La acusación del PSOE pide al juez que investigue por qué el Consejo de Gobierno "no frenó" la contratación de emergencia

El caso de los contratos del SAS sube de nivel. La acusación popular que ejerce el PSOE ha presentado una segunda ampliación de su querella en la que pide al juez que investigue por qué el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "no frenó" la contratación de emergencia si al menos desde junio de 2021 tenía conocimiento de que se estaba utilizando esta normativa amparada en la pandemia del Covid, de acuerdo con la instrucción 1/2021 de la dirección general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta que había declarado el fin de esta contratación con motivo de la pandemia. De hecho, recientemente el juez de Instrucción número 13 de Sevilla, ha reclamado a la asesoría jurídica de la administración sanitaria información sobre los expedientes remitidos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En un nuevo escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga ya a la directora gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, la acusación popular pone en conocimiento del juez los "nuevos hechos presuntamente delictivos" que, a su juicio, se derivan de los 25 informes de Control Financiero Permanente (CFP) realizados por la Intervención de la Junta sobre los contratos de emergencia, en especial los referidos a los años 2020, 2021 y 2022-2023.

En esta segunda ampliación de querella, a la que ha tenido acceso este periódico, el PSOE explica que los expedientes de los contratos de emergencia fueron elevados para su conocimiento al Consejo de Gobierno de la Junta, lo cual acredita que "las más altas instancias de la Junta habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la contratación corrupta en el área de emergencia del SAS".

Estas contrataciones, prosiguen los socialistas, sucedieron bajo "presunto pero pleno conocimiento y aquiescencia o tolerancia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pues al menos durante todo el año 2022 y hasta bien entrado 2023 (creemos que continuaron incluso durante 2024), el Consejo de Gobierno tomó razón de las indebidas contrataciones de emergencia llevadas a cabo en el SAS". De esta forma, el propio Consejo de Gobierno "tuvo necesariamente que advertir de que se estaba produciendo una clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS" porque, "conociendo o debiendo conocer que desde el 18 de junio de 2021 no había causa Covid para contratar de emergencia, tuvo expresa constancia de que con posterioridad a esa fecha la contratación presuntamente ilegal se continuaba produciendo en el SAS en masa y por importes millonarios".

Y sin embargo, concluyen, a pesar de ese conocimiento de las "irregularidades y graves ilícitos" producidos en la contratación del SAS, el Consejo de Gobierno "no actuó, sino que consintió o toleró, y no frenó la práctica que hoy se revela como patentemente infractora del orden penal". La acusación popular cita hasta cuatro tomas de conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de fechas 19 de noviembre de 2021, 7 de febrero de 2022, 2 de marzo de 2022, y 24 de mayo de 2022, en los que se daba cuenta de diversos expedientes de contrataciones del SAS por importes de 9,2, 7,3, 8,8 y 6,2 millones de euros, si bien considera que estas alusiones no son más que una "pequeñísima muestra de lo que debe haber realmente acontecido".

Por ello, han solicitado al juez que se requiera a la Consejería de la Presidencia para que aporte a las actuaciones la "totalidad de los expedientes completos de los acuerdos de Consejo de Gobierno en los que por cualquier concepto hayan aprobado, autorizado o tomado conocimiento o razón de cualquier expediente de contratación de emergencia llevado a cabo por cualquier centro de gasto del SAS desde los ejercicios 2020 a 2024".

Las contrataciones se extendieron "como una mancha" a las ocho provincias

En esta segunda ampliación de la querella, los socialistas afirman que el "modus operandi defraudatorio" que en principio se circunscribía a la contratación de emergencia de servicios sanitarios desde los servicios centrales, en realidad "se extendió como una mancha sobre la totalidad del territorio andaluz y en todo el área de contratación de emergencia del SAS".

Dice la acusación que, una vez analizados los informes de la Intervención sobre el Control Financiero Permanente se constata que "todos los centros de gasto del Servicio Andaluz de Salud -y sólo cabe pensar que como consecuencia de las instrucciones presuntamente recibidas desde sus más altas instancias y perfectamente coordinados desde la gerencia de los Servicios Centrales- continuaron contratando por emergencia durante todo el año 2021 sin causa ni base legal; así como que, además, la inmensa mayoría de los bienes y servicios contratados por emergencia, desde incluso el año 2020, carecían igualmente de base y apoyatura legal".

"Los Informes describen un desolador panorama de corrupción administrativa generalizada en todos los ámbitos del SAS, a lo largo de distintos ejercicios, atinente y afectante a todo el área de contratación de emergencia de la Administración sanitaria andaluza; pero es así que una tal tipología de conducta consciente, dolosa y universalmente transgresora de la norma aplicable, extendida en el tiempo y en el territorio, sólo puede tener como explicación la presencia de un designio deliberado de -por acción u omisión- uso abusivo de la contratación de emergencia, ello de manera coordinada y dirigida no ya y desde luego desde las más altas instancias del Servicio Andaluz de Salud, sino además -pues resulta impensable otra posibilidad- desde las altas esferas de la propia Consejería y, por tanto, el Gobierno andaluz", asevera el escrito de la acusación popular.

Los querellantes también incluyen una contratación realizada por la actual gerente del SAS y ya investigada, Valle García, cuando ocupara el cargo de directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y en la que se adjudicó la contratación del servicio de información y control de accesos en el hospital, con fecha 31 de enero de 2022. Esta resolución del año 2022, según la acusación, es una "constatación de que la señora García Sánchez y el SAS en pleno extendieron la práctica administrativa corrupta de contratar por emergencia, sin causa ni justificación, mucho más allá y después de la advertencia expresa de prohibición que el director general de Contratación había realizado ya en el mes de junio de 2021".

De esta forma, la acusación pide al juez que extienda la investigación a los ocho directores gerentes provinciales del SAS para que sean citados a declarar en una causa en la que aprecian delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y organización criminal.