El CGPJ confirma el destino del juez que investigará los contratos del SAS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado al magistrado José Antonio Gómez como nuevo titular del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, encargado de investigar la denuncia del PSOE sobre las prórrogas de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024.

La plaza fue adjudicada recientemente de forma provisional al juez José Antonio Gómez y ahora la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces ha confirmado dicho destino, si bien el magistrado no se incorporá previsiblemente hasta el próximo mes de enero, una vez que se publique el resultado del concurso de traslado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

José Antonio Gómez, que ingresó en la carrera judicial hace más de 20 años, sustituirá al Juez de Adscripción Territorial (JAT) Francisco Javier Santamaría, que incoó las diligencias previas y ha citado ya como querellados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Valle García y a sus antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. El juez Gómez, de 54 años, solicitó la plaza del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en un reciente concurso.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una auténtica batería de diligencias en la causa abierta por los contratos de Emergencia del SAS. El Ministerio Público pidió al instructor -y éste así lo ha acordado- que se requiriera al SAS para que aporte en el plazo de un mes todos los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por su servicio central entre 2021 y 2023, como la justificación de dicha contratación.

En este sentido, el escrito que firman los fiscales Manuel Fernández Guerra -que también ha intervenido en la investigación y enjuiciamiento del caso de los ERE- y María José Sánchez solicita que se requiera al SAS "cualquier documentación obrante en sus archivos relativos a dichos expedientes (informes jurídicos, consultas a la Intervención, comunicaciones con proveedores, borradores de contratos,...)". También se ha pedido la entrega de cualquier expediente derivado de las contrataciones efectuadas bajo dichos expedientes, "como modificaciones en cuantía y plazo o en cualquier otro elemento de los mismos, justificación de la ejecución del contrato, reclamaciones o quejas derivadas de su objeto".

Y en este sentido, el escrito de la Fiscalía, también plantea y así lo ha decidido el instructor en una providencia dictada con fecha de ayer -13 de noviembre-, que se requiera a la Junta de Andalucía para que aporte "todo expediente derivado de los contratos que hayan sido objeto de tramitación para acuerdos del Consejo de Gobierno".

El juez ha solicitado asimismo documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) -relativa a instrucciones o informes sobre la tramitación de expedientes por procedimiento de emergencia-, a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. A la Junta de Andalucía también se ha reclamado que aporte "todo expediente tramitado para la aprobación por el Consejo de Gobierno del acuerdo de 6 de octubre de 2020, por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el Control Financiero Permanente".