Una de los seis acusados de explotar laboralmente a siete mujeres reconoce que se quedaba con sus salarios o con parte de ellos

Enma Raquel P. C., una de los seis acusados de explotar laboralmente a siete mujeres a las que traían a España desde Nicaragua como empleadas de hogar o cuidadoras, ha reconocido la mayoría de los hechos que le imputa la Fiscalía. De este modo, la procesada, que está en prisión preventiva y solo respondió a las preguntas de la fiscal y su abogado, declaró ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que formó parte de una organización que explotaba laboralmente a mujeres a las que, en su mayoría, traían desde Nicaragua, alojándolas en pisos que la organización tenía en el Cerro del Águila y en las Tres Mil Viviendas. Las mujeres tenían que pagar unos 100 euros de alquiler aunque sólo durmieran una noche a la semana puesto que la mayoría trabajaba como cuidadoras internas de personas mayores.

A preguntas de la fiscal, la acusada afirmó que ella negociaba las condiciones de trabajo de las mujeres en las casas donde trabajaban y que en algunas ocasiones se quedaba con la totalidad del sueldo y en otras con la mitad del salario de las víctimas. Además, estas mujeres tenían contraída con la organización una deuda de unos 3.000 euros por haberlas traído desde el país sudamericano. A esta deuda se sumaba el alquiler de la habitación (compartida con otras víctimas de la organización), el traslado en coche a las viviendas donde trabajaban y la publicación de anuncios en portales de internet gratuitos, por lo que cobraban a las mujeres unos 20 euros.

Las mujeres entraban a España desde Bilbao, donde eran recibidas por otra de las acusadas, Virginia G. P. y, según la declaración de Enma Raquel P. C., recogidas en Sevilla por el acusado Rafael G. P., que señaló durante su testimonio ante el tribunal que sólo hizo este trabajo una vez y "por hacerle un favor a Enma Raquel" a la que conocía por ser ambos de la misma iglesia evangélica. Asimismo, la acusada reconoció que retenía el pasaporte de las mujeres y que les daba instrucciones "por si se encontraban con la policía" y les prohibía dar su dirección a nadie, llegando a amenazarlas con denunciar su situación irregular en España. También reconoció que había tenido a una mujer trabajando en su casa sin pagarle y que a otra le buscó trabajo en una casa en horario de 5:00 a 1:00 del día siguiente sin tiempo para comer o dormir y por el que la mujer no recibió un salario porque se le pagó directamente a la acusada.

El único punto que la acusada ha negado es que le sugiriera a algunas de las víctimas que si querían ganar más dinero ofrecieran servicios sexuales a los hombres que también vivían en esos pisos. A preguntas del tribunal, la mujer reconoció como parte de la organización al resto de los acusados.

Durante la primera sesión del juicio, otra de las acusadas, Doris J. R. D. afirmó que, aunque era "una inquilina más de los pisos", controlaba a las mujeres cuando no estaba Enma Raquel. Virginia G. P: , la otra acusada que también está en prisión provisional descartó que su hijo, que también está acusados, tuviera nada que ver en la trama y negó que captara a las mujeres en Nicaragua, "sino que eran ellas las que me contactaban". Sin embargo, reconoció que facilitaba el billete de avión y dinero en metálico para hacerlas pasar por turistas a su llegada al aeropuerto de Bilbao.

Según explicó ante el tribunal, su hijo y otro acusado, Mikel A. P., se encargaron en dos ocasiones de llevar a las mujeres desde el avión hasta su casa. Respecto a lo que pasaba cuando llegaban a Sevilla, explicó que sabía que iban "donde Enma Raquel, pero no lo que pasaba allí". A las preguntas de la fiscal sobre las anotaciones encontradas en el registro de su casa donde había escrito el nombre de algunas de las testigos protegidas y cantidades de dinero, Virginia G. afirmó que era por llevar un control de lo que le debían, aunque le pasó "como el cuento de la lechera, anotaba y no recibí nada". Asimismo negó que exigiera la escritura de propiedades de estas mujeres o su familia en Nicaragua como garantía de que iban a pagar la deuda contraída. En este sentido, explicó ante el tribunal que ella prestaba su dinero y le tenía "que sacar interés", por eso pedía que se le devolviera más de lo que había dejado.

La Fiscalía solicita para los acusados penas entre 12 años y los 8 años y 6 meses de cárcel por los delitos continuados de tráfico ilícito de migrantes, agravado por pertenencia a organización criminal y siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.