Uno de los acusados reconoce que disparó al hombre que les vendió la marihuana cuando el vuelco salió mal

Cuatro de los seis acusados de asesinar a Manuel G. S. para robarle la marihuana que supuestamente iban a comprarle en una nave de La Puebla de Cazalla en noviembre de 2019 han declarado ante el tribunal del jurado que cuando salieron de Málaga con destino al pueblo sevillano llevaban la intención de volver a su ciudad después de robar la droga. Asimismo han negado que tuvieran intención de matar al vendedor. Lo que estaba claro es que los acusados habían planeado un vuelco que terminó con la muerte de la persona a la que iban a robar la droga, algo de lo que "no fueron conscientes", según declararon, cuando idearon el plan. Todos los acusados son consumidores habituales de sustancias estupefacientes, sobre todo marihuana, hachís, heroína y cocaína. Solo uno de ellos, Alhasan K. B. ha reconocido que disparó a Manuel "aunque no llevó la pistola con intención de matarle", sino que en el transcurso de la discusión, comenzó a disparar.

La segunda sesión del juicio, que está celebrándose en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, arrancó con el testimonio del primo de la víctima, Rafael S. S., que está acusado como cómplice de un delito de tráfico de drogas y para quien la fiscal solicita, a falta de las conclusiones finales, un año y nueve meses de cárcel además de una multa de 400.000 euros.

Su testimonio fue fundamental para detener al resto de acusados puesto que ayudó a su primo a preparar la droga para la venta. Una vez lista, se fue a otra nave. Cuando volvió a recoger a Manuel se lo encontró apoyado en la papel y con la mano en el pecho. Algunos vecinos que acudieron ante el sonido de los disparos ya estaban atendiéndole. "Miré primero a mi primo y, después, en un coche que tenía dos agujeros de bala en la luna estaban Alhasan, Cristian S. S. y Marcos T. V. Lo monté en mi coche y me lo llevé al centro de salud". A preguntas de su abogada, aseguró que desde el primer momento, contó lo sucedido "a sabiendas de que podía perjudicarle porque lo podrían acusar de un delito relacionado con la droga".

Por otro lado, Marcos T. V. aseguró que su hermano Joaquín, también acusado por un delito de encubrimiento "nunca supo para qué íbamos a Sevilla" y sólo conoció lo sucedido después cuando se lo contó su hermano porque había sido quien alquiló el vehículo utilizado para viajar desde Málaga y que dejaron abandonado en la nave junto con la droga.

Algo similar ocurrió en el caso del acusado Nicanor A. A., que, según declaró, "sólo acompañó a su amigo José Antonio C. a cobrar una deuda a Sevilla" y estuvo todo el tiempo en un bar situado a unos dos kilómetros de donde mataron a Manuel G. Aseguró que se enteró de lo sucedido al día siguiente y, a preguntas de la fiscal, afirmó que no lo contó "por encubrir a su amigo".

Durante su declaración, José Antonio C., Marcos T. V., Cristian S. S. y Alhasan K. B. reconocieron que estuvieron en la nave. De hecho, sus huellas aparecen en las bolsas de droga y los objetos que dejaron en la huida como ropa, botellas de agua y teléfonos móviles, según declaró el capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que definió el suceso como "una venta de droga en la que hubo un enfrentamiento que acabó con una muerte. Un intento de vuelco".

El jucio continuará el próximo lunes 26 de septiembre. En su clasificación provisional, el Ministerio Público solicita para Marcos T.V., Alhasan K.B., Cristian S.S., José Antonio C.R., y Nicanor A.T., un total de 24 años de prisión por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa en concurso medial con un delito de asesinato con alevosía, así como cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 480.000 euros por un delito contra la salud pública.

Aademás reclama para Alhasan K.B. seis años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y otros dos años de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, así como dos años de cárcel para Joaquín T.V. -hermano de Marcos T.V- por un delito de encubrimiento, y un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 400.000 euros para Rafael S.S. -primo de la víctima- como cómplice de un delito contra la salud pública.

En concepto de responsabilidad civil, pide que los principales acusados indemnicen con un total de 209.000 euros a la familia de la víctima.