Análisis
Joaquín Aurioles
Política y economía, conflicto de poderes
El caso de los ERE
Un año entre rejas y sin poder disfrutar de ningún permiso de salida. Este es el balance de los primeros 365 días que han pasado privados de libertad siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados por malversación en relación con el caso de los ERE. Este primer año de cumplimiento de la condena -que se cumple mañana para el primero de los condenados que entró en prisión- llega cuando la Audiencia de Sevilla está tramitando los informes preceptivos respecto a los indultos que todos los ex altos cargos han solicitado al Gobierno.
De los 9 ex altos cargos condenados a penas de prisión, sólo siete de ellos ingresaron finalmente en un centro penitenciario -en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva-, dado que la Audiencia suspendió durante cinco años el ingreso en prisión del ex presidente José Antonio Griñán debido al cáncer que padece y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera aunque llegó a entrar en prisión obtuvo el tercer grado también por motivos de salud.
La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo fue la primera en ingresar voluntariamente el 28 de diciembre en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por un delito de malversación por el caso de los ERE. Y entre los días 1 y 2 de enero de 2023 lo hicieron otros cuatro ex altos cargos condenados, cuando se cumplían precisamente los diez días que el tribunal les concedió para entrar de forma voluntaria.
El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ingresó el día 1 en la prisión de Puerto III, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Al día siguiente el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguila entraron en la prisión de Sevilla-I, mientras que el ex consejero de Empleo José Antonio Viera eligió la prisión de Huelva.
Unos meses más tarde, en concreto, el 11 de abril de este año, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá entró en Puerto III para cumplir su condena de siete años y un día de prisión por el caso de los ERE. Barberá ingresó en el centro penitenciario después de que la Audiencia de Sevilla le denegase la suspensión de la pena solicitada debido a la enfermedad que padece este ex alto cargo.
Tras recibir los informes solicitados al médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) y a los servicios médicos penitenciarios, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la suspensión solicitada. En este caso y, a diferencia de lo que ocurrió con Griñán, los magistrados de la Audiencia consideraron que Barberá “no padece por tanto una grave enfermedad, cuya permanencia en prisión suponga un riesgo para su vida”, ya que, aunque “es cierto que padece una enfermedad grave incurable”, el tratamiento descrito “puede ser dispensado” en el centro penitenciario, “con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido”.
De los siete que entraron inicialmente en prisión, sólo uno de ellos ha accedido al tercer grado y por motivos de salud. Se trata del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, quien en junio de este año logró este beneficio penitenciario, el primero y el único concedido hasta ahora a los presos de los ERE. José Antonio Viera, de 77 años, entró en prisión el pasado 2 de enero para cumplir su condena y tras pasar seis meses en la cárcel Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado.
Un año después de su ingreso en prisión, los ex altos cargos condenados por el caso de los ERE se han adaptado a la vida carcelaria, al reglamento penitenciario y a las limitaciones que conlleva la privación de libertad, según han confirmado a este periódico fuentes penitenciarias. Se han adaptado, lo que no quiere decir que el proceso haya sido fácil para personas de cierta edad y que hasta ahora no habían tenido ningún problema de este tipo.
En cualquier caso, los ex altos cargos no han protagonizado ningún incidente y no han tenido que ser objeto de ningún parte o sanción, han añadido las mismas fuentes. Es decir, pasan desapercibidos y no han dado ningún problema desde su encarcelamiento, tanto los que están en Sevilla como en otros centros penitenciarios.
Dado su perfil penitenciario todos han acabado en módulos de "respeto". Los que están en Sevilla-I (Francisco Vallejo, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar) están alojados en el módulo 102 e incluso los dos primeros comparten celda. En este módulo de respeto están con internos de más de 65 años e incluso hay aglunos reclusos que tienen hasta los 80 años. Se trata de presos que no son agresivos.
En cuando a la vida carcelaria, los ex altos cargos tienen mucho tiempo para acudir a la bibloteca o para pasear en unos jardines que hay al fondo de la unidad, y también para leer o ver la televisión. Las fuentes consultadas han explicado que incluso alguno de los ex altos cargos dedican parte de su tiempo a dar "charlas a otros internos", puesto que son personas en la mayoría de los casos con una buena formación académica y que han desempeñado cargos relevantes en la administración pública, con lo que superan el nivel de estudios que se suele ver en las cárceles españolas.
La junta de tratamiento de la cárcel de Sevilla-I propuso que los tres ex altos cargos que están en este centro –el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano– fuesen clasificados en segundo grado penitenciario, el régimen que disfruta la mayoría de la población reclusa española y que se otorga a los condenados que no son considerados peligrosos o con incapacidad para adaptarse, según confirmaron a este periódico fuentes penitenciarias.
Esta misma clasificación en segundo grado es la que se aplicó al resto de ex cargos socialistas que están cumpliendo condena por los ERE: la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, que está en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra; y los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández -que ingresó en Puerto-III- y José Antonio Viera, que ingresó en la prisión de Huelva pero al que finalmente se concedió el tercer grado por motivos de salud.
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