El Ayuntamiento socialista de Villanueva del Ariscal denuncia al anterior alcalde (PP) por prevaricación

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Los denunciantes creen que Martín Torres mantuvo al tesorero municipal en el cargo aun a sabiendas de que lo ocupaba "sin habilitación legal", como le fue notificado por la Junta de Andalucía en 2019

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Martín Torres fue alcalde de Villanueva del Ariscal entre 2015 y 2023 y ahora es portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
Martín Torres fue alcalde de Villanueva del Ariscal entre 2015 y 2023 y ahora es portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. / PP

El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, ahora en poder del PSOE, ha denunciado en los juzgados a quien fuese alcalde entre 2015 y 2023, Martín Torres (PP), por mantener en el cargo de tesorero municipal a una persona “sin habilitación legal” para ocupar ese puesto. La denuncia ha sido interpuesta en los juzgados de Sanlúcar la Mayor por el abogado Juan Andrés Silva de los Reyes, que solicita que se incoen diligencias para investigar a Torres, actual portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento.

En su relato de hechos, el Consistorio recuerda que el interventor municipal formuló el pasado 25 de marzo una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que aseguraba que se había enterado de que “la persona que está ocupando el puesto de Tesorería del Ayuntamiento lo ejerce sin tener habilitación legal para ello”. “Su plaza es la de administrativo, no obstante lleva ocupando el puesto de tesorería varios años sin tener aprobadas las oposiciones de habilitado nacional y sin que haya tenido autorización para ello por parte del órgano competente de la comunidad autónoma de Andalucía”, añade.

El interventor, según el Ayuntamiento, planteó esa denuncia “sin ponerla en conocimiento de ningún órgano o personal municipal”. Y lo hizo, “al parecer”, tras saber de la existencia de una resolución de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, fechada el 5 de marzo de 2019, en la que “se decretaba el desistimiento del Ayuntamiento del nombramiento con carácter accidental” del tesorero en cuestión, quien “a la postre ha venido ejerciendo dicho cargo desde su nombramiento el 14 de marzo de 2018 sin solución de continuidad” hasta que fue cesado precisamente “con motivo de los presentes acontecimientos” el pasado 7 de junio. 

La resolución del Gobierno andaluz fue registrada en el Ayuntamiento de Villanueva el 13 de marzo de 2019. Es decir, cuando Torres era alcalde. De hecho, prosigue la denuncia, ese documento administrativo “fue notificado al denunciado, entonces alcalde”, así como a una concejala que ya ha fallecido, a la secretaria municipal y al interventor municipal en aquella época.

Según el Ayuntamiento, el entonces alcalde “debió cesar al señor tesorero”, quien por su parte alegó “no haber tenido conocimiento de la imposibilidad legal de poder ejercer el cargo”. El abogado del Consistorio denuncia que Torres mantuvo en el cargo al tesorero y que este, “seguramente debido a la falta de pericia o preparación para el puesto que ejercía”, ha acabado como investigado “en algunas causas penales por malversación de caudales y prevaricación administrativa” en las que el propio municipio interviene como acusación.

La denuncia enumera dos procesos judiciales en concreto. En uno, que está pendiente de enjuiciamiento en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, el tesorero aparece como “coacusado”. Y por otro lado está en la fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor otro caso en el que el otrora empleado municipal también figura como investigado.

Paradójicamente, como resalta la denuncia, en estos dos procedimientos interviene como denunciante el propio Martín Torres. “Con evidente cinismo ha procedido a denunciar presuntas irregularidades supuestamente cometidas por sus rivales políticos sin recordar que el tesorero debió ser cesado en su día, cuestión trascendental que omitió y de la que se han derivado prejuicios graves para el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal”, apunta el letrado.

El Consistorio, sin perjuicio de lo que ocurra durante una eventual investigación judicial, atribuye a Torres un delito de prevaricación administrativa, tal como se recoge en el artículo 404 del Código Penal, por omisión.

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