditare el carácter excepcional de las ayudas, sin que se dictara resolución motivada de concesión con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias, no sometiéndose a ningún tipo de fiscalización de la Intervención y sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos”.