Las autopsias hechas en Sevilla revelan que el 42,7 por ciento de las muertes no fueron por causas naturales
La mayoría fueron por accidente y en nueve casos no se pudo establecer la causa del fallecimiento
Los forenses realizaron 1.116 análisis post morten y certificaron 635 fallecimientos por causas naturales, 277 accidentales, 177 suicidios y 18 homicidios
Los forenses del Instituto de Medicina Legal (IMLCF) de Sevilla -dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública- realizaron el año pasado 1.116 autopsias que revelaron que el 57% de las personas fallecieron por causas naturales (635) y un 42,2% fueron muertes calificadas como violentas, la mayoría por accidentes (277) si bien también certificaron 177 suicidios y 18 homicidios. En 9 casos no se pudo determinar la causa del deceso.
Son algunos de los principales datos de la memoria anual del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que refleja que en los casos de suicidios, el principal método fue utilizando un transporte, a diferencia del resto de provincias andaluces donde la mayoría de las personas que se quitaron la vida se ahorcaron. El Servicio de Patología Forense también realizó 1.395 informes especiales: 975 análisis químico-toxicológicos, 405 estudios histopatológicos (para detectar enfermedades a partir de los tejidos) y 15 exámenes complementarios.
Por otro lado, el Servicio de Psiquiatría Forense donde se realizaron 5.007 periciales sobre posibles incapacidades (971), internamientos involuntarios (2.197), la imputabilidad de un detenido y/o procesado (467) o drogadicciones (692), entre otros.
En cuanto al Servicio de Clínica Forense, durante 2023 emitió 7.175 informes de lesiones por agresiones, 1.317 por siniestros de tráfico y otros 165 por heridas accidentales, 18 exámenes para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados y 29 estudios por denuncias de malas prácticas médicas (el Servicio de Patología practicó 15 autopsias por este tipo de denuncias con resultado de muerte).
La memoria recoge asimismo las actuaciones realizadas durante las guardias, un total de 3.105 actuaciones, principalmente exámenes e informes sobre casos de lesiones por agresión (866), presuntos delitos de violencia de género (609) y agresiones sexuales (154).
Aunque las mayor parte del trabajo que realiza el Instituto de Medicina Legal es a petición de jueces y fiscales, desde 2016 los andaluces pueden solicitar una pericial para la valoración de daños producidos en accidentes de tráfico en casos de reclamaciones extrajudiciales. Así, el año pasado, se recibieron en el IML de Sevilla 565 solicitudes de periciales de tráfico extrajudiciales y se realizaron 385 informes remitidos tanto a las aseguradores como a los interesados.
Para acceder a este servicio, es preciso presentar una oferta motivada de la compañía aseguradora y una solicitud, cuyo formulario está disponible en la web de la Consejería (https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/16833.html), donde se puede presentar telemáticamente con certificado electrónico. La misma debe incluir el consentimiento expreso de la persona perjudicada, o de sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad, para el acceso a su historia clínica.
Este servicio cuenta con una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) que el año pasado llevó a cabo 676 citaciones de mujeres, hombres denunciados y menores para su valoración por parte de los médicos forenses especializados, los profesionales psicólogos y trabajadores sociales que emitieron informes sobre riesgos y daños, así como asuntos civiles.
Los forenses elaboran diferentes análisis e informes también a personas vivas para tratar de determinar lo mejor posible las causas y circunstancias de los decesos o lesiones. Además su testimonio en los procedimientos judiciales resulta fundamental para la labor de quienes deben dictar sentencia.
De hecho, el año pasado los profesionales sevillanos recibieron 1.441 citaciones judiciales, una cifra muy elevada ante la que la dirección del IMLCF solicita que se les permita declarar por videoconferencia con mayor frecuencia para evitar la “importante distorsión en el funcionamiento del día a día” que implica acudir a los juzgados a declarar, con las consiguientes esperas por los retrasos frecuentes de las sesiones y las suspensiones que a veces se producen.
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