Un auditor apreció en el año 2012 un “potencial riesgo de menoscabo” de fondos públicos

El auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía Carlos Vaz Calderón ha afirmado este miércoles en el juicio del denominado “procedimiento específico” de los ERE que apreció en el 2012 un “potencial riesgo de menoscabo” de fondos públicos cuando examinó las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.

El testigo, que ha comparecido en la 73 sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha precisado que aunque tiene alguna “discrepancia” con el informe definitivo de fiscalización de las ayudas sociolaborales del periodo 2001-2010, que elaboró la Cámara de Cuentas de Andalucía, lo asume como propio en su “generalidad”.

Así, ha explicado con respecto a las subvenciones que si se no se ha seguido un procedimiento para su concesión, se han gastado sin consignación presupuestaria y sin control, esto representa una situación “potencialmente dañosa” que, desde su punto de vista era “irrelevante”, dado que era una opinión “subjetiva” porque es la Intervención la que debe pronunciarse sobre ese posible menoscabo. No obstante, ha acabado afirmando que detectó en el año 2012 un “potencial riesgo de menoscabo”.

Sobre las transferencias de financiación ha indicado que es una cuestión presupuestaria de la Consejería de Empleo y que el IFA/IDEA, como entidad que actuaba como caja pagadora no puede tomar decisiones sobre lo que ha decidido la entidad “matriz”, porque quien tiene capacidad de ejecutar el presupuesto es la Consejería de Empleo. Por ello, ha destacado que si IDEA hubiera asumido por completo la “actividad subvencionadora” sobre el programa 31L, el problema no habría existido, porque las ayudas habrían estado sujetar a Control Financiero Permanente.

Cuando el fiscal delegado de Anticorrupción le ha preguntado al testigo por qué se hizo de esta forma, Carlos Vaz ha dicho que en algún documento se afirma que es por razones de “agilidad y eficiencia, razones muy vagas”, ha opinado.

Ha destacado que el IFA no tiene “la conciencia” de ser una entidad colaboradora porque no hay una orden que así lo establezca y lo que hay en todo caso “son instrucciones, mandatos” desde la Consejería de Empleo para que abone las ayudas gestionadas por Empleo, por lo que a la agencia no se le puede exigir que cumpla algo a lo que no tiene conciencia que le puede ser exigido.

Al igual que otro testigo de la Cámara de Cuentas que también intervino en la revisión de los 102 expedientes de ayudas, ha afirmado que “difícilmente se podían llamar expedientes”, porque se estaban auditando diez años –lo normal es auditar un solo ejercicio- con una documentación “muy compleja” por “el desorden y el descontrol” que había en los expedientes.

El fiscal le ha interrogado también por algunas de las variaciones que existen ente el borrador y el informe definitivo, como cuando se refieren a la falta de realización de un informe de actuación por parte de la Intervención, y el testigo ha explicado que está más de acuerdo con la redacción final, que considera más moderada y “jurídicamente más correcta”, que con la que aparece en el borrador porque ésta es “más contundente uy puede dar lugar a interpretaciones erróneas”.

En las conclusiones del informe definitivo se recoge expresamente que “la ausencia del informe de actuación puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”, y ha agregado que atribuir toda la responsabilidad de lo ocurrido a que no se hiciera el informe de actuación por parte de la Intervención le parece “un exceso”.