La lentitud de la Justicia y los ERE: la Audiencia de Sevilla suspende el juicio por las ayudas a Calderinox hasta septiembre de 2026

La saturación y la insuficiencia de medios de la Justicia y el caso de los ERE de la Junta de Andalucía se han entremezclado este lunes en la Audiencia de Sevilla. Hoy debía comenzar un nuevo juicio de la macrocausa, en este caso el relativo a las ayudas presuntamente ilegales que recibió Calderinox, una empresa de Salteras dedicada a la construcción en acero o aluminio de cisternas, calderas y otra maquinaria, pero no ha sido así y la Sala que debía celebrarlo, de la Sección Primera, no ha encontrado otro hueco para recolocarlo hasta casi dentro de dos años. La vista oral, en la que el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas se expone a una petición de siete años de cárcel por un delito de malversación, comenzará en teoría el 7 de septiembre de 2026 y concluirá el 25 del mismo mes después de doce sesiones.

En esta pieza separada hay seis acusados. El principal es Rivas, para quien el Ministerio Público también reclama diecisiete años de inhabilitación por prevaricación. En el banquillo también tienen que sentarse el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, para quien la petición provisional es de cinco años de prisión, y dos cargos del sindicato CCOO, que se enfrentan a una posible condena de cuatro años.

En su escrito de calificación provisional, Anticorrupción relata que Calderinox estaba en crisis desde 2006 y solicitó el concurso ordinario. En 2008, los representantes de los trabajadores pidieron la suspensión colectiva. Hubo reuniones en la Delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla y se llegó a un acuerdo por el que uno de los acusados, delegado de la Junta, acordó la suspensión colectiva temporal de los contratos de trabajo en un ERTE.

En otras reuniones, el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, asumieron “fuera de la legalidad” vigente el compromiso de pago de ayudas con fondos públicos de la Junta en las conversaciones con otros acusados, responsables sindicales vinculados a CCOO.

Según la Fiscalía, estos compromisos se concretaron en el pago de unas ayudas para paliar los atrasos e impagos de nóminas y en la ayuda sociolaboral para la indemnización por la extinción de contratos de trabajos para financiar la contratación de una póliza de rentas colectivos para el pago de prejubilaciones.

Las promesas económicas adquiridas frente a los extrabajadores de Calderinox, con cargo a los fondos públicos que el consejero y el director general de Trabajo tenían a su disposición y que ascendieron a 1,94 millones de euros, fueron plasmados en resoluciones, convenios y órdenes de pago “que se dictaron prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Otro exdelegado de Empleo es un presunto 'intruso'

En esta pieza también hay dos intrusos, es decir, dos personas que cobraron dinero público para su prejubilación pero que en realidad nunca trabajaron en Calderinox. Uno es Juan Rodríguez Cordobés, también delegado provincial de Empleo en Sevilla pero entre 1998 y 2000 y director del consorcio Escuela de Artesanos de Gelves hasta 2008. Tras cesar en este último puesto, su sucesor Antonio Rivas se comprometió a abonarle una renta de 36.000 euros que supuestamente salieron de las ayudas a Calderinox. La Fiscalía pide un año y cuatro meses de cárcel para él. El segundo intruso, según Anticorrupción, era un empleado de la ya extinta Litalsur.

Los convenios, resoluciones y órdenes de pagos dictadas al margen del procedimiento, tanto para ayudas a empresas como para ayudas sociolaborales para extrabajadores de empresas en situaciones de crisis, generaron una disposición de fondos públicos de 612.980 euros sin que se llegara a acreditar en ningún caso el fin público de su aplicación.

Todo ello, según Anticorrupción, se realizó al margen “por completo” de los mecanismos legales de protección establecidos para el pago de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en crisis "y con el más absoluto desprecio de otros colectivos de trabajadores y extrabajadores que, ante la misma situación que los pertenecientes a Calderinox, se vieron privados de poder percibir estas cantidades de fondos públicos".

Además, como indemnización por la extinción de contratos de nueve extrabajadores afectados por un ERE, se financió por un importe de 898.571 euros un plan de prejubilación a través de la suscripción de una póliza de rentas.