Una perito declara que los préstamos de Invercaria "parecen subvenciones"

Una interventora que realizó el informe de Control Financiero de Invercaria del año 2012 ha cuestionado en su declaración como perito en el primer juicio de Invercaria, en el que se investiga un préstamo de 100.000 euros concedido a Aceitunas Tatis, la naturaleza de los préstamos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo, ya que a su juicio "parecen más bien una subvención".

La interventora María Luisa Raya, que ha comparecido como perito en la vista oral que se sigue contra el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y la ex administradora de Aceitunas Tatis, ha señalado que se introdujo un "párrafo de énfasis" en el informe, en el que se ponía de manifiesto que según la Cámara de Cuentas los préstamos se habían "concedido sin procedimiento", porque Invercaria no tenía criterio sobre el requisito de los beneficiarios, y además muchos de ellos estaban "totalmente deteriorados", es decir, que existían dudas de que fueran a ser cobrados dichos préstamos.

En su opinión, Invercaria tenía que haberse acogido a la orden de incentivos, que regula una serie de requisitos, y la perito cuestionó que esos préstamos tuvieran la naturaleza de ayudas, teniendo en cuenta el "alto porcentaje de deterioro", por lo que concluyó que "parecen más bien una subvención", dado que la diferencia entre uno y otro es que el "préstamo se tiene que devolver y la subvención no".

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha llegado a preguntarle a la perito que si no "sospechó que se estaba regalando el dinero" por parte de Invercaria, a lo que la interventora ha respondido que "en teoría es un préstamo", pero tiene "dudas de que pueda ser una subvención", ha insistido.

En la sesión de este lunes, también ha comparecido la auditora de la Cámara de Cuentas que dirigió el informe de fiscalización de Invercaria relativo al ejercicio 2009, Amelia Martínez Sánchez -actual interventora general de la Junta de Andalucía-, quien ha explicado que las ayudas concedidas por la sociedad de capital riesgo a su juicio tenían que haber estado "sometidas a la orden de incentivos de diciembre de 2008", lo que habría implicado que se cumplían los "requisitos de publicidad y comunicación", como por ejemplo su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y además que las mismas se concedieran de acuerdo a un "procedimiento" marcado precisamente en dicha norma.

La explicación que, según la perito, le dieron desde la agencia Idea es que estas ayudas se concedían conforme a la partida 72a, que "no estaba cubierta por la orden de incentivos", aunque la auditora ha insistido en que a su juicio la orden no excluye dicha partida, por lo que "sigue pensando que estaban sujetas" a dicha norma.

La perito ha añadido que Invercaria tardó "bastante" tiempo en entregarles los expedientes seleccionados y, en este sentido, ha indicado que como "no había procedimiento" en Invercaria cogieron para su análisis los cuatro o cinco de mayor importe. "Los expedientes tampoco estaban muy completos, no eran homogéneos", ha aseverado Amelia Martínez, que tampoco se mostró de acuerdo con las explicaciones de la empresa respecto a que no tenían un procedimiento establecido para la tramitación de las inversiones porque le dijeron que "había que analizar caso a caso". La auditora ha concluido que no apreció un "procedimiento que garantizara la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a este tipo de préstamos".

En cuanto al análisis de los expedientes, ha señalado que cuestionaba los informes de viabilidad económica de los proyectos aprobados por Invercaria, porque "la previsión de beneficios no se ajustaba a la realidad", teniendo en cuenta además que las empresas "incurrían en pérdidas", y ha recordado que la normativa europea establecía que había que evitar conceder ayudas a empresas en crisis.