La queja de Castaño contra el juez que le impuso las "arbitrarias" costas de 1,5 millones en un pleito del Betis

El abogado y ex consejero del Betis Manuel Castaño ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez de lo MercantilJavier Carretero, al que atribuye una actuación "manifiestamente arbitraria, injusta y contraria a Derecho", en relación con las costas de 1,5 millones de euros que el magistrado le impuso y que "multiplicaban por cinco" los honorarios profesionales considerados como razonables por parte del Colegio de Abogados de Sevilla. 

Estas costas, que Manuel Castaño ha abonado en septiembre de 2019 y febrero de este año -y que al final le han supuesto un desembolso cercano a los dos millones de euros, al haber tenido que hacer frente a las costas, intereses e impuestos-, fueron impuestas a raíz de la demanda que los ex consejeros del Betis Manuel Castaño, Ángel Vergara y Jaime Rodríguez Sacristán presentaron en 2012 sobre la impugnación de la Junta General de Accionistas del club celebrada el 22 de diciembre de 2011, en la que denunciaban errores o irregularidades contables, como por ejemplo la infravaloración de futbolistas que ya no pertenecen a la entidad -Ricardo y Odonkor-. El juez Carretero desestimó la demanda y la Audiencia también rechazó el recurso que presentaron los ex consejeros, por lo que los ex consejeros fueron condenados a pagar las costas del proceso.

En la queja ante el máximo órgano de gobierno de los jueces, Manuel Castaño reclama la apertura de un expediente disciplinario al magistrado y denuncia que se ha visto "gravemente perjudicado como consecuencia de una actuación absolutamente abusiva y pasional, por motivos personales, así como arbitraria, irracional e injusta" por parte del juez Carretero, quien, según la reclamación del letrado, realizó una "desmesurada tasación de costas" que debía haberse fijado sólo en unos 4.000 euros. Castaño explica que la tasación se efectuó sobre 67 millones cuando "la cuantía del procedimiento era indeterminada, lo que conllevaba que las costas se calculasen sobre 18.000 euros".

Como quiera que no estaba de acuerdo con la decisión del juez, se solicitó un informe al Colegio de Abogados de Sevilla, que concluyó que las minutas presentadas por el abogado del Real Betis y el letrado de la Administración concursal, por importes de 791.454,75 euros más IVA y 395.727,37 euros más IVA, respectivamente, "podrían entenderse excesivas, considerándose más razonables, unas por importes de 100.000 y 50.000 euros, respectivamente, incrementadas con el IVA que corresponda", según el informe emitido por el colegio de abogados con fecha 10 de enero de 2019, al que ha tenido acceso este periódico. 

Pero el juez de lo Mercantil, prosigue la queja ante el CGPJ, lejos de tener en consideración ese informe del colegio de abogado, fijó unas cuantías que son "cinco veces superiores a la señaladas" por la institución, fijando unos honorarios de 605.000 euros para el letrado del Real Betis, y de 302.500 euros para el abogado de la Administración concursal. Esta desviación del magistrado respecto al criterio del Colegio sevillano es "insólita y absolutamente excepcional, pues no tiene precedentes ni en ese juzgado mercantil, ni en ningún otro órgano judicial de España y deja patente la absoluta arbitrariedad con la que ha actuado el juez".

El argumento de un club centenario

En el auto en el que impuso las millonarias costas, el juez Carretero aludió a la "extraordinaria situación judicial" del Real Betis y a los cien años de historia de la entidad. "Sin poder olvidar la vorágine de una extraordinaria situación judicial de medidas cautelares penales con suspensión del paquete mayoritario de acciones de la entidad y su propia situación concursal, a lo que se unen las particularidades de su negocio y sus magnitudes económicas al tratarse de una sociedad anónima deportiva, entidad con más de 100 años de historia como es el Real Betis Balompié", argumentaba el auto dictado con fecha 28 de mayo de 2019.

Sobre este fundamento, Castaño expone no alcanza a comprender cómo afectaba la situación de litigiosidad del Betis en aquel momento al objeto del procedimiento ordinario, que estaba limitado exclusivamente a la impugnación de concretos acuerdos de la junta general ordinaria y extraordinaria del Real Betis, celebrada el 21 de diciembre de 2011, ni tampoco entiende la influencia que la antigüedad del club pudiera tener en relación con el procedimiento y su resolución, puesto que los demás litigios que afectaban al club "generarían sus propias costas, como no puede ser de otra manera".

Las alusiones del juez a la extraordinaria situación judicial o a los más de 100 años de historia del Betis son indicios que, a juicio del ex consejero, "apunta a la existencia de un ejercicio jurisdiccional desempeñado por el juez teniendo en consideración principalmente sus sentimientos hacia el Real Betis, así como su intención de favorecer a los letrados de dicha entidad, y en claro abuso de su autoridad. En este sentido, no podemos olvidar que, como se ha señalado por el propio juez en redes sociales, es un 'bético de a pie', 'con orgullo'. En otro caso, desconoce el firmante de esta queja cuáles habrían sido los espurios motivos que llevaron al juez a adoptar una resolución tan arbitraria, injusta e irracional".

Como un ejemplo más de las "erróneas y desproporcionadas" costas que le fueron impuestas Castaño señala que en la segunda instancia, en la Audiencia de Sevilla, se estimaron sus impugnaciones y, en consecuencia, se fijaron las costas del letrado en 50.000 euros más IVA, sobre la base del informe emitido por el Colegio de Abogados, al entender la Audiencia que "no estaba limitada ni condicionada por lo ya resuelto en primera instancia".

Por todo ello, la queja concluye pidiendo al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ que instruya el "oportuno expediente disciplinario al juez" y le imponga "las sanciones que proceden conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas que resulten de aplicación", señala la queja presentada con fecha del 4 de octubre pasado. Antes de acudir en queja al máximo órgano de gobierno de los jueces, el ex consejero bético había presentado una querella por prevaricación contra el mismo juez, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).