El fiscal pide inhabilitar 8 años al alcalde de Pruna

La Fiscalía de Sevilla pide que el alcalde de Pruna, Francisco López Sánchez (Juntos por Pruna), sea inhabilitado 8 años por un presunto delito de prevaricación al contratar a un arquitecto como asesor “pese a los reparos de ilegalidad” por parte de la interventora municipal y de los servicios jurídicos de la Diputación.

Las contrataciones fueron hechas en 2011 y 2012, durante el anterior mandato de López Sánchez, y en caso de condena tras el juicio que se celebrará el próximo día 17, tendría que dejar la alcaldía que ganó en las elecciones del 26 de mayo.

La Fiscalía solo le imputa la contratación del arquitecto, si bien la investigación del juzgado de Morón fue por varios contratos de ayuda a domicilio, peón e ingeniero técnico. El fiscal cree que que en estos últimos casos “no constan suficientemente acreditados los elementos propios del delito” aunque hubo “continuos reparos de ilegalidad” de la interventora.

La secretaria le advirtió de que las contrataciones se estaban haciendo “sin respetar los procesos de selección mediante convocatoria pública” y en julio de 2012 elaboró incluso un informe general sobre la legislación aplicable y la necesidad de “garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

En el caso del arquitecto contratado como asesor urbanístico, la secretaria lo informó desfavorablemente por carecer de definición clara de su objeto y por no existir consignación presupuestaria. También los servicios jurídicos de la Diputación le dijeron que “no procedía la modalidad de contrato administrativo de servicios pues las funciones para las que fue contratado están reservadas a funcionarios públicos“.

El alcalde formalizó un primer contrato con el arquitecto en abril de 2012 y en 2013 suscribió el segundo, prorrogable hasta tres años.

En cuanto a las auxiliares de ayuda a domicilio contratadas entre marzo y julio de 2012, el fiscal cree que su designación respondió a “razones de urgencia y necesidad” y se llevó a cabo con demandantes que figuraban en la bolsa y que tenían una “situación sociofamiliar y económica precaria”.

En las contrataciones para peón y otros oficios, aunque hubo también informes desfavorables de la interventora, la Fiscalía considera que las personas elegidas tenían “unos escasos y limitados ingresos económicos“ y su contrato se hizo “teniendo siempre en cuenta el informe de los Servicios Sociales sobre familias especialmente necesitadas”.

Aunque la interventora advirtió sobre la “nulidad de pleno derecho” de la contratación de una ingeniera técnica, el fiscal exculpa al alcalde porque la persona seleccionada fue el único perfil proporcionado por el Servicio Andaluz de Empleo.