El chatarrero confiesa los pagos habituales a los agentes del grupo de Estupefacientes de Alcalá de Guadaíra

El chatarrero que está investigado en la causa en la que se investiga a cinco policías nacionales del grupo Antidroga de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra reconoció los pagos habituales a los funcionarios cada vez que éstos le entregaban efectos intervenidos en las operaciones contra las plantaciones de marihuana y cuyo destino inicial debía ser la destrucción de los mismos. Así lo reconoció el responsable de la empresa de reciclado F. J. O. G., quien de forma "espontánea" manifestó a los funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos tras su detención que de manera habitual abonaba determinadas cantidades a los miembros del grupo de Estupefacientes, quienes acudían regularmente a su empresa con la intención de solicitarle los servicios de "desmontaje y destrucción de balastros, lámparas, cables, etc." que eran incautados en las diferentes operaciones policiales que realizaban por los cultivos de marihuana indoor.

En esa declaración espontánea, el chatarrero explicó la dinámica de su relación con los agentes, de tal forma que cada vez que retiraba el material intervenido en las operaciones policiales y lo trasladaba a su empresa, los policías "le requerían una cierta cantidad de dinero por el 'achatarramiento', accediendo a pagarles cantidades que variaban, según la partida recogida, entre 120 y 200 euros", dinero que les entregaba personalmente a los policías sin que mediara ninguna institución pública, "no dejando trazabilidad en su empresa del dinero acordado, si bien en alguna ocasión les había entregado algún albarán con la cantidad acordada a nombre del Cuerpo Nacional de Policía", destaca la unidad de Asuntos Internos en el atestado remitido al juzgado de Alcalá que investiga este caso de presunta corrupción policial.

Accedía a pagarles entre 120 y 200 euros cada vez que le llevaban objetos incautados

Según este investigado, los policías "se quedaban ilícitamente con los aires acondicionados que se encontraban en las referidas plantaciones para venderlos por su cuenta". De hecho, los investigadores citan una conversación intervenida al principal imputado, el subinspector J. A. D. G., en la que éste le manifiesta a su superior jerárquico que de la chatarrería se encargaba él: "...el tío tiene lo menos 40 aires acondicionados, que eso ya me encargo yo con la chatarrería".

De la misma forma, Asuntos Internos informa al juzgado de las manifestaciones "espontáneas" realizada por uno de los detenidos en la organización dedicada al tráfico de drogas que ha sido desmantelada, en la que daba cuenta de los pagos que supuestamente venían realizándose a los miembros del grupo de Estupefacientes para evitar la persecución policial de sus actividades: "Yo no trafico con drogas.Yo me gano la vida como puedo porque tengo familia y sobrevivimos para salir adelante. En La Rabesa, si traficas fuerte, al día siguiente te tiran la puerta abajo", decía este imputado, que añadía que la última vez que lo detuvieron "con unas pocas plantas que tenía sembradas, cuando pude leer el atestado nada ponía de los aparatos y las cosas que se llevaron de mi casa. ¿Dónde están? ¿Qué se hizo con eso? y además me pusieron más marihuana de la que realmente había, porque me querían buscar una ruina. Así es cómo lo hacen, si supones una amenaza te buscan una ruina y si no les tienes contentos pues te tiran la puerta abajo. Mira cómo a algunos que pueden permitirse buenos abogados nunca les tiran la puerta abajo".

El subinspector y otro agente siguen en prisión

De los cinco policías que fueron detenidos por Asuntos Internos en la operación policial realizada en septiembre pasado, dos de ellos continúan actualmente en prisión. Se trata del subinspector del grupo de Estupefacientes J. A. D. G. y otro miembro del grupo, a quienes el juez de Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra ha rechazado su puesta en libertad al considerar la gravedad de los delitos que se les atribuyen y el elevado riesgo de fuga, así como de que pudieran influir en el resto de investigados o testigos del caso.

En concreto, en noviembre pasado el juez rechazó la petición de libertad de J. A. D. G., que está imputado por diez delitos: delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, contra la administración pública, descubrimiento y violación de secretos, contra el patrimonio, falsedad documental, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas.

El juez concluye que el subinspector ha liderado junto con Momi la organización”

La defensa del subinspector alegaba en su petición que no existían indicios de la comisión de delitos y que su imputación era "genérica y global", a lo que el juez respondió que simplemente de las intervenciones telefónicas practicadas durante los meses de investigación se desprende que el funcionario "ha liderado junto con Momi la organización", al tiempo que rechaza que todos los actos investigados serían parte de la labor policial, puesto que, según el auto, "no consta que se hubiera procedido por el investigado o miembros del grupo de Estupefacientes según el protocolo de actuación respecto a los confidentes".

Es más, el juez subraya que los indicios existentes llevan a concluir que el grupo de Estupefacientes "colabora con el grupo de tráfico de drogas, teniendo por ende roles y cargos específicos cada uno de los investigados y todo ello de común acuerdo", y el hecho de "colaborar con Momi y no proceder a su investigación a sabiendas de que lidera una organización de tráfico de drogas ya es indicio suficiente para considerar la concurrencia del tipo 407 y siguientes del Código Penal", que castiga la omisión del deber de perseguir delitos.

Así, el magistrado hace hincapié en que el riesgo de fuga subsiste porque el subinspector "es el líder y su participación es la mayor, así como los indicios que existen contra él", al tiempo que su cualidad de mando policial "pudiera influenciar o amedrentar a posibles perjudicados y testigos que faltan aún por comparecer y declarar en sede judicial".

Con respecto al otro agente que sigue preso, el juez dictó el pasado viernes un auto denegando igualmente la petición de libertad en el que pone de manifiesto que su situación no es la misma que la de los otros tres agentes que están en libertad con cargos, puesto que "constan conversaciones en las que claramente habla de vender droga incautada policialmente así como otras en las que se deduce, sin lugar a dudas, cómo repartiría los bienes decomisados en su función de policía", por lo que los indicios no son los mismos y el riesgo de fuga se mantiene por las elevadas penas de los delitos que se le atribuyen.