Anticorrupción rebaja sus exigencias en el juicio ERE de Fertiberia y la Junta pide la indemnización sólo si hay condena

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la misma que debe resolver el futuro de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE y acomodarse a las distintas sentencias que ya ha dictado el Tribunal Constitucional para absolver o reducir la condena a la mayoría de ellos, ha dejado este miércoles visto para sentencia un juicio más de la macrocausa, el relativo a la empresa Fertiberia, que empezó en noviembre y que acaba con varias novedades. Una es que la Fiscalía ha rebajado de siete a cinco años de cárcel su petición de condena para uno de los acusados, un sindicalista de CCOO; es la misma pena que interesa para el otro, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Y la segunda es que la Junta de Andalucía, que ha ejercido la acusación particular pero sin acusar, ha modificado levemente su postura y se ha adherido a la solicitud de Anticorrupción sólo en lo que respecta a la responsabilidad civil: en otras palabras, ha pedido que si hay una sentencia condenatoria, la indemnización que se les imponga a los encausados vaya a parar a la Administración, aunque eso ya iba implícito en la propia exigencia de la fiscal.

Todo eso ha ocurrido en una última sesión en la que la defensa del ex alto cargo de la Junta, además de reclamar la absolución de su cliente, ha pedido como elemento llamativo que el tribunal condene también en costas a la propia Fiscalía Anticorrupción. Esto es, que si la sentencia es absolutoria, la Audiencia ordene al Ministerio Público que pague los honorarios de la abogada que está representando a Daniel Alberto Rivera.

El debate en los informes finales, como al principio de la vista oral, ha vuelto a tocar las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre la absolución de muchos ex altos cargos y la del Tribunal Supremo sobre el caso Acyco, la primera pieza separada que se juzgó después de la pieza política. En esas diatribas no ha ahondado la Fiscalía pero sí la Junta, que ha mantenido su posición de considerar que ningún encausado cometió delito alguno pero que ha reclamado que, en caso de condena, el resarcimiento debe destinarse a las arcas de la Administración.

Los letrados del Gobierno andaluz, en esa línea marcada por los altos tribunales de que cada caso es susceptible de un distinto enfoque, han participado en este juicio sin acusar, como harán en el que comienza la próxima semana relativo a las ayudas concedidas a Instaladora Moderna de Electricidad, pero en cambio sí piden cárcel en el que empieza mañana mismo respecto a Cenforpre.

La defensa de Rivera

Durante el juicio de Fertiberia, Rivera explicó que no vio los expedientes administrativos de las ayudas a Fertiberia y que firmó las tres resoluciones de pago porque dio "por supuesto" que "lo que se había hecho con anterioridad era legal". "No tuve ninguna sospecha de que se hubiera cometido alguna irregularidad", apostilló antes de recordar que fue en noviembre de 2010, meses después de su llegada al cargo, cuando se percataron de esas irregularidades "por las noticias en la prensa sobre intrusos".

Al igual que ha hecho en otros juicios, Rivera también destacó que él emprendió una "investigación interna" un fin de semana al que siguió un lunes en el que María José Rofa, asesora de la Consejería de Empleo, ejecutó un "borrado masivo de documentos de expedientes de regulación de empleo". "Me dijo que había sido un error, pero a partir de ahí se le negó la entrada en el despacho y que tocase ningún documento", insistió.

Durante un tenso interrogatorio con la fiscal de Anticorrupción, Rivera llegó a calificar como "basura" un documento supuestamente firmado por una secretaria de su departamento del que las defensas no tenían conocimiento alguno. "Llevo catorce años de juzgado en juzgado, no me puedo ahorrar ningún comentario", alegó.

Y en cuanto al caso Fertiberia en sí, el ex alto cargo ironizó con "lo paradójico" de que a la empresa "no se le pide nada" y añadió que el sindicalista acusado no tuvo ninguna influencia en el hecho de que él firmase las resoluciones de pago. "No tuve ningún contacto con él", aseguró.

"Se me pregunta si yo debía haber sospechado y parece que tenía que llegar con la placa de policía, pero no tenía por qué tener ninguna sospecha. Además, tenía al interventor delegado casi en la puerta de al lado, lo lógico es que hubiera dicho algo pero nadie dijo nada", rememoró antes de concluir que las advertencias que le hicieron sobre la posible ilegalidad de las ayudas a Fertiberia fueron "nada, cero patatero".