La Audiencia de Sevilla rechaza absolver al exfutbolista Pizo Gómez antes de enjuiciarlo en otra pieza de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado el intento de Pizo Gómez, exfutbolista de equipos como Osasuna, Athletic y Atlético de Madrid, de ser absuelto directamente de los delitos que le imputan la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el PP por su supuesta participación en la concesión irregular de unas pólizas a la empresa de la que él era delegado en Navarra. La defensa de José Antonio Gómez Romón, que es su nombre, ha alegado este jueves en el trámite de cuestiones previas que esta causa supone "una situación muy clara de cosa juzgada" porque los hechos "son los mismos" que la misma Sala enjuició en su día en la pieza política. Este y el resto de argumentos, sin embargo, han sido desestimados por las tres magistradas que dirigen la vista oral. La argumentación de ese rechazo se conocerá cuando dicten la sentencia.

José María Calero, el abogado de Pizo Gómez, ha empezado su alocución destacando que se trata de un "peculiar asunto" dentro de la macrocausa porque "no hay ERE, no hay intruso y no hay mediadora". Después, al recordar el trabajo acumulado y futuro que tiene la Sala por delante, ha empezado a defender su teoría de la "cosa juzgada" diciéndoles a las juezas que "bastante tiene la Sección Primera con los ERE como para repetir un juicio por los mismos hechos" que el mismo tribunal vio cuando juzgó a los ex altos cargos de la Junta.

La primera pata de esa "identidad" fáctica son precisamente los hechos. "Son los mismos que en el procedimiento específico y la misma disposición de fondos", ha resaltado. La segunda es el "sujeto", es decir, Pizo Gómez: "La sentencia del procedimiento específico cita a Gómez con nombres y apellidos. Podrá decirse que no fue juzgado. No fue llamado ni acusado, pero su reputación aparece en el relato de hechos probados", ha recordado. Y la tercera son los "fundamentos".

"Si pedimos a los ciudadanos que tengan respeto a los tribunales, debemos pedir a los tribunales que tengan respeto a las decisiones que ya han tomado", ha continuado el letrado defensor. "¿De qué vamos a hablar en este juicio? ¿Van a venir los interventores o la Guardia Civil a decir que ocurrieron unos hechos que ya se ha considerado probado que ocurrieron?", se ha preguntado también, además de lamentar que la inmensa mayoría de la profusa documentación de este caso es, en la práctica, inútil: "De los 28 tomos, 25 no tienen que ver con Cenforpre", ha dicho.

El fiscal de Anticorrupción, de hecho, le ha dado la razón y ha entonado el mea culpa por ese "desorden", pero por lo demás ha rechazado el argumento de la "cosa juzgada". "En ningún caso fueron objeto de enjuiciamiento las disposiciones particulares de fondos con cargo al programa 31-L", ha replicado en primer lugar. Después ha rememorado que los altos cargos "fueron condenados por el todo", es decir, "por el diseño de un programa presupuestario", pero tras las últimas sentencias del Supremo y el Constitucional "ya ha quedado claro que "no podrán ser condenados por las disposiciones particulares". Esto es, por cada ayuda concreta.

Tras oír a todas las partes, las magistradas de la Sección Primera se han retirado a deliberar durante algo más de media hora y han zanjado las cuestiones previas de las defensas con una sola frase: "No ha lugar". Y no han dado más explicaciones: "Se documentarán en la sentencia", ha anunciado la presidenta del tribunal, Pilar Llorente.

Anticorrupción pide cinco años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel y quince de inhabilitación para el exfutbolista, que fue delegado de Cenporfre en Navarra, por los delitos de prevaricación y fraude en concurso medial con uno de malversación. La misma pena pide para el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y el ex director gerente de Cenporfre Miguel Errecalde. Fue este, según la acusación, quien "con el conocimiento y consentimiento" de Pizo Gómez "facilitó" al entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y al consejero de Empleo, Antonio Fernández, los datos del exjugador para la suscripción de las pólizas "como forma de obtener los fondos que decía se le debían a Cenforpre". Por estos hechos, Anticorrupción pide que los acusados indemnicen a la Junta con 491.424,43 euros.

En su relato de los hechos, el Ministerio Público expone que el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, y Guerrero encomendaron "sin sujeción a procedimiento alguno" a Errecalde, que actuaba en representación de Cenforpre, la realización de las actividades formativas en materia de prevención laboral para el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. El convenio se firmó el 14 de abril de 2005.

"La ausencia de procedimiento alguno para la realización de los trabajos de formación y divulgación" encomendados a Cenforpre "determinaba que no pudiesen ser abonados" por la Junta. Se generó entonces una deuda y Fernández y Guerrero "propusieron" a Errecalde que facilitara los datos de una persona física para que, a través de pólizas de renta concertada con compañías de seguro, se procediera al abono que Cenforpre reclamaba, "sin justificación alguna y obviando la reclamación que en su caso pudiera haber entablado en vía contencioso-administrativa", matiza Anticorrupción. Esa persona física fue Pizo Gómez, o eso defienden las acusaciones.

El 1 de agosto de 2007, "a través" de Albarracín, "se suscribieron sin sujeción a procedimiento alguno" una serie de ampliaciones de pólizas. El tomador era la Consejería de Empleo y como asegurado figuraba Pizo Gómez, quien por cuenta de Cenforpre supuestamente percibió mensualmente hasta abril de 2008 la cantidad de 176.909,73 euros como beneficiario de las pólizas. Según el Ministerio Público, también recibió 314.514,70 euros como resultado de la compra por el Consorcio de Compensación de Seguros del crédito correspondiente como beneficiario de los capitales diferidos previstos en las pólizas tras el proceso de liquidación de la entidad Fortia Vida a cuota fija.

La Fiscalía señala que las primas de las pólizas reseñadas "fueron inicialmente abonadas" por la Dirección General de Trabajo "mediante el sistema conocido como pagos cruzados", es decir, emitiendo Guerrero "orden directa a las compañías de seguros para que con fondos públicos recibidos de la agencia IDEA para el pago de determinadas pólizas detraigan las cantidades necesarias para atender las primas derivadas, entre otras, de las pólizas reseñadas".

Posteriormente fueron abonadas las primas pendientes por la Dirección de Trabajo al Consorcio de Compensación de Seguros "dentro de la regularización de pagos efectuados como consecuencia de la liquidación de Fortia de compromisos asumidos por la Dirección de Trabajo mediante la suscripción de pólizas de seguros", señala Anticorrupción.

"En ambos casos, fondos que habían sido transferidos desde la Consejería de Empleo a IDEA mediante el mecanismo de las transferencias de financiación del programa presupuestario 31 L, las definidas como ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, lo que ocasionó una merma importante de recursos que, conforme a las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía, se debían haber destinado a atender situaciones de crisis sociolaborales de trabajadores y empresas de la comunidad", concluye la Fiscalía.

La Fiscalía también acusaba en su escrito inicial al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, pero la jueza María Núñez Bolaños lo excluyó de la pieza al aplicar por primera vez en toda la investigación de los ERE el criterio de la Audiencia de que sólo hubiese un juicio, el del procedimiento específico o la pieza política, para los ex altos cargos imputados.